| Por Alberto Gandulfo |

En el contexto histórico mundial de alta concentración económica, el fortalecimiento y desarrollo de la economía social y solidaria (ESS) requiere de políticas públicas que generen profundas trasformaciones estructurales y culturales, tanto en la conducción y administración del Estado como en la democratización del mercado, y fundamentalmente en el protagonismo de las organizaciones de la ESS, en la construcción de poder popular para conquistar mayor justicia social y avanzar en la distribución de la riqueza.

En América latina Otra Economía es Posible porque en el 2005 la política continental soberana rechazó la implementación del ALCA y afianzó la integración regional con la creación de Unasur, CELAC y la ampliación del Mercosur. En ese marco, la política de desendeudamiento con desarrollo del mercado interno posibilita el crecimiento con inclusión social con la creación de más de 5 millones de puesto de trabajo, el aumento salarial y el fomento al consumo popular del gobierno argentino permite la existencia de políticas públicas de promoción de la ESS que se traduce en un gran impulso al cooperativismo de trabajo y fuerte apoyo a las diferentes formas asociativas en que se manifiesta la economía solidaria. Políticas que nos desafían a resignificar la relación entre el Estado, el mercado y las organizaciones de la ESS, donde convergen integración social con desarrollo productivo. Por eso entendemos que los nuevos desafíos para el desarrollo de la ESS están comprometidos de manera directa con la profundización del Proyecto Nacional y Popular y decididamente en el proceso de integración latinoamericana. Urge la implementación del Banco del Sur que entre sus principios rectores prioriza el desarrollo de las finanzas solidarias, la soberanía alimentaria y el hábitat popular.

Del crecimiento con inclusión social hacia el desarrollo con integración comunitaria

El desarrollo de la ESS en la Argentina está directamente relacionado con la política de crecimiento con inclusión social impulsada por el gobierno nacional. En la medida en que la ESS se multiplica, genera espacios solidarios que enfrentan a la economía concentrada y disputan el mercado local, se generan nuevos puestos de trabajo, aumentan los ingresos en los hogares populares, se avanza en integración comunitaria, surgen nuevos espacios organizativos que transforman realidades complejas. Afirmamos: la ESS es una construcción social, económica y política que profundiza el Proyecto Nacional y Popular.

Después de mucho tiempo, en la Argentina de hoy se vuelve a disputar la distribución de la renta nacional. Disputa que se da en el plano de presión sobre la relación cambiaria y en cada aumento salarial surgido de las paritarias. La renta se discute en el aumento de la Asignación Universal por Hijo/a (AUH), de las jubilaciones y pensiones, como también en la pelea con los fondos buitre y en la política de desendeudamiento externo del kirchnerismo. También la discusión de la renta se da en el plano de la tierra y allí vemos críticamente la expansión de la frontera sojera y la multiplicación de barrios privados con sus grandes negocios inmobiliarios. Un punto crítico en la disputa de la renta se da en el control de precios y la necesaria regulación del mercado para evitar presión inflacionaria por los excesos de las empresas oligopólicas y su lógica de maximización de ganancias. En definitiva, la puja distributiva es discutir el desarrollo, es discutir en qué tipo de país y cómo queremos vivir los argentinos. Esta discusión es otro logro de la década ganada.

Al observar el consumo popular en el ciclo del circuito económico vemos que el esfuerzo de la política distributiva se diluye en la adquisición de productos de empresas concentradas (ej.: alimentos), a través de las grandes cadenas de hipermercados o en el entramado barrial de la intermediación comercial (formal e informal). En la adquisiciones de bienes y servicios (ej.: telefonía) a través del financiamiento crediticio de las mismas empresas comerciales y también de los mal llamados “crédito fácil” que con tasas de interés usurarias (hasta el 120% anual) impulsan el consumo en los sectores populares incrementando su negocio financiero.

