| Por Abraham Leonardo Gak |

La historia de las Fuerzas Armadas en nuestro país está marcada a fuego por su actuación durante el siglo XX. Los gobiernos de facto impuestos por estas fuerzas a través de los golpes de Estado son el rasgo distintivo de ese período en el cual un sector de la sociedad que supo ser la vanguardia de la liberación y fundación de la Nación, terminó como un eslabón vergonzoso de la historia reciente.

Coincidente con la debacle de este actor social, se fue gestando la conformación del mundo actual, un mundo donde la lógica expansiva de Washington también repercute en nuestro país y nuestra región; un mundo donde la caída de la Unión Soviética trajo aparejada la unipolaridad estratégico-militar a nivel mundial, y donde cada Estado y cada bloque se vio obligado a buscar su lugar y su horizonte de soberanía.

Es ese horizonte el que hoy se nos muestra un tanto confuso y contradictorio. Mientras la potencia hegemónica hace gala de sus capacidades bélicas imponiendo a quien le parezca su dosis de guerra preventiva, nuestra región es, desde hace casi 30 años, un territorio de paz. Si bien todavía quedan por resolver algunas disputas fronterizas, el grado de conflictos armados registrados entre países en Sudamérica es muy bajo.

A esto hay que sumar que desde la creación de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) en 2008, se aceleró el proceso de integración política y la cooperación regional. Como parte de este proceso es que se creó el Consejo de Defensa Suramericano (CDS) con el objetivo de avanzar en la cooperación en temas de seguridad internacional y defensa entre los países de la Unión. Este fortalecimiento a nivel regional en materia militar y la creación de un sistema de defensa subregional se ha tomado desde nuestro país como una verdadera política de Estado.

Volviendo entonces a la Argentina, para avanzar en estos procesos de integración hubo que reconstruir primero la cuestión de la autoridad civil, lo que de por sí demandó un trabajo muy arduo. El primer paso fue el juzgamiento de las autoridades de la última y más sangrienta dictadura. Luego, y entre los coletazos de la decisión anterior (intentos de levantamientos, leyes de obediencia debida y punto final, indultos), la sanción de una serie de leyes que marcan una estricta distinción entre los ámbitos de la defensa exterior y la seguridad interior, y las funciones de inteligencia. Finalmente, con la eliminación de la jurisdicción militar en materia de delitos y la previsión de figuras penales de especialidad en el código penal común, parecería cerrarse el círculo.

Ahora sí, una vez recuperada la conducción civil de las Fuerzas Armadas, era tiempo entonces de encarar las reformas de fondo de las mismas. Las nuevas iniciativas para llevar a cabo este objetivo de modernización institucional se enmarcaron, sobre todo en la última década, bajo el vector de los derechos humanos como eje articulador. El nuevo paradigma ya no implicaba únicamente controlar y limitar el accionar de las fuerzas, sino pensar a las mismas como instituciones cuyos hombres y mujeres debían ser reconocidos como sujetos de derechos, y formados como verdaderos profesionales en la tarea que deben cumplir.

En esta línea, las transformaciones encaradas tuvieron un fuerte impacto en la vida interna de sus instituciones y sus integrantes. Al mismo tiempo que las Fuerzas Armadas perdieron la potestad para inculcar valores, ideas y prácticas en los jóvenes argentinos mediante el servicio militar obligatorio, su propia formación se vio radicalmente modificada, en la búsqueda de generar un nuevo perfil del militar en democracia como ciudadano, funcionario y profesional. La inclusión de formación universitaria, la introducción de la problemática de género, el desarrollo de la dimensión científico tecnológica son los mojones que marcan este camino. Pero si bien el saldo de este proceso es hasta el momento positivo, quedan todavía varios desafíos pendientes.

En el escenario mundial actual, renunciar al recurso último de la fuerza es abdicar del derecho a construir el propio destino como nación. El desafío es entonces la formación de personal profesional a la altura de los procesos de integración en curso, con la capacidad suficiente para alcanzar niveles parejos en cuanto a desarrollo, análisis, asesoramiento, dirección y planificación de la política de defensa y seguridad regional, con el objetivo último de lograr alcanzar un pensamiento estratégico común que nos permita como región defender nuestros recursos y hacer valer nuestros consensos, nuestros acuerdos y nuestros principios; en definitiva donde podamos, sumando nuestros esfuerzos y capacidades, defender nuestra soberanía territorial y nuestra independencia política.