| Por Abraham Leonardo Gak* |

Escribir sobre la educación es preguntarse sobre las distintas razones por las que la misma se encuentra en el centro de las preocupaciones de nuestra sociedad.

¿A todos nos preocupa del mismo modo? ¿Compartimos la idea de que la educación es una cuestión esencial y prioritaria? ¿Podemos avanzar en respuestas fructíferas, más allá de las que dicta el sentido común? ¿En qué medida esa preocupación y consenso sobre la importancia de la educación es sincera por parte de todos?

Al respecto no puedo olvidar el impuesto de emergencia que creó el Fondo Nacional de Incentivo Docente establecido en 1999 en respuesta a los tres años de la Carpa Blanca de CTERA frente al Congreso, que tuvo que ser derogado ante el rechazo generalizado de los contribuyentes.

¿Podemos atribuir este hecho puntual a una época en que un modelo económico y social preconizaba el libre juego de la oferta y la demanda en el marco de un pensamiento único que sostenía que el mercado era el mejor asignador de los recursos y en el que prevalecían los intereses individuales sobre los colectivos?

Quiero creer que las épocas han cambiado, que una nueva forma de pensar se está instalando en nuestro país, que estamos empezando a superar el “sálvese quien pueda”, en el entendimiento de que nuestra futuro como sociedad está vinculado necesariamente al progreso colectivo. Preocupados por el deterioro de un sistema educativo que supo ser ejemplo en América latina, comenzamos a aceptar que es un tema complejo que requiere tiempo y esfuerzo para ser encaminado.

No menor implicancia tiene el hecho de que estamos debatiendo acerca de qué país queremos y la necesidad de elaborar un proyecto nacional de mediano y largo plazo que cuente con el consenso necesario para ser llevado a cabo. En este sentido, aunque sea reiterativo, debemos insistir en que estamos inmersos en un mundo globalizado frente al que las naciones tienen la posibilidad de adoptar sus propias y soberanas decisiones, apoyadas sobre el desarrollo del conocimiento científico y tecnológico autónomo.

El objetivo fundamental de un proyecto nacional debe ser el bienestar de todos y cada uno de los habitantes del país. No basta con un salario decente, sino que es necesaria una vida digna para todos y todas, y esto supone condiciones de trabajo, alimentación, salud, vivienda, así como acceso a los bienes culturales y esparcimiento. Para todo esto es imprescindible contar con una educación que garantice la igualdad de oportunidades y que potencie las capacidades, la autoestima y que involucre a las redes sociales -más allá de docentes, alumnos y autoridades- que hagan posible esta vida digna a la que todos y todas tenemos derecho.

De ahí la concepción de la educación como un derecho humano esencial que debe no sólo ser garantizado por el Estado sino entendido como una de sus prioridades básicas, en el marco de un sistema democrático, respetuoso de las libertades civiles y de las diferencias, y que promueva la participación ciudadana.

Esto incluye –y excede– el marco normativo de la recientemente sancionada Ley Nacional de Educación. Será conveniente entonces una mirada sobre los distintos niveles del sistema (inicial, primario, secundario, terciario, superior), así como sobre modalidades y orientaciones, articulación de las jurisdicciones y cuestiones vinculadas con el financiamiento.

Expresamente hemos omitido en este número el tratamiento de la educación superior por su complejidad y por sus particulares implicancias, dejándolo para una edición especial.

Los actores sociales involucrados no son un tema menor. Una visión simplista podría reducirlos a alumnos, docentes y autoridades. Creo que esto requiere una mirada más abarcativa que incluya a las comunidades en las que las instituciones educativas se encuentran y en particular a los padres.

Este intento debe ser tomado como una introducción, promotora de debate, a un tema no sólo estratégico sino especial para el desarrollo de nuestro país.

* Director de Voces en el Fénix.