En este escenario de disputa y discusión del desarrollo es muy importante la acción conjunta del Estado asociado a las organizaciones de la ESS y su potencial incidencia en la organización de producción y consumo popular: familias productoras de alimentos, asociaciones de campesinos, cooperativistas de trabajo, trabajadores de fábricas recuperadas, asociaciones de emprendedores, artesanos y feriantes, las cooperativas de servicio y todo su desarrollo territorial. Se trata de más de cinco millones de trabajadores vinculados a través de distintas formas organizativas, que practican los principios y valores de la economía solidaria; que son militantes de la cooperación, la reciprocidad, la ayuda mutua y el esfuerzo compartido; que promueven la organización popular y el desarrollo productivo; que en su accionar cotidiano constituyen prácticas de ejercicio de ciudadanía y movilización política.

Es el momento de plantear como política pública la construcción colectiva de una gran red de producción y consumo popular que se multiplica y recrea a partir de los valores, organización y expansión territorial de la economía popular, social y solidaria.

Con esta perspectiva, las acciones del Estado nacional y popular deberán dejar de tener la mirada asistencial del financiamiento de proyectos productivos para pasar a impulsar propuestas de desarrollo territorial integral que potencien la ESS y las dependencias estatales asuman acciones crecientes de mayor regulación del mercado para disponer de capacidad de control sobre las empresas oligopólicas y destrabar las lógicas corporativas del intercambio comercial para facilitar el acceso a mejores condiciones de la producción local y resguardo del consumo popular.

Simultáneamente, las organizaciones de la ESS deberán superar la etapa de resistencia social, de trabajo voluntario-artesanal, subordinadas a las prácticas de financiamiento por proyecto para pasar a una ofensiva de autogestión en la construcción de poder territorial tanto en el plano productivo como en el político, ganando mayor presencia con sus productos en los mercados, disputando espacios en las cadenas de producción y ser más protagónicas en la organización del consumo popular.

Finanzas solidarias para el desarrollo de la ESS

La política nacional de microcréditos implementada por más de 1.600 organizaciones de la ESS a través de fondos subsidiados por la Comisión Nacional de Microcrédito (Conami), que otorgan apoyo financiero hasta el 6% de interés anual para la adquisición de capital de trabajo/insumos, ha demostrado mejoras sustantivas en las condiciones de vida de los trabajadores. Al mejorar sus ingresos todas las familias productoras mejoraron su alimentación, vestimenta y cuidados de la salud. También muchos emprendedores mejoraron las condiciones de producción de su unidad productiva: nuevos puestos de trabajo, inversión en activos fijos, mejor posicionamiento en ventas, incorporación de nuevas tecnologías, generación de valor agregado; la gran mayoría mejoró las instalaciones de su emprendimiento generalmente equiparada con la vivienda familiar: construcción de baños y cocinas, ampliación de habitaciones y todo tipo de mejoras edilicias: rejas, membranas, cerámicos, etc.; mejoraron el equipamiento del hogar: adquisición de TV, computadoras, telefonía celular, electrodomésticos; compra de motos y cambio/reparación de auto o camioneta. En su gran mayoría, muchos trabajadores de la ESS pudieron tomarse algunos días de vacaciones para disfrutar con su familia. Estas mejoras se ven reflejadas en el mejoramiento barrial, en la integración comunitaria y en la movilización juvenil con sus manifestaciones culturales y políticas.

Ya en el artículo “Desarrollo territorial de la ESS” del Nº 28 de Voces en el Fénix dimos cuenta en forma sucinta de la experiencia desarrollada por la Conami en la aplicación de la ley nacional 26.117, donde se describió la concepción del microcrédito como herramienta de gestión en mano de organizaciones sociales, el modelo de gestión asociada como nueva forma de articulación pública privada y algunos resultados alcanzados. En el presente artículo (complemento del anterior) nos planteamos los alcances y desafíos de la política pública a partir del desarrollo territorial alcanzado en la construcción del sujeto colectivo de la economía solidaria.

