Las organizaciones sociales aportan salidas concretas a la crisis habitacional, como lo vienen haciendo desde el MOI. Basándose en la autogestión, la propiedad colectiva y la ayuda mutua, lograron soluciones para las familias sin techo, pero apuestan a ir por más.

| Por Néstor Jeifetz* y María Carla Rodríguez** |

La experiencia cooperativa de autogestión, propiedad colectiva y ayuda mutua del Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI) de la Central de Trabajadores de la Argentina inició su desarrollo en áreas centrales de la ciudad de Buenos Aires y, hace aproximadamente cinco años, comienza a replicarse en seis provincias.

La experiencia fundacional fue la del ex Patronato de la Infancia (Padelai). Durante la reinstalación democrática, en los ’80, la pobreza urbana se desplegó territorialmente a través de un doble movimiento:
1. La expansión suburbana periférica, con la autoproducción de barrios originados en tomas de tierra.
2. La reapropiación de la centralidad, mediante la ocupación intersticial de cientos de inmuebles vacíos y repoblamiento de villas.

Sobre el final de la dictadura –tras la instalación de políticas neoliberales sostenidas en el genocidio de 30.000 militantes–, miles de personas y familias empobrecidas por este proceso ocuparon inmuebles ociosos en la ciudad, para sostener su existencia cotidiana.

El contexto sociopolítico “tolerante” posibilitó inicialmente esta situación. Asimismo, permitió la recreación de redes y vínculos, como el caso de un grupo de militantes políticos y profesionales de izquierda que volvieron a la universidad pública (a la Universidad de Buenos Aires) para recrear y transmitir generacionalmente la experiencia interdisciplinaria de la Escuela de Arquitectura-Ciudad de la Universidad Nacional de La Plata, impulsada por el arquitecto Marcos Winograd en los ’60.

Esa confluencia signó la experiencia del ex Padelai, un predio localizado en el Área de Recuperación Patrimonial de San Telmo, que dio lugar a una propuesta elaborada y gestionada ante el legislativo local por una cooperativa de las familias ocupantes, un equipo técnico interdisciplinario de la UBA y ONGs.

La propuesta implicaba regularización dominial y reciclaje por autogestión –administración directa de los recursos por la cooperativa– de un conjunto habitacional (118 unidades de vivienda), un complejo de equipamiento comercial (60 locales) y comunitario-barrial (jardín maternal y salón de usos múltiples). En términos de propiedad, se establecía un condominio entre la municipalidad y la cooperativa, reservando el programa de viviendas para la primera y la explotación comercial para el Estado. Los fondos del programa comercial se reinvertirían en mejoramiento del hábitat popular barrial.

La disputa del ex Padelai, pese a la inicial escrituración del predio a favor de la cooperativa, se perdió. En 2003 –gestión de Aníbal Ibarra– y tras un tortuoso proceso, el inmueble fue desalojado mediante la fuerza pública.

Organización cooperativa en edificios ocupados

Los contenidos de esa experiencia se recrearon en otros mojones. Entre 1991 y 1998, en un contexto político local y nacional adverso, unas 500 familias organizadas en cooperativas del MOI impulsaron procesos de regularización dominial ante el gobierno nacional (específicamente con el Organismo Nacional de Bienes del Estado –ONABE–), el legislativo de la ciudad y compras de inmuebles en el mercado. Unas 200 familias, con aciertos y errores, concretaron ese objetivo, organizadas en las cooperativas Perú, La Unión, Yatay, Fortaleza, Nueva Vida I y II y Consorcio Eleodoro Lobos, en San Telmo, San Cristóbal, Barracas y Caballito. Entre 1997 y 1999 también se ejecutó el primer reciclaje por autogestión en la ciudad, en San Telmo, en el límite con Puerto Madero. Se trataba de una antigua fábrica de hidrófugos, que la Cooperativa La Unión transformó en un conjunto de 20 viviendas cáscara, con financiamiento de un programa nacional piloto (Programa 17) de la Subsecretaria de Vivienda de la Nación, a un costo promedio de 350 dólares el metro cuadrado, contra 800 dólares el metro de los programas locales por licitación empresarial del período. La superficie de las viviendas oscila entre 50 y 100 metros cuadrados.

