| Por Abraham Leonardo Gak |

Ancestralmente, la concepción de salud implicaba actuar frente a la manifestación de la enfermedad. Esta premisa era generalizada, más allá de las distintas posiciones en relación con el grado de intervención que debía tener el Estado a la hora de satisfacer las necesidades de la comunidad.

Con el avance del tiempo y los sucesivos cambios en la sociedad, la salud, al igual que la educación, pasó a ser considerada un derecho inalienable de todas las personas.

El Estado tiene la responsabilidad absoluta e indelegable de cuidar las necesidades en salud de toda la población tanto en la atención médica como en la provisión de medicamentos, librándose del condicionamiento de los propugnadores del mercado.

Desde luego que, cuando se trata de elaborar políticas en salud, hay que tener en cuenta el avance explosivo del conocimiento científico y el desarrollo de concepciones que dan un lugar prioritario a la prevención como herramienta esencial al momento de implementar un sistema de salud integral. Ya no se trata de actuar a posteriori para minimizar los daños, sino de hacerlo de manera previa, para generar contextos en los que la salud sea una constante y la enfermedad, una excepción.

La necesidad de ampliación de derechos y libertades vinculados a la salud hoy pone en primer plano la legalización del aborto seguro y gratuito que, más temprano que tarde, se incorporará a nuestra legislación porque ya es una demanda popular masiva.

La problemática de la salud mental y la concentración de la distribución de medicamentos requieren también un tratamiento urgente, de modo de estar a la altura de una sociedad que precisa de la intervención estatal para no padecer el abandono, la marginalidad y la exclusión de una vida plena.

Dentro de la estructura económica desfavorable que hoy atravesamos, la resolución de estos problemas se convierte en un hecho político.

Como respuesta a las nuevas necesidades de la sociedad nacen distintas corrientes que intentan dar respuestas. Una de ellas es la epidemiología comunitaria, que busca introducir los saberes y prácticas de las comunidades en el abordaje sanitario. Tal como señala el Dr. Tognoni, estamos frente a un trabajo de articulación entre los saberes comunitarios hoy marginalizados y el conocimiento técnico.

En el planteo de este tema podemos enunciar las siguientes conclusiones:
a) La atención de la salud pública es un tema político, en el que el Estado tiene una responsabilidad central e indelegable.

b) Es indispensable la construcción de un sistema racional en la producción de medicamentos, que hoy podemos calificar como inaccesible para vastos sectores y, en muchos casos, superabundantes e innecesarios para otros.

c) La atención de la salud y la educación de todos quienes habitan nuestro país requiere la disposición de recursos que deben calificarse como una inversión imprescindible del gobierno de turno y no como un “gasto”, susceptible de ser objetado o disminuido.