| Por Abraham Leonardo Gak |

Dentro de los reclamos de la sociedad sobre el funcionamiento del Estado, uno de los más significativos es el referido a la prestación de justicia, en particular, al funcionamiento del Poder Judicial.

Una reforma general del sistema y funcionamiento de la Justicia es imprescindible para que la población pueda gozar de los beneficios integrales de la democracia en nuestro país.

Décadas y décadas de aplicación de un método pensado para otro país y otra sociedad transformaron al servicio de justicia en un sistema lento y sujeto a distorsiones, prolongando los juicios y las correspondientes sentencias a extremos difícilmente imaginables dentro del concepto de justicia.

Es evidente que quienes conviven en el Poder Judicial, han conformado un blindaje para defender los intereses existentes, que es impenetrable a la crítica y opinión de individuos y comunidades. Esta idea de corporación ha generado en la sociedad una desconfianza tal que se acude a los estrados judiciales prácticamente como último recurso; si bien es deseable que esto suceda, debería ocurrir por el buen funcionamiento de los mecanismos de mediación previos al litigio y no por desconfianza.

Desde luego, estas apreciaciones no alcanzan a los muchos miembros del sistema que cumplen o que tratan de cumplir con una misión tan significativa para todos. Las voces que se alzan en reclamo de una reforma sistémica también provienen del propio riñón de la “familia judicial”. Este número de nuestra revista da cuenta de esto que decimos.

El fallido intento de avanzar en una reforma integral del sistema –a partir del paquete de proyectos de ley enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso nacional durante el último año–, si bien expresa un retroceso, no niega la legitimidad de un reclamo que cuenta con un consenso social creciente.

Sería deseable entonces, para futuros intentos de reforma, que se lograra construir un abanico de organizaciones sociales y propuestas lo suficientemente amplio para plasmar, también en el Congreso, esos consensos que ya están instalados en la sociedad.

Por otra parte, para consolidar un efectivo sistema de derecho, todavía está pendiente el real acceso a la Justicia, sobre todo para los sectores sociales más desfavorecidos. Hoy en día siguen existiendo resabios importantes de discriminación, tanto de parte de los sectores policiales como de miembros del Poder Judicial, que más que acercar expulsan a las víctimas de violencia y delitos. La discriminación también se manifiesta en el costo que significa acudir al sistema de justicia, que es una inversión muy fuerte de tiempo y dinero, sobre todo teniendo en cuenta la lentitud con que se desarrollan los juicios. Consideramos que una reducción en la duración de los trámites y juicios contribuiría a modificar sus costos. No son pocas las propuestas en esta línea, desde incorporar tecnologías a las comunicaciones y al trabajo de registro hasta avanzar en la conformación de tribunales orales o la implementación del juicio por jurados. Son discusiones abiertas, por lo que es necesario avanzar y profundizar en ellas.

También debemos mencionar el actual debate sobre los alcances de la prisión preventiva. Esta discusión, entre aquellos que con el pretexto de la seguridad tienden a incrementar su rigurosidad y los que consideran que su incremento es en realidad una expresión de violencia institucional, deja de manifiesto un problema real: la cantidad de personas detenidas a la espera de la resolución de su proceso judicial es por demás excesivo y es una causa de abarrotamiento en las cárceles.

Si bien es cierto que en los últimos tiempos se han obtenido avances significativos en lo relacionado al derecho de familia, a los procesos colectivos, al nuevo rol de los fiscales o a los proyectos de reforma de los códigos civil, comercial y procesal penal, está pendiente la modificación de la forma de participación de la víctima en los procesos judiciales de manera que le permita al damnificado recibir un trato digno y respetuoso, con el objeto de lograr una defensa más efectiva de sus intereses.

Para finalizar, podemos decir que nos encontramos en un momento importante. El debate instalado en la sociedad sobre los derechos, obligaciones y efectividad de las decisiones del Poder Judicial tarde o temprano cristalizará en cambios efectivos y posibles de un servicio que hace a la democracia y a la evolución de nuestras sociedades, logrando que la comunidad vuelva a creer que el camino de utilizar el sistema se sobrepone al convencimiento de que no hay justicia.