Aportes a la gestación de políticas públicas y apertura de la propuesta al conjunto de la población sin techo

Ese aprendizaje “caso a caso” permitió acumular experiencia para transitar una práctica orientada a la generalización y sustentó la participación del MOI en la Asamblea Constituyente de la ciudad, en 1995. Allí, un ejercicio práctico de “democracia participativa” permitió aportar especificidad al artículo constitucional sobre hábitat (artículo 31). Se logró la promoción explícita de los planes autogestionados de vivienda sumados al criterio de radicación.

Luego se impulsó el proceso participativo que gestó la ley 341/00, a través de la constitución de una mesa multisectorial motorizada por el MOI, la Mutual de Desalojados de La Boca y la Comisión de Vivienda de la Legislatura. Esta normativa sintetizaba el tránsito cooperativo más propio del MOI, reivindicando el derecho a vivir en áreas centrales por parte de los sectores de bajos ingresos, con el balance de las herramientas de gestión local –créditos individuales– producidas como repuesta a la movilización de población en riesgo de desalojo ante el proceso de renovación urbana iniciado en La Boca, a mediados de los ’90.

Paralelamente, el MOI abrió su propuesta al conjunto de la población sin techo, en ámbitos específicos, caracterizados por la adhesión y organización electivas, denominados “Guardia de Autogestión”.

Carácter y alcances de la ley 341

La ley 341 otorga créditos blandos para facilitar el acceso a la vivienda a hogares de escasos recursos en la ciudad. Como rasgo central, reconoce a las organizaciones sociales como sujetos de crédito y ejecutoras de los proyectos. Incluye compra de inmuebles, obra nueva, rehabilitación o mejoramiento y recursos para asistencia técnica interdisciplinaria. Define un tope (ajustable) que siendo inicialmente de 30 mil dólares, actualmente se halla en torno a los 40 mil por unidad de vivienda. El crédito se reintegra hasta un plazo de 30 años. Se subsidia la tasa de interés, con franjas entre 0 por ciento y 4 por ciento y prevé cuotas de devolución no superiores al 20 por ciento de los ingresos familiares. No establece restricciones mínimas por el nivel de ingreso para las familias, ni requiere ahorro previo.

A partir del 2001, la ley 341 y sus programas operativos fueron apropiados por un amplio espectro de organizaciones, movimientos, partidos políticos y cientos de familias ocupantes e inquilinas, a pesar de limitaciones burocráticas, ahogos financieros y del incremento sostenido del precio del suelo que actualmente la pone financieramente en crisis.

Entre 2002 y 2007, 2.564 familias adquirieron 110 inmuebles de localización urbana consolidada y 4 proyectos se finalizaron (339 viviendas). Actualmente hay, por lo menos, 33 proyectos en ejecución (885 viviendas) administrados por las organizaciones sociales, 61 proyectos (1.535 viviendas) con previsión presupuestaria acordada y 398 cooperativas y asociaciones (8.591 familias) impulsando otros proyectos en distintas etapas.

En este marco el MOI ejecuta 180 viviendas con equipamiento comunitario y un centro educativo integral autogestionario, en 4 proyectos, localizados en los barrios de San Telmo, Barracas y Constitución y denominados respectivamente Perú, Yatay, La Fábrica y El Molino.

La compra de predios durante la post crisis inmediata implicó óptimas inversiones públicas. Las propuestas urbanísticas del MOI se abren a sus entornos barriales y los mejoran. Estas obras implican una competitiva relación costos/calidad en relación con programas convencionales en curso y la creación efectiva de capacidades ejecutoras, como el modelo de la Unidad Social de Producción Autogestionaria que impulsa el MOI o la empresa autogestionaria MTL Construcciones que operó con más de 500 trabajadores del sector.

No obstante, el ejecutivo local cerró el programa a nuevos proyectos en 2007, y la gestión macrista la somete al estrangulamiento financiero.

Políticas de producción autogestionaria del hábitat popular: sus características

La transferencia directa de recursos públicos a las organizaciones populares implica crear capacidades para definir, llevar adelante y controlar el desarrollo de los proyectos. Este rol ejecutor se inscribe en una intervención política más general que promueve el desarrollo de la participación organizada en el diseño, planificación, seguimiento, evaluación y eventual redireccionamiento de programas y políticas.

Estas políticas requieren, asimismo, un papel distinto de los organismos de gobierno y sus trabajadores estatales, generando ámbitos e instrumentos de participación, perfiles y calificaciones laborales pertinentes, ajustando parámetros de financiación y auditoría, etc.