Al observar la promoción del microcrédito entre las herramientas de la política pública en la Argentina podemos corroborar la existencia de una amplia red de organizaciones sociales de base territorial, expandida en todo el país, que administran fondos públicos en los que involucran a más de 260 mil unidades productivas (personales, familiares y asociativas) prestatarias del microcrédito que alcanzan diferentes grados de organización y desarrollo. Alrededor de cada fondo de microcrédito se desarrollan en forma sistemática diferentes prácticas que constituyen la metodología crediticia: grupos de garantía solidaria, espacios de educación popular, capacitación en aspectos productivos y comerciales, talleres de integración social y comunitaria, jornadas solidarias y festividades comunales. Generalmente son encuentros semanales de los que forman parte diferentes grupos de vecinos, emprendedores, trabajadores autogestivos. Allí se planifican y proponen las ferias comunitarias, se realizan compras conjuntas, se referencian los “precios cuidados” y se discute sobre política y economía.

La aplicación de la metodología del microcrédito facilita la dinámica para que las organizaciones de trabajadores de la economía solidaria se organicen mejor, alcancen más visibilidad y tengan capacidad de respuesta ante sus asociados y sus vecinos, principalmente en lo que respecta a la consolidación y generación de puestos de trabajo de forma solidaria. El fortalecimiento de la organización de la ESS les permite una mayor vinculación con el Estado para discutir la política pública y gestionar recursos financieros ante los diferentes programas de gobierno; además de interpelar al poder político local y disputar los espacios de intercambio y comercialización del mercado.

Si bien la mayoría de las unidades productivas apoyadas con fondos Conami pueden caracterizarse de autoempleo/subsistencia, en el universo de prestatarios se encuentra representada la diversidad y heterogeneidad productiva y organizativa que caracteriza a la economía solidaria en la Argentina. Generalmente cada fondo de microcrédito nuclea alrededor de 100 unidades productivas (las organizaciones más consolidadas triplican ese número y existen casos donde las experiencias vinculan a más de 500 emprendimientos). Las experiencias desarrolladas involucran a trabajadores con diferentes grados de organización y representación productiva y desarrollo territorial, que van desde los casos más simples de vinculación de emprendedores y vecinos de un barrio o paraje, hasta procesos organizativos más consolidados como pueden ser la Cooperativa de Mimbreros en Tigre (Buenos Aires); la marca colectiva Hecho en Moreno (Bs. As.); los Feriantes de Alto Comedero en Jujuy; la Feria Nunca Menos de OBI en Berazategui (Bs. As.); la Red de Bancos Populares de la Buena Fe en Mendoza; la Red de Productores Orgánicos de Tucumán; la Mesa de Economía Social de Organizaciones Populares (MESOP) en Córdoba; el Mercado de la Estepa en Río Negro; la experiencia del Movimiento de Cascos Amarillos de la República Argentina (MOCARA) en Chubut; las cooperativas productoras de alimentos de la Federación de Cooperativas Federadas (FECOFE), el Paseo de Artesanos “Las Chismosas” en Santiago del Estero, entre muchas otras. Se trata de una amplia y extendida red de trabajadores autogestivos vinculados por la herramienta del microcrédito que se potencia en términos sociales, económicos y políticos.

Superando las conocidas dificultades de articulación pública-privada y complementariedad de las dependencias y áreas de Estado, se desarrollan experiencias de consorcios provinciales de microcrédito que instrumentan la política nacional generando espacios de intercambio y desarrollo de la economía solidaria y en algunos casos permitieron la aprobación de leyes provinciales de ESS: Río Negro, Mendoza y Entre Ríos y de las 22 leyes provinciales de adhesión a la ley nacional 26.117. También el trabajo de vinculación territorial de las organizaciones de microcrédito ha permitido fortalecer procesos asociativos de segundo y tercer grado entre las organizaciones del sector que posibilitaron la conformación de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT), la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar (FONAF), la Federación de Organizaciones Productoras de Alimentos Limitada (FOPAL) con la finalidad de consolidar y dar más visibilidad a la construcción del sujeto colectivo de la economía solidaria en la Argentina.

