Los gobiernos cambian, pero ciertas prácticas del poder, no. La tentación de presionar al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y de manipular la información que éste elabora es una constante, bajo dictadura militar y democracia, con políticas ortodoxas y heterodoxas. En tiempos de alta inflación los ministros de economía inventaban índices de precios “descarnados” (porque la carne aumentaba “demasiado”). En la década de los noventa, cuando se instaló la alta desocupación, Domingo Cavallo y su segundo (Juan Llach), cuestionaban las estadísticas de desempleo del INDEC.

En la era de la pobreza masiva, el actual ministro de Economía cuestiona el trabajo del INDEC y anuncia sus propias estimaciones de pobreza, cuestionando la validez de las conclusiones alcanzadas por el Instituto. Esto sienta un precedente potencialmente grave; además, un accionar de este cariz termina siendo un boomerang, al afectar la credibilidad del propio gobierno Y una vez que se empieza recorrer el camino de la manipulación de las estadísticas se corre el riesgo de que no haya retorno.

La corrección de las cifras relativas a la incidencia de la pobreza del INDEC se funda sobre un procedimiento sin sustento técnico. No es correcto combinar datos procedentes de encuestas con aquellos que resultan de registros administrativos del Plan Jefes y Jefas de Hogar, toda vez que no existe compatibilidad asegurada en los universos que cubre cada herramienta.

Cabe señalar que se ha producido el apartamiento por parte del INDEC de técnicos de gran valía que en su momento se opusieron a este tipo de procedimientos; tal es el caso, públicamente conocido, del Dr. Luis Beccaria, un experto con reconocimiento internacional. Esto permite avizorar la intención de avanzar hacia la arbitraria incorporación en la información producida por la Encuesta Permanente de Hogares de los registros mencionados, introduciendo distorsiones irremovibles en los datos, y extendiendo un manto de duda sobre un tema tan importante y crucial, como es el de la evolución de la pobreza e indigencia en nuestro país. Asimismo, se desmotiva tanto a quienes relevan la información como a los que tienen a su cargo el diseño de las políticas y procedimientos para el combate a la pobreza.

El problema de fondo, que gobiernos de distinto signo político no parecen resolver, es de carácter institucional: ¿qué hacer con el INDEC? El papel del INDEC es muy importante, especialmente, en una sociedad democrática que quiere construir un futuro de prosperidad y equidad. Existe amplio consenso en que la información estadística es un bien público. Su provisión, en consecuencia, es una obligación ineludible del Estado. La calidad de las decisiones públicas y privadas, depende, en buena medida, de la disponibilidad de información demográfica, económica y social confiable. En particular, la superación de la dolorosa herencia del experimento neoliberal, requiere de un debate aún insuficientemente desarrollado sobre las políticas económicas y sociales, y de un riguroso monitoreo de la situación de los sectores más vulnerables.

Lamentablemente, los gobiernos suelen percibir al INDEC como un molesto aguafiestas no invitado, en lugar de considerarlo como una institución fundamental que debería ser respetada por sus experiencias y saberes, y fortalecida en su capacidad de generación y análisis de la información estadística, especialmente de los problemas pendientes de solución como la pobreza y la desigualdad.

Las actitudes señaladas resultan contradictorias con un gobierno que ha avanzado tanto en el mejoramiento de la calidad institucional en frentes complejos como la renovación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la búsqueda de la verdad y la justicia en relación con las gravísimas violaciones a los derechos humanos perpetradas por la última dictadura militar y la subordinación definitiva de las Fuerzas Armadas al poder constitucional, por mencionar algunos ejemplos.

El activo principal de un organismo de estadísticas es su credibilidad. Esta se apoya, a su vez, sobre la aplicación de criterios metodológicos estrictamente técnicos y sostenidos en el tiempo para asegurar la comparabilidad de las series de datos. Por eso, las metodologías de estimación de las estadísticas no pueden modificarse en función de las conveniencias políticas percibidas en cada momento ya que ello tiende a destruir la credibilidad del organismo de estadísticas. La estadística puede ser técnicamente discutible pero no puede ser propaganda. La mejor manera de asegurar el cumplimiento de la misión institucional del INDEC es terminar con su dependencia del Ministerio de Economía, y reformar su régimen de funcionamiento para convertirlo en un organismo autónomo, dotado de un presupuesto adecuado a sus objetivos, dirigido por un profesional seleccionado por su idoneidad técnica y que goce de estabilidad y respeto en el cargo.

PLAN FÉNIX
Agosto de 2004