En el marco de su histórica pertenencia a la Secretaría Latinoamericana de la Vivienda Popular (Selvip), el MOI se ha encontrado y ha recreado la experiencia paradigmática como política habitacional –por continuidad y escala– del cooperativismo autogestionario de propiedad colectiva y ayuda mutua uruguayo, con base en un marco normativo y de políticas implementado desde 1968, que fungió de base para la constitución de un potente sujeto sociopolítico, Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM).

En el MOI, los procesos cooperativos autogestionarios se inician en las Guardias y continúan en cada cooperativa sobre tres ejes de prácticas: participación, ahorro y ayuda mutua. Cada cooperativa recorre, a su vez, los ciclos de gestión del proyecto: compra de un inmueble, ejecución de la obra y habitar. Así se construyen los instrumentos que regulan distintos aspectos de su vida colectiva (reglamento interno, reglamento de ayuda mutua, criterios de adjudicación de las viviendas, convivencia en el habitar). De este modo, la cooperativa se asume como organización estable y permanente, que adecua sus objetivos e instrumentos organizativos a diferentes etapas que atraviesa el grupo humano que la constituye.

El modelo del MOI integra ayuda mutua (18 horas en promedio familiar semanal), ahorro previo (definido por cada cooperativa según sus posibilidades) y propiedad colectiva como modalidad permanente de tenencia. La mano de obra calificada es provista por una cooperativa de trabajo, constituida en el marco de la organización.

Para lidiar con el tiempo, se ha generado un programa de sostén denominado PVT –Programa de Vivienda Transitoria–, desarrollando condiciones habitacionales que sin alcanzar los estándares de calidad de las viviendas definitivas, brindan estabilidad, morigeran significativamente la precariedad y el hacinamiento, mientras prefiguran la experiencia de convivencia y mantenimiento de los conjuntos definitivos.

La autogestión cooperativa desafía con evidencias el sentido común economicista naturalizado y hegemónico que supone vincular precio de mercado y capacidad de pago individual de cada familia como criterio definitorio del dónde es lícito habitar y que naturaliza la segregación socio espacial, la negación del derecho universal a la centralidad urbana.

Hacia políticas nacionales de producción autogestionaria del hábitat

La tercera etapa en la historia del MOI –hoy jurídicamente federación de cooperativas autogestionarias MOI– comenzó entre fines del 2006 e inicios del 2007.

Dos fueron los ejes motorizadores de tal proceso: la necesidad de crecimiento organizacional. La fuerza de las organizaciones populares es su propia capacidad de desarrollo cuantitativo y cualitativo, en términos de lucha, gestión, organización y propuesta; pero también es la indispensable toma de conciencia colectiva de la obligación de socialización de sus prácticas y propuestas: el compartir, el ejercicio de la solidaridad.

La lógica del desarrollo tuvo que ver con el sentido común históricamente construido en la organización: los marcos normativos y programáticos de las políticas de producción autogestionarias de hábitat deben sustentarse previamente en el tránsito por experiencias concretas: las juridicidades como consecuencia de tales recorridos iniciales de base.

En la provincia de Buenos Aires el instrumento de acceso al suelo ha sido el FS-Fuerza Solidaria, un fideicomiso del Banco Provincia que posibilita a colectivos cooperativos integrados por familias con cierta capacidad adquisitiva –no a las de condiciones más críticas– la asunción de préstamos a 5 años de devolución e intereses del 8 por ciento, en valores cuyo tope hoy es de aproximadamente 200 mil dólares. Merlo, San Martín, La Plata, Avellaneda, Malvinas Argentinas, son algunas de las localizaciones de estos procesos. Para la ejecución de los conjuntos habitacionales se está gestionando ante el Instituto de Vivienda recursos provenientes de Nación.

Interactuamos con estos dos ámbitos provinciales, sin a la fecha organicidades vinculantes entre ellos. Es indispensable avanzar en la creación de marcos regulatorios en ámbitos legislativos, área en la cual, en mayo de 2009, realizáramos un seminario.

En la provincia de Santa Fe el desarrollo se apoyó en un eje constitutivo del MOI: la vinculación y el compromiso de la universidad con el movimiento popular; o tal vez con mayor esencialidad, la universidad asumida como parte del movimiento popular.

