| Diálogos políticos: buscando consensos |

El dirigente social del Frente Transversal es uno de los defensores más firmes del gobierno nacional y remarca la necesidad de reforzar la organización popular.

El dirigente de origen obrero Edgardo Depetri es un firme defensor de las políticas del oficialismo. En charla con Voces en el Fénix el líder del Frente Transversal y subsecretario de Relaciones con la Sociedad Civil dio su visión de la realidad política y social del país. A la vez que señaló las limitaciones y desafíos pendientes del proceso político actual, destacó los cambios impulsados por los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, sobre todo teniendo en cuenta de la crisis que atravesó la Argentina.

-¿Hay una disputa entre dos modelos, uno de ellos representado por el gobierno y el otro por la oposición?

-Atravesamos una discusión sobre los modelos de acumulación y de distribución de la riqueza nacional. La confrontación más importante que tuvo que dar el gobierno fue con las patronales sojeras de la pampa húmeda, que ven a la Argentina como un gran desierto verde. Creen que el país es una plataforma para colocar soja en el exterior. Nosotros queremos un Estado que recupere renta de los que más tienen y favorezca a quienes menos tienen y al mismo tiempo fortalecer el desarrollo industrial. Ellos sólo piensan en las materias primas: en la soja, la minería o el petróleo. Eso dominó en los ’90: un país para pocos, para el 30 por ciento de la población. Sin futuro para nuestro interior. La discusión está claramente instalada. La Argentina viene recomponiéndose de la tremenda crisis que sufrimos que no fue solamente política, sino que también fue sindical, cultural, empresarial y de organización de la sociedad. El gobierno está comprometido con un país con pleno empleo donde los salarios sean un componente importante de la economía. Es un proyecto donde el Estado no es garante de los negocios del sector privado, como fue en los ‘90, o con la ruptura del orden institucional en el 76 y con el endeudamiento. Planteamos un país donde el Estado garantice derechos: la salud, la educación, la previsión, el fomento del empleo, a la posibilidad de consolidar capital nacional, donde se le de respuesta a la mayoría de la población. Se definen intereses enfrentados: por un lado los del pueblo y por el otro los intereses concentrados.

-¿Esta disputa es la que hay entre oposición y el gobierno?

-Tanto el gobierno de Néstor Kirchner como el de Cristina Fernández tuvieron la virtud de que por primera vez que no son orgánicos a los poderes económicos. De la dictadura genocida en adelante, todos los gobiernos fueron también orgánicos a estos poderes, hasta la llegada de Néstor, salvo la honrosa excepción de Raúl Alfonsín con Bernardo Grispun como Ministro de Economía que intento en los primeros seis meses de gobierno algo distinto. Alfonsín perdió en esa pelea: no pudo o no quiso. Y nos planteó la economía de guerra. Después de ese gobierno, el aparato del Estado fue funcional a los negocios del sector privado. El Estado no estuvo ausente en los ‘90. Estuvo como garante de los negocios. El Estado desindustrializó y precarizó el empleo. El Estado extranjerizó al abrir la economía: las empresas argentinas se vendieron por dos magnos. El Estado reprimió y mató. Y decretó que no había que juzgar a los militares. El Estado fue garante del mercado. Lo peor de esa etapa, es que el Estado no sólo transfirió recursos de la economía, sino que entregó poder. El pueblo fue despojado. El gobierno no podía intervenir en el mercado que es el que se benefició. Hay que ponerle nombre al mercado¬: la banca privada, el sector financiero, Techint Bunge y Born, YPF Repsol, Continental, Dreyffus, el Grupo Clarín. Ellos son los que se beneficiaron. Este gobierno no puso al Estado como continuidad de lo negocios de los grupos: intenta ponerlo en función de los intereses del campo popular. No es un problema de oficialismo y oposición, sino de relaciones de fuerzas y de poder.

-Además de las rupturas con los ’90, existen continuidades, como el caso de la minería o la estructura impositivas regresiva.

-Eso es así. También falta una presencia más soberana del Estado nacional en algunas áreas claves de la economía. Pero la Argentina viene de tener el 60 por ciento de su población debajo de la línea de la pobreza. Cuatro de cada diez argentinos no tenían empleo. Con los salarios que había, apenas se llegaba a la primera semana del mes. Y encima pagaban con bonos, como los Lecop y los Patacones. Venimos de una crisis institucional tremenda, donde la política era sinónimo de corrupción y negociado, de toda una concepción del clientelismo. Se mercantilizó la política y se alejó a miles de compatriotas. Remontar desde ahí supone asumir que hay cosas que faltan o que todavía no se han hecho. El poder económico que enfrentamos no quiere debilitar a este gobierno por las cosas que hizo mal. Lo quieren detener, deslegitimar, arrinconar e incluso llegaron en su momento a decir que Cristina se tenía que ir de manera anticipada por las cosas que se han hecho bien, como los cuatro millones de puestos de trabajo nuevos que se han creado, la recuperación del salario, la discusión de las convenciones colectivas de trabajo, la asignación por hijo que implica más de 10 mil millones de pesos que fueron de manera directa a los bolsillos de nuestro pueblo, las 700 escuelas publicas que están hechas, los más de 2000 de kilómetros de ruta, la recuperación del agua potable, la ley de educación con destinó el 6 por ciento del PBI para la educación pública. Hay que ver este proceso como parte de la lucha del pueblo argentino. Sino caemos en que es todo oficialismo u oposición.

-¿Qué importancia le otorgan a las luchas populares?

-Si no hubiera habido Madres de Plaza de Mayo, no hubiera habido hoy juzgamiento de los genocidas. Si no hubiera habido carpa docente peleando, no hubiera habido 6 por ciento del PBI para la educación. Si no hubiera habido defensa del salario o la discusión en defensa del Estado que dimos muchos militantes, no existiría el piso el gobierno toma y abre para discutir. La discusión central es si este país va a ser negocio sólo para las corporaciones económicas, o va a ser realmente un país con trabajo para todos, donde pueblo tenga resueltas sus cuestiones básicas. Es la discusión que se está dando en la Argentina. El gobierno y los sectores populares avanzamos no en función de un documento, que también hay que hacerlos, sino de cual es la relación de fuerzas real que hay en todos los sectores de la sociedad, no solamente en el gobierno. Hay que ver qué opinan la oposición, los trabajadores, lo poco que queda del empresariado nacional, el sector agrícola ganadero, los intelectuales, las universidades, el estudiantado. La apuesta para profundizar el rumbo tiene que ver con una relación de fuerzas y de poder.

-¿Le preocupa que el gobierno se haya recostado en el Partido Justicialista?

-El gobierno se recuesta sobre las dos estructuras de poder que quedaron paradas después de la gran crisis del 2001: el PJ y la CGT. La CTA fue la otra organización que quedó pero no estaba en el dispositivo del poder. La discusión tiene que ver con la crisis de representación que vive la sociedad y los procesos que se vivieron en la Argentina en los últimos 10 años. Kirchner llega como expresión de la crisis de representación. Eduardo Duhalde es “el” hombre del poder y fue importúnate para que llegue Kirchner. Duhalde es el que devaluó la moneda nacional y permitió la salida a los grupos exportadores, salvó de la quiebra al grupo Clarín y al sistema financiero con subsidios multimillonarios y es quien prometió el aumento de tarifas a las trasnacionales. El kirchnerismo viene en el marco de esa crisis de reconstitución de fuerzas políticas. Pero el kirchnerismo en el aparato del Estado ha demostrado no solamente que no es orgánico al poder sino que ha construido relaciones de fuerza que permiten mejorar la situación del pueblo. Se avanzó muchísimo: hoy el pueblo está mejor que cuando llegamos al gobierno. Hay más trabajo y más ingresos. Pero hay que abordar la agenda de la representación que todavía esta pendiente. La transversalidad no tiene que ser sólo política. Hay que discutirla en el plano sindical, por eso estamos en la CTA. Queremos dar un gran debate en el movimiento sindical, también con la CGT. Para los empresarios el mejor sindicato es el que no existe. Construir un nuevo modelo sindical en Argentina es transversal, como los es construir una nueva perspectiva del debate intelectual. En lo partidario, hay que discutir cuál es el camino que la sociedad tiene para elegir sus representantes. Para mí, el PJ no es el camino. Entonces, ¿cuál es? ¿Cómo se construye lo nuevo que debe darnos marcos de unidad y de un debate político? Es más que una cuestión electoral.

-¿El gobierno no se debilita a sí mismo al no darle la personería a la CTA?

-En este tema el gobierno está en falta. La CTA tiene que ser reconocida. Sino la reconocen es por la presión que hacen los empresarios que no quieren la democracia sindical. Y la CGT, expresada en Hugo Moyano y el sindicalismo empresario, tampoco quiere democratizar el movimiento obrero. Más allá de la legalidad, la CTA tiene una legitimidad en la clase trabajadora. Seguiremos peleando para su reconocimiento. El gobierno tiene una estrategia de poder se asienta sobre CGT. Estará viendo hasta dónde va a avanzar en un tema importante que es el de la democracia sindical. Estará también en la CTA: no es sólo la cuestión legal, sino la política. Fundamentalmente, depende de que la CTA sea capaz de convocar y organizar a los trabajadores, lo que no es un problema del gobierno.

-El gran mérito de la CTA es que no se ha roto pese a las posturas contrapuestas. ¿Es posible reproducir estos consensos en otros ámbitos?

-La CTA no se va a romper aunque no pudimos llegar a un consenso para las elecciones del 23 de septiembre. Hubiera sido deseable la unidad. Cuando fundamos a la CTA pusimos al voto de los compañeros como uno de los mecanismos centrales donde construimos nuestra legitimidad. Todos venimos del voto de nuestros compañeros. Ahora hay que legitimar a la nueva conducción, que deberá convocar a los millones de trabajadores a organizarse y dar un debate sobre el país que queremos. El poder económico quiere volver a la década de los ’90. Quieren bajar el gasto público, lo dijeron en la campaña. Para nosotros nos es gasto, es inversión social: cloacas, viviendas, asignaciones. Ellos quieren un gobierno que pague la deuda, baje las retenciones a la soja, no discuta convenios colectivos de trabajo, se alinee con los Estados Unidos y se aleje de Hugo Chávez, Evo Morales y Lula. Y hay grupos en la CTA, más que nada partidarios, que ponen al gobierno como enemigo. No es así. El gobierno no es enemigo de los trabajadores. Es enemigo del poder económico. Tenemos que ver qué decir ante la nueva derecha que busca reconstituirse en Argentina y en Latinoamérica y cómo lograr una unidad que excede a la CTA, donde tenemos que convivir todos los sectores nacionales y populares, en una nueva perspectiva de poder.