| Por Martín A. Pérez y Santiago I. Barassi |

Introducción

América, África y Antártida. Entre las costas de estos tres continentes se extiende el vasto territorio oceánico del Atlántico Sur. Plantear una mirada geopolítica de esta zona implica analizar, por lo menos, tres dimensiones estratégicas: el control del flujo del comercio internacional; la proyección al continente antártico; la exploración, explotación y/o administración de inmensos recursos naturales.

Esta riqueza e importancia estratégica explica también la persistencia de un anacronismo decimonónico en la zona: la ocupación colonial por parte del Reino Unido de Gran Bretaña de las Islas Malvinas, las Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los mares circundantes. La Cuestión Malvinas es uno de los 13 casos reconocidos por el Comité de Descolonización de la ONU y constituye la más grande controversia marítimo-territorial actual en el planeta en términos cuantitativos –verificables– y cualitativos. La dimensión de la disputa explica el presupuesto millonario que el gobierno de Gran Bretaña destina para potenciar la militarización sistemática de la zona. La base militar de Monte Placentero (Mount Pleasant) es la más importante y poderosa que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) tiene en el hemisferio sur, y un nodo fundamental en términos de despliegue de unidades militares en el tablero global.

Esta situación representa una amenaza no solo para la Nación Argentina sino para toda la región suramericana. La posibilidad de proyectar un ejercicio soberano que resguarde los legítimos derechos de nuestros países en la zona implica una integración sólida, permanente e inteligente que desafíe la prepotencia imperial.

En esta perspectiva, apostar a un desarrollo pleno de la Patagonia austral y, en particular, de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, es una tarea indispensable. Dimensionar el poderío que se encuentra latente en la vastedad de nuestro territorio y su riqueza, es el mejor estimulante para no demorarse en reconstruir un proyecto de desarrollo soberano que nos permita ser protagonistas en el siglo XXI.

La potencia del Atlántico Sur

Soja, maíz, petróleo, litio, cobre, carbón y productos manufacturados son transportados en los casi 200.000 buques de carga que transitan anualmente el Atlántico Sur. El 80% del petróleo que demanda Europa Occidental y el 40% de las importaciones de la primera economía mundial, Estados Unidos de Norteamérica, representan parte importante de este flujo comercial. El estrecho de Magallanes y la comunicación interoceánica Atlántico-Pacífico forma parte de las condiciones que incrementan el valor estratégico de la zona.

El avance de la contaminación como problema global y la demanda creciente de recursos tan elementales como el agua potable permiten imaginar lo que la Antártida representará en la segunda mitad del siglo XXI. A partir de la histórica y estratégica relación con el continente antártico, nuestro país y específicamente la provincia de Tierra del Fuego, tienen el desafío de desarrollar acciones capaces de contribuir al prestigio, predicamento, influencia y liderazgo de nuestra nación en el escenario antártico internacional. En este proceso, también deberá capitalizar en su más alta potencialidad las posibilidades económicas y políticas que emanan de las actividades permitidas que se desarrollan en el marco del Sistema del Tratado Antártico.

En términos de recursos naturales, la riqueza que encierra el Atlántico Sur es incalculable. La utilización de este adjetivo no es fortuita ni un recurso literario. Esta porción del planeta es aún hoy, avanzado el siglo XXI, uno de los lugares más inexplorados. Los nódulos polimetálicos, la fauna que habita en las profundidades y las algas marinas aún desconocidas concentran propiedades químicas y estructuras genéticas que todavía no han sido repartidas en sistemas de propiedad privada. Esto implica que los recursos renovables y no renovables se encuentran a disposición del Estado costero capaz de desarrollar las capacidades de investigación que permita la apropiación científica (patentes) y licencias sobre ellos.

En lo que refiere estrictamente a los recursos hidrocarburíferos, el descubrimiento, en 2010, de los yacimientos en aguas profundas de la plataforma continental brasileña, llamados pre-sal por encontrarse debajo de una capa de rocas salinas, confirmó las hipótesis sobre el potencial sepultado en el subsuelo marino. En lo que refiere a la plataforma continental del Atlántico Sur del Mar Argentino, las características de sus sedimentos la convierten en una de las más auspiciosas del planeta, en tanto sus estructuras geológicas guardan una llamativa similitud con las del Mar del Norte, fuente de gran riqueza que ha permitido el desarrollo y prosperidad de países como Noruega.

Esta potencialidad es lo que viene alimentando la explotación ilegal en la plataforma adyacente a las Islas Malvinas. El 2 de abril pasado, el Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura (OETEC) presentó un informe sobre el avance de la actividad ilegal en materia hidrocarburífera en el área. El informe señala que el Departamento Islas del Atlántico Sur, de la provincia de Tierra del Fuego, concentra las cuencas Malvinas Norte, Malvinas Oriental y Malvinas. En la primera de ellas, la empresa Rockhooper Exploration (RE) viene realizando estudios prospectivos de forma ilegal junto a la británica Premier Oil. Esto fue oficializado en septiembre de 2017 durante la Conferencia “Capital Oil” por el CEO de la empresa RE. El directivo anunció que el pozo denominado “Sea Lion” posee reservas certificadas de entre 500 millones y 1.000 millones de barriles de petróleo. Solo el mínimo representa 3 años de producción de petróleo en el país (datos 2017).