De esta interacción inicial materializada en un Seminario sobre Autogestión que fuera realizado en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional del Litoral en 2008, pasamos por una parte a impulsar procesos de organización cooperativa, y por otra, a replicar ámbitos multisectoriales de interlocución con la Comisión de Vivienda de la Legislatura provincial. El último Plenario Nacional del MOI realizado en septiembre del 2010 en la capital provincial fue expresión de la etapa que la federación está transitando.

Los procesos que venimos transitando en localidades de la Patagonia se construyen en núcleos urbanos de dominante impronta turística, y consecuentemente atravesados socioespacialmente por dinámicas de fuerte sesgo inmobiliario de carácter expulsivo para con los sectores populares que las mal habitan: San Martín de los Andes, en Neuquén; San Carlos de Bariloche y recientemente El Bolsón, en Río Negro, y Ushuaia, en Tierra del Fuego. En San Carlos de Bariloche y Tierra del Fuego se firmaron convenios con los respectivos gobiernos locales y provinciales para desarrollar experiencias piloto que sentaran bases experienciales para impulsar políticas sectoriales.

Profundizando los marcos existentes en todo el país

Una de las conclusiones a las que hemos arribado en la ciudad de Buenos Aires luego de casi diez años de implementación de la ley 341/2000, fue que una parte importante del escenario cooperativo autogestionario generado en la CABA se constituyó en mero intermediario hacia pequeñas o medianas empresas y no tuvo capacidad para construir capacidades específicas de producción autogestionaria. Básicamente el MOI y el MTL –ambas pertenecientes a la CTA– asumieron el desafío y lo llevaron a la práctica. Hoy creemos necesario avanzar hacia el diseño de una Ley de Producción Autogestionaria de Hábitat Popular que fortalezca el crecimiento y sustentabilidad del actor autogestionario.

Asimismo, impulsamos el diseño, gestión y ejecución de una Experiencia Piloto Nacional que, asumida y financiada por el Ministerio de Planificación de la Nación, tenga como objetivo básico y explícito transformarse en insumo para el diseño de marcos normativos y programáticos de dimensión nacional.

Planteamos que dicha experiencia ejecutada en un plazo de 18 a 24 meses sea de carácter multisectorial, integrando organizaciones sociales de hábitat con práctica autogestionaria, ámbitos estatales de los ejecutivos y legislativos municipales, provinciales y nacionales, universidades Nacionales –UBA, UNLP, UNL y UNC– y el INAES.

Dimensión latinoamericana

En septiembre de 1990 definimos en Montevideo en circunstancias de los festejos del 20 aniversario de la FUCVAM, la creación de la Selvip, red que en junio de 2011, junto a la Escuela Latinoamericana de Autogestión del Hábitat, realizará su XIII Encuentro en Caracas, Venezuela.

Tres fueron y son sus ejes fundantes:
1. Repudio al capitalismo neoliberal, entregador del patrimonio nacional, privatizador y destructor de las empresas estatales, de endeudamiento externo y de destrucción del trabajo.
2. Reivindicación de las políticas autogestionarias, antagónicas en todos sus aspectos a la lógica empresarial.
3. Integración de la secretaría con organizaciones de base que tengan prácticas ciertas en producción social de hábitat (PSH).

Hoy la dimensión latinoamericana fortalece su existencia, recupera su historia, su integridad durante siglos escindida por los diversos coloniajes que asolaron y todavía asolan salvajemente nuestro continente; hoy vuelve a ser América, Nuestra Patria.

Y en ese reencuentro, en esa refundación histórica, la dimensión autogestionaria, dimensión de consciente construcción colectiva de poder popular; dimensión profundamente contracultural, trasciende claramente la sectorialidad del hábitat y, como visibilizó la crisis del 2001 en la Argentina, impulsa construcciones de integralidades, recuperando las dimensiones de humanidad en el hábitat, en la producción, en la educación, la salud y en las afectividades. La autogestión es parte de la construcción de una nueva Humanidad. nte siglos escindida por los diversos coloniajes que asolaron y todavía asolan salvajemente nuestro continente; hoy vuelve a ser América, Nuestra Patria.

* Arquitecto. Equipo Técnico Interdisciplinario del Movimiento de Ocupantes e Inquilinos.
** Doctora en Ciencias Sociales. Investigadora Conicet/Área de Estudios Urbanos IIGG-FSOC-UBA.