| Por Abraham Leonardo Gak* |

El retroceso de los derechos laborales que tuvo lugar en las últimas décadas del pasado siglo en nuestro país ha sido de tal dimensión que, a pesar del incipiente proceso de recuperación iniciado a partir de la crisis de 2001-2002, todavía no han podido recuperarse en su totalidad los niveles alcanzados a inicios de la década de 1970.

Las nuevas formas de organización de la producción han consolidado este deterioro, haciendo prácticamente desaparecer las conquistas que tanto costaron obtener allá por los comienzos del siglo XX.

La concepción de trabajo decente adoptada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1999, aparece hoy como insuficiente. La hipótesis de una retribución de la fuerza de trabajo que cubra las necesidades para una vida digna tiene visos utópicos frente a una realidad que muestra un elevado número de trabajadores y trabajadoras precarizadas/os o en condiciones de semiesclavitud. Ante esta situación es que aparece la concepción del trabajo digno como superador del trabajo decente.

Entendemos como trabajo digno a aquel que le brinde al trabajador no sólo un salario que le permita subsistir, sino que también le garantice seguridad, estabilidad, tiempo para realizar actividades de esparcimiento, deportivas y educativas y que, a su vez, le asegure que tanto en su vejez como frente a los imprevistos propios de la vida no estará en estado de indefensión. Más aún, pretendemos que se elimine el método de explotación constitutiva al trabajo tal como hoy se lo concibe.

Es importante insistir en estos temas ya que es imposible pensar que una sociedad moderna y capacitada no pueda brindar estos parámetros a su población. Esto implica asegurar una renta sensata a las inversiones, evitando que la remuneración a los asalariados quede completa y pasivamente en manos de un mercado laboral depredador, regido por la única lógica de la maximización de las ganancias empresarias. Para que esto sea posible se debe apuntar a todas las variables que conforman el desarrollo contemporáneo.

La provisión por parte del Estado de bienes públicos en cantidad y calidad adecuada para cubrir las demandas de toda la población, se une a la necesidad de brindar a los trabajadores la posibilidad de acceder a un hábitat acorde con su condición de ser humano, en un escenario de respeto al medio ambiente y con una participación en el goce de las mejoras en el sistema productivo, la igualdad en las oportunidades al acceso al conocimiento y a la educación para sí y para sus descendientes, la seguridad de una vejez tranquila, respetada y capacidad de consumo acorde con sus necesidades.

En un mundo donde más de la mitad de su población no goza ni remotamente de estos derechos, suenan como utópicos estos objetivos. Aunque así parezca, consideramos que los mismos son absolutamente obtenibles.

En una sociedad planetaria comunicada, donde en el último rincón de la tierra el último de los hombres marginados, viviendo en las condiciones más paupérrimas, sabe hoy cómo se vive en otros lugares, es imposible impedir sus anhelos de acceder a esas formas tan soñadas de vida, y en consecuencia tratará de incorporarse a ellas, enfrentándose a la xenofobia y a la represión de las sociedades desarrolladas, las que ante la posibilidad de esa invasión no deseada deberán apelar a la búsqueda de una solución. Para lograrla sólo habrá dos caminos: el aniquilamiento físico de esos indeseables invasores –circunstancia que se da muy a menudo, y a la cual sustenta la lógica de criminalización de la pobreza–, o la exportación de esas condiciones de vida a las que hoy sólo algunos tienen acceso.

No se trata pues de limitarnos a la recuperación de los derechos perdidos por algún sector de la población, sino de generar un marco de igualdad que garantice que los mismos no nos sean birlados a todos/as.

* Director de Voces en el Fénix.