La economía argentina sufrió desde mediados de la década de los ’70 fortísimos ajustes en el marco de una estrategia económica concentradora y excluyente que, con el apoyo del FMI y otros organismos financieros internacionales, ha llevado al país a una depresión histórica, a la dependencia de los mercados financieros internacionales y al empobrecimiento, la marginación y la falta de un empleo digno a gran parte de su población. El rasgo característico de lo ocurrido está constituido por la sustitución de la acumulación de capital en la economía real por la especulación financiera y el