| Por Sebastián Valdomir |

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El contexto actual de Sudamérica está signado por la profundización de los procesos de integración regional, lo cual cobra una dimensión especial en el marco de las profundas transformaciones geopolíticas que se suceden a nivel global. La región está jugando un papel activo en la emergencia de nuevos bloques de poder a nivel global, y ello responde al hecho de que se han dado y se están dando pasos para superar paulatinamente la inserción internacional subordinada que le asignaba el modelo neoliberal implementado durante la década de los años ’90.

Los diferentes procesos de integración regional, llámense Unasur, ALBA o Mercosur, con sus diferentes niveles, lógicas de funcionamiento y potencialidades, buscan recrear un espacio regional que en los hechos ha estado perforado por años de políticas neoliberales y aperturas comerciales indiscriminadas, producto de los Tratados de Libre Comercio (TLC) que impulsó Estados Unidos como estrategia para la región.

En ese marco histórico es importante reconocer los diferentes sentidos y potencialidades que tienen estos procesos de integración regional, y resulta estratégico no hacerlos competir de manera ficticia uno con otro, u otros. Los procesos de integración regional también tienen la particularidad de que se insertan en un escenario global donde la multipolaridad incipiente ya ha detectado las fallas y lagunas de los mecanismos multilaterales existentes.

La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) ha registrado avances sustanciales en los últimos años, sobre todo definiendo marcos de acción conjuntos por ejemplo en el terreno de la concertación económica ante la crisis económica en Estados Unidos y Europa. Por otra parte, la búsqueda de concertación política regional que caracteriza al funcionamiento de Unasur instala en ciertos temas como el financiamiento para el desarrollo, infraestructura regional, defensa, salud y políticas sociales, una dinámica nueva para procurar acuerdos estratégicos.

En el caso del Mercosur, el funcionamiento institucional es distinto pero también se ha convertido en un espacio de profundización de la integración regional sudamericana. La transición de un Mercosur netamente funcional a la estrategia neoliberal, que operó desde la creación del bloque y durante la década de los ’90, a un bloque que acompaña los cambios políticos que se registraron en la Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Venezuela, ha posibilitado dar un salto cualitativo en la concertación política, así como su expansión hacia otros temas más allá de lo puramente comercial.

En ambos casos han sido los procesos de cambios políticos –en estos y otros países como Bolivia, Ecuador, y más recientemente Perú– los que han dado paso a una concepción diferente de la integración regional, y generado pasos en la creación o reformulación de los bloques regionales.

Los gobiernos locales y la integración

Si se comparte el objetivo estratégico de la profundización de la integración regional, entonces las ciudades y los gobiernos locales deben jugar un rol fundamental en su desarrollo político. Es decir, los gobiernos locales tienen un papel en el proceso de integración regional en tanto se tiene el objetivo de profundizar la integración. No es un juego de palabras; se derivan varias cosas con esto: para empezar, que la integración no se trata sólo de un proceso de los gobiernos nacionales. No se trata sólo de coordinaciones macroeconómicas, de políticas comerciales, sino que se trata de generar ciudadanía regional.

Siguiendo este enfoque, la integración regional necesita de la acción de los gobiernos locales. Para ser profundizada, y para ser mantenida. Los gobiernos locales son un sujeto clave (no el único) en la acción de generar ciudadanía, a través de sus políticas, de sus objetivos. En conclusión: se trata de un camino de dos vías, los gobiernos locales precisan de la integración regional, tanto como la integración regional requiere de la acción de los gobiernos locales para su avance.

Como toda acción afirmativa, la ciudadanía regional es una construcción política. Se trata de la perspectiva de la ciudadanía regional como el sentimiento de pertenencia de los ciudadanos y ciudadanas a una comunidad regional, que no niega (y no debe negar) el espacio local, sino que debe definirse como la conjunción de nuestras diversidades culturales.

Por supuesto que esta construcción no es tarea fácil. Nos han educado en base a acentuar nuestras diferencias en lugar de celebrar nuestra identidad como pueblos latinoamericanos. Pueblos rebeldes, pueblos que han conquistado sus derechos en base a muchos sacrificios, resistencias y esfuerzos durante décadas y siglos. Eso nos une. La construcción de la identidad regional como base para la ciudadanía regional implicará deconstruir la idea de que somos distintos y ajenos entre los pueblos que componen América latina.

La construcción de ciudadanía regional no es una tarea fácil. Construir identidad y deconstruir la idea de que somos distintos no es fácil, porque existen fuerzas e intereses que operan en sentido contrario. El aspecto a remarcar es que se trata de un terreno de disputa política, de disputa ideológica.

Es el terreno de la disputa ideológica con las otras concepciones de la política, que sólo reconocen derechos a quienes pueden pagar por ellos. Esta política opera con una concepción de clientes, y no de ciudadanos.