De esta manera, la mayoría de las organizaciones de microcrédito gestionan y participan de actividades de diferentes programas públicos (Plan Fines) y son protagónicas en las actividades locales: ferias y mercados populares; encuentros de organizaciones de la ESS; Feria Nacional de la Semilla, etc. El evento más importante de la Conami se realizó en noviembre del 2010 en el Luna Park de Buenos Aires, donde la Presidenta de la Nación y la ministra de Desarrollo Social presidieron el acto de apertura del Congreso Latinoamericano de Microcrédito ante 7.000 prestatarios, promotores y dirigentes de la ESS.

En su articulación con las universidades nacionales, la Conami implementa la Tecnicatura en Microcrédito de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV). Apoya con becas a estudiantes de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y además desarrolla convenios con la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), la Universidad Nacional de Quilmes (UNQUI) y la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ).

En el corazón del programa de microcrédito se destaca el trabajo de los promotores, que alcanzan el número 7.122 registrados por Conami. Su trabajo radica en el acompañamiento de los prestatarios, el armado y sostenimiento de los grupos solidarios, la identificación y vinculación de los programas de capacitación, armado y funcionamiento de las ferias de emprendedores, apoyo para la asistencia técnica en los encadenamientos productivos, difusión y acciones de comercialización, ayuda ante la emergencia y la adversidad, discusión y formación política en los barrios, y por supuesto, su accionar especifico se centra en el otorgamiento y recupero de los microcréditos; en considerar las situaciones de mora y riesgo crediticio destacando la voluntad de trabajo, los valores solidarios y el compromiso de los prestatarios, y el sostenimiento de los grupos solidarios y de la organización popular. Los promotores de microcrédito son militantes de las organizaciones de la ESS, comprometidos con el Proyecto Nacional y Popular y referentes locales para sus comunidades.

Transformar sobre lo transformado

En este marco, una de las herramientas a transformar sería el microcrédito bajo el concepto más amplio y superador de Finanzas Solidarias: la necesidad de avanzar en una concepción más amplia que supere las limitaciones señaladas y permita integrar más rápidamente la compleja heterogeneidad y diversidad de los emprendimientos socioproductivos. Generar nuevas herramientas financieras que permitan agrupar más trabajadores ante la dispersión y complejidad de los procesos organizativos que motoriza la ESS.

Finanzas solidarias que posibiliten extender, multiplicar y fortalecer los procesos organizativos de la ESS, con nuevas formas de apoyo, de fomento y promoción que asuman la responsabilidad de integrar la producción con el consumo popular: microcrédito, fondos rotatorios, fondos de garantías, fondos de consumo solidario, fondos de acopio, fondos de mejora de vivienda, fondos para compra de terrenos. Como decíamos en nuestro anterior artículo, citado más arriba, “las finanzas solidarias promueven un proceso transformador, integrador de las diferentes unidades productivas, con una metodología de fácil acceso en la utilización por los mismos trabajadores, pero fundamentalmente generando y promoviendo organización social, desarrollo productivo y concientización política”.

Deberán crearse nuevos instrumentos de finanzas solidarias, de alcance masivo, que permitan fortalecer la ESS, como se hizo con la Ley Nacional de Microcréditos, para direccionar el consumo popular:

• Moneda electrónica / medio de pago: que facilite el intercambio comercial entre la producción solidaria y el consumo popular (tarjetización / posnet / software libre) Cada organización ejecutora de microcrédito dispone de un software de gestión que además de registrar las operaciones crediticias y del padrón de prestatarios, cuenta con un dispositivo informático que posibilita operaciones directas con las entidades bancarias oficiales.

• Finanzas solidarias orientadas a canalizar el consumo popular: electrodomésticos, motos y vehículos, equipamiento informático, telefonía celular (hoy captado por la usura oficializada del sistema financiero).

• Finanzas solidarias de apoyo a la comercialización de encadenamientos productivos y financiamiento para capitalizar empresas sociales: priorizando el fomento a la soberanía alimentaria, la producción social del hábitat (mejora de vivienda y acceso a tierra), los medios audiovisuales comunitarios, turismo y emprendimientos culturales.

• Finanzas solidarias que prioricen el financiamiento de mercados solidarios, almacenes barriales, proveedurías locales que se integren a la Red Comprar que impulsa el gobierno nacional.

Además se deberá plantear una reforma impositiva socialmente selectiva que desgrave el consumo popular; elaborar una nueva Ley de Administración Financiera que recupere el concepto de servicio público de fomento a la producción y regule el crédito usurario, y avanzar decididamente en una ley nacional de ESS que integre los diferentes proyectos de ley sobre cooperativas y mutuales, fábricas recuperadas, ley de quiebras, de agricultura familiar, del hábitat popular y también la del microcrédito. En definitiva, diferentes iniciativas que contemplen la concepción sustantiva de la Nueva Arquitectura Financiera Latinoamericana (Banco del Sur) y, fundamentalmente, generen las condiciones legales para un mayor desarrollo de las finanzas solidarias

La construcción de una gran red de redes. Hacia los circuitos locales de producción y organización del consumo popular

El gran desafío de las finanzas solidarias es vincular la producción local y organizar la masividad del consumo popular para reducir la gran intermediación comercial, potenciar las experiencias de la ESS y una mayor presencia transformadora en la acción del Estado.

Organizar la vinculación de la producción, el intercambio y el consumo es una forma de democratizar el mercado concentrado, fomentar el compre local y la generación de valor agregado en origen, ganar espacios propios de la ESS en cada territorio y empezar a discutir con los valores y concepción de la ESS con los demás actores económicos: empresas, pymes, comerciantes, municipios e institutos tecnológicos, la propuesta de Otra Economía es Posible.

Distinguimos tres niveles de complejidad en el entramado de construcción de la red de redes de la economía solidaria y que deberán trabajarse en forma simultánea e integral, entenderse como un proceso complejo y de construcción de nuevas formas organizativas (siempre como punto de llegada, nunca como punto de partida), políticas que además requieren de efectos inmediatos en el control de precios ante la especulación de la intermediación comercial y de las empresas oligopólícas:

• Primer nivel de consumo masivo: donde los militantes de la ESS se transforman en agentes de promoción y control de los “Precios Cuidados” en todo el país.

• Segundo nivel de integración de una canasta local: con acuerdo de precios a partir de una amplia participación de actores económicos, productivos y comerciales con incorporación de las organizaciones de la ESS.

• Tercer nivel de espacios constituidos por la ESS para incorporar a la estrategia gubernamental de Red de Compras de Precios Cuidados: donde se deberán acordar las condiciones de calidad, volumen y precios de los emprendimientos de la ESS.

Como dijéramos en el número 28 de Voces en el Fénix, “lograr canalizar un 20% del consumo popular a través de las redes y circuitos comerciales de la ESS permitiría profundizar el Proyecto Nacional, avanzar en mayores condiciones de igualdad y concretar el desarrollo con integración social”.

A partir de esta concepción más amplia de finanzas solidarias, la propuesta es transformar cada fondo de microcrédito en círculos de producción y consumo popular para contribuir en la construcción de esta gran red de redes de la ESS. Se requiere de mayor vinculación territorial para integrar las ferias populares y mercados solidarios, potenciar la producción de las fábricas recuperadas y las cooperativas productoras de alimentos, incorporar en la política pública a las cooperativas del hábitat popular (vivienda, tierra, agua), integrar a las cooperativas de servicios con las diferentes prácticas de organización del consumo popular y ampliar la discusión sobre el desarrollo local con los almacenes barriales, comercios locales, municipios, sindicatos y el amplio mundo de las pymes con la finalidad de profundizar el Proyecto Nacional y Popular.