Recopilando: la relevancia de los territorios insulares y marítimos ocupados por Gran Bretaña responde en tanto ruta de transporte comercial y de fuerza militar, como área de proyección de poder militar sobre el territorio continental y antártico, y como fuente de recursos naturales renovables y no renovables. Es el control sobre estos aspectos lo que Gran Bretaña detenta en perjuicio de la Argentina.

Reino Unido y OTAN – Militarización del Atlántico Sur

Se ha remarcado frecuentemente la importancia de las Malvinas como punto de acceso a la Antártida; su ubicación enfrentada con los grandes Estados ribereños sudamericanos, y como punto intermedio en la ruta sur para el acceso al continente asiático. Sin embargo, la presencia del Reino Unido en el Atlántico Sur –con epicentro económico y militar en Malvinas– obedece también a su funcionalidad para el esquema de despliegue militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

El fin de la Segunda Guerra Mundial marcó el descenso británico como potencia internacional de primer orden, y su papel se redefinió en función de la inserción estratégico-militar al interior de la OTAN. Bajo esta óptica, el despliegue británico en el Atlántico Sur es un aporte sustancial a los esquemas de movilización y presencia militar de la “alianza atlántica”. En 2004, Londres decide trasladar la Comandancia Naval del Atlántico Sur a Mare Harbour y Monte Placentero (Mount Pleasant). Cuatro años más tarde, Estados Unidos anuncia la reactivación de la IV Flota, responsable de las operaciones en el Caribe, América Central y América del Sur. Estos movimientos pueden interpretarse como ajustes en el despliegue de medios de la OTAN en el Atlántico.

En diciembre de 2009, el Parlamento Europeo aprobó la Constitución Europea, a través de la ratificación y posterior entrada en vigencia del Tratado de Lisboa. Mediante este instrumento, las islas Malvinas, islas del Atlántico Sur y el Territorio Antártico pretendido por Gran Bretaña fueron incorporadas unilateralmente como territorios europeos de ultramar. Es por esto que la OTAN fundamenta e impone su pretensión de controlar y patrullar la zona. Para ello, ha ejecutado la paulatina constitución de un dispositivo de control basado en un anillo de influencia marítima a partir de una serie de pivotes coloniales: 1) isla Ascensión, enclave angloamericano fundamental en el aprovisionamiento y en la logística tanto en tiempos de guerra como de paz (8.000 km distante de Londres); 2) isla Santa Helena y el islote Tristán de Cunha; 3) las islas Malvinas, donde está asentada la principal base militar de la OTAN por debajo del paralelo 50; 4) islas Georgias y Sandwich del Sur, último eslabón del anillo de control naval.

Bajo esta óptica, debemos considerar que cada nuevo hallazgo de recursos naturales redunda en importancia no solamente para el Reino Unido –en términos económicos– sino también para los miembros de la OTAN. En la medida que aumenta el valor económico de las riquezas del Atlántico Sur, se consolida la fundamentación para mantener y acrecentar el despliegue de medios militares al servicio de su vigilancia y protección. Las denuncias por el aumento de medios y personal militar en Mount Pleasant, así como también las demostraciones de fuerza (expresadas, por ejemplo, en los ensayos misilísticos, o en el despliegue de submarinos nucleares) reflejan esta tendencia.

De esta manera, los intereses de las corporaciones especializadas en la explotación de recursos naturales convergen con los de las grandes corporaciones armamentísticas, que se disputan las oportunidades de negocios auspiciados por un dispositivo militar en expansión.

Estrategias de desarrollo soberano – Ley 19.640, Pampa Azul y Unasur

La constelación de actores e intereses descripta con anterioridad denota que la ocupación británica del Atlántico Sur es multidimensional.

Es por esto que la disputa por la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía de las Malvinas implica oponer a este dispositivo político, económico y militar una estrategia que contemple no solamente el derecho internacional como herramienta de reivindicación soberana. Las posibilidades de redefinir la correlación de fuerzas en el plano diplomático dependen, principalmente, del avance en el desarrollo estratégico de las capacidades estatales para actuar en el espacio geoeconómico del Atlántico Sur.

Es necesario aquí detenernos a destacar, una vez más, el valor estratégico de la ley 19.640, la cual establece el régimen fiscal y aduanero especial para la promoción industrial en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

El valor geoestratégico para la Nación de la Patagonia Sur y, en particular, el territorio de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, es cada vez mayor. Son múltiples los ejemplos de países que desarrollaron mecanismos de incentivos para el asentamiento de población, la sustentabilidad económica y la mejora en los niveles de calidad de vida de regiones consideradas de relevancia geopolítica. La necesidad de potenciar la radicación de emprendimientos productivos en un territorio que, entre otros aspectos, se ubica a mitad de camino entre la capital política de la República y el Sector Antártico Argentino, es de vital importancia para nuestra nación.

La Argentina debe profundizar el camino marcado por la ley 19.640 y apostar por el desarrollo de la Patagonia austral y su enorme potencial marítimo. En este sentido, la iniciativa “Pampa Azul”, lanzada en 2014 por la presidenta Cristina Fernández, fue un hito fundamental, al introducir una mirada estratégica para el desarrollo del Mar Continental. El objetivo de este proyecto busca integrar las capacidades científico-tecnológicas del Estado argentino con el fin de promover la construcción de conocimiento soberano de la zona, la explotación sustentable de los recursos marinos y el fortalecimiento de las industrias vinculadas al mar. No se puede defender aquello que se desconoce, por eso el desarrollo de actividades científicas es la mejor forma de resguardar nuestro interés y mantener una presencia efectiva en el área.

Esta estrategia de ocupación del espacio geoeconómico del Atlántico Sur implica, necesariamente, la dimensión suramericana. La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), creada en 2008, retomó el imaginario de paz regional como herramienta de acción coordinada contra la ocupación colonial de las islas. La Unasur no solamente ha reconocido los derechos soberanos de la Argentina y nuestro reclamo para avanzar en negociaciones para la solución pacífica del conflicto como manda la Asamblea General de Naciones Unidas. Además, la Unasur ha rechazado la explotación ilegitima de recursos naturales por parte de Gran Bretaña; repudió la militarización del Atlántico Sur como una amenaza real y concreta para la paz de la región, y acordó impedir el acceso a puertos suramericanos de buques de bandera ilegal de las islas que formaran parte de la logística de actividades económicas o militares no autorizadas con epicentro en Malvinas.

Lamentablemente, el cambio de signo político en países como Argentina y Brasil –por los votos o por golpes institucionales– ha desarticulado el proceso de integración suramericano, erosionando así las políticas coordinadas para contrarrestar el avance de Gran Bretaña en la región.

La restauración neoliberal y sus consecuencias en la construcción de soberanía en el Atlántico Sur

Las políticas impulsadas durante más de una década en lo relativo a la causa Malvinas, las cuales parecían haber sedimentado en una verdadera política de Estado en la que la totalidad del sistema político se encontraba comprometido y consustanciado (Declaración de Ushuaia, 2012), han sido desandadas desde el 10 de diciembre de 2015 a la fecha.

Este proceso de contracción de medidas para potenciar nuestro reclamo soberano en el Atlántico Sur suma el agravante y la torpeza estratégica de tener lugar en medio de la incógnita que introduce el Brexit en la persistencia de los respaldos diplomáticos a la posición británica que garantiza la membrecía a la Unión Europea. A su vez, la redefinición del marco económico, comercial e impositivo que implican las negociaciones de la salida del Reino Unido ha instalado una gran incertidumbre respecto de la sustentabilidad económica de las actividades ilegales que se desarrollan en las islas, principalmente en el sector pesquero.

En este proceso de “desmalvinización” de nuestra política exterior y desmantelamiento de las capacidades estatales destinadas a una presencia efectiva en la zona, se destacan algunos hechos y procesos que consideramos graves retrocesos y peligrosos antecedentes.

En primer lugar, la firma del Comunicado Conjunto (Nº 304/16) de la Argentina y el Reino Unido, emitido por ambas cancillerías el martes 13 de septiembre, más conocido como el acuerdo “Foradori-Duncan”. En dicho documento, el apartado referido al Atlántico Sur explicita que las partes acuerdan “remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos”. Sin haber sido remitido al Congreso de la Nación por ser considerado como una mera “hoja de ruta” por parte del Ejecutivo nacional, dicho documento funciona actualmente como el marco a través del cual Gran Bretaña impone sus intereses en la zona.

En segundo lugar, el desfinanciamiento y el desmantelamiento del sistema científico y tecnológico argentino y las sucesivas inoperancias registradas en la ejecución de las últimas dos campañas antárticas. Esto atenta contra el avance de la producción de conocimiento soberano, a la vez que implica el incumplimiento de las responsabilidades asumidas por nuestro país en lo que se refiere a lo establecido por el Tratado Antártico.

En tercer lugar, la desaparición del submarino ARA “San Juan” durante una misión en el Atlántico Sur. A más de 6 meses de la última comunicación de la tripulación con el continente, el ministro de Defensa sigue sin explicar certeramente qué sucedió con nuestros 44 compatriotas. Conocer la verdad es una demanda de las familias y de todo el pueblo argentino.

La soberanía es un concepto integral y su concreción solo es posible a partir de un proyecto político que privilegie los intereses estratégicos de la Patria y el bienestar de las mayorías. La hora demanda reemprender ese camino como Nación.