Por la experiencia acumulada en América latina desde mediados de los ’80 y los años ’90, es importante remarcar que en la agenda política de las transformaciones hacia la democratización de nuestras sociedades también han jugado un papel fundamental los procesos de fuerzas de izquierda que han tenido la responsabilidad de estar al frente de gobiernos locales (a principios de la década de los ’80, la primera gran ciudad gobernada por la izquierda en Latinoamérica fue Lima, capital de Perú. En 1985, la izquierda también pasó a gobernar la ciudad de Fortaleza, capital del estado de Ceará en el nordeste de Brasil. En 1988, el PT logró vencer en San Pablo, la segunda mayor urbe de América latina. En 1989 el Frente Amplio logra la victoria en Montevideo. Desde esos años, otras grandes urbes de la región han tenido o tienen gobiernos de izquierda, como el Distrito Federal de México, Porto Alegre, Rosario, Buenos Aires, Belém, San Salvador, Bogotá). Esta agenda incluye la creación de mecanismos de participación popular, la descentralización democratizadora, la recuperación y democratización de espacios públicos, el Presupuesto Participativo, la profundización del Transporte Colectivo Público, la democratización en el acceso a la cultura y a la producción de cultura.

Es necesario enumerar esta agenda porque en su desarrollo ha sido fundamental el papel de los gobiernos locales de izquierda en América latina. Todas estas políticas son generadoras de ciudadanía, son instrumentos que sirven para avanzar en una agenda positiva de derechos. Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Derechos Humanos.

La esfera de lo local y la tarea de los gobiernos locales se presentó entonces como un laboratorio para la aplicación de políticas de transformaciones sociales y de democratización de las sociedades, en la mayoría de los casos, a contrapelo de las iniciativas de los gobiernos nacionales, en su mayoría hegemonizados por partidos de derecha. A nivel general entonces, con mayor o menor profundidad, con discontinuidades o contradicciones de diverso tipo pero con un énfasis e intención de potenciar la participación de la ciudadanía, es que la agenda de la profundización democrática impulsada desde lo local intentó contener la agenda neoliberal, excluyente y concentradora impulsada desde los gobiernos nacionales.

Profundización de la integración

El contexto actual es cualitativamente distinto del de la década de los ’90. El objetivo de los proyectos de izquierda en la región sigue siendo transformar nuestras sociedades tras los tremendos impactos causados por las dictaduras militares primero y el neoliberalismo de los ’90 después. Pero las posibilidades que tenemos para avanzar en ello son distintas. Y la integración regional es una de esas grandes posibilidades.

En este sentido, es necesario jerarquizar el instrumento que es el gobierno local para transformar la sociedad. Y agregar a ello que en los procesos de integración regional en curso (como Unasur), es necesario contemplar la participación institucional de los gobiernos locales.

El ejemplo de la red Mercociudades, la principal red de ciudades de Sudamérica, que agrupa a 263 ciudades de la Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Uruguay y Venezuela, es muy ilustrativo. Fundada en 1995 por doce ciudades, en pleno auge del Mercosur neoliberal, se propuso en ese contexto un enfoque diferente y centró su accionar en la creación de ciudadanía regional con miras a alcanzar un desarrollo sustentable, con justicia e inclusión social, poniendo en el centro al ciudadano y no al mercado como lo planteó el modelo neoliberal que era impulsado desde los gobiernos nacionales en aquella década.

El crecimiento que ha tenido Mercociudades en el impulso de una integración regional con participación social y profundización de la dimensión social y ciudadana del proceso integrador también ha sido reforzado por el hecho de que está reconocida en la institucionalidad formal del Mercosur, a través de la participación de la red y las ciudades que la integran en el Foro Consultivo de Ciudades y Regiones del Mercosur.

Este ejemplo puede ser tomado como referencia para el caso de la vinculación con Unasur.

Reflexiones finales

En momentos en que la presente nota se está editando, se divulgó un material de prensa sobre un acuerdo entre el gobierno de Honduras e inversionistas extranjeros para la construcción de “ciudades modelo” en su territorio, con su propia administración, seguridad, normas tributarias y de administración de justicia, totalmente desvinculados del Estado hondureño. Esta iniciativa se propone iniciar con al menos tres ciudades, privatizando todo el marco de decisiones en los inversores extranjeros, con un supuesto objetivo de combatir la desigualdad social, el poder del narcotráfico y la creación de empleos.

Este tipo de iniciativas van precisamente en la dirección opuesta al enfoque de promover y profundizar la democratización y el “derecho a la ciudad” para los pueblos latinoamericanos. En un contexto actual que marca que casi el 80% de la población latinoamericana habita en ciudades y es considerada como la región más urbanizada del mundo.

Según el último Informe de ONU Hábitat “Estado de las ciudades en América Latina y el Caribe 2012; Rumbo a una nueva transición urbana”, se está en condiciones de plantear un nuevo marco de acción orientado a lograr un desarrollo sustentable en el nuevo ciclo de transformaciones de las ciudades en la región. Si la primera transición urbana procesada en las décadas pasadas estuvo pautada por las grandes fracturas sociales, territoriales, de gobernanza, en la provisión de servicios públicos, esta “segunda transición” debería plantear claramente cuáles son los desafíos que es necesario resolver. Por ejemplo, las profundas desigualdades sociales que aún tienen a América latina como la región más desigual del planeta, y que se refuerzan y amplifican en los contextos urbanos.

Es en este escenario en el cual les toca operar a los procesos de integración regional. Para tener avances equilibrados y duraderos en términos de justicia social, democratización política y sustentabilidad ambiental, es necesario que gobiernos locales y bloques de integración regional dialoguen y, por qué no planteárselo, directamente trabajen de manera coordinada. Esta perspectiva política y esta agenda, hoy, solamente puede ser llevada adelante con la profundidad que el momento actual exige, por las fuerzas políticas de izquierda, la sociedad civil organizada, los movimientos sociales, las organizaciones de trabajadores. Esta es la profundización de la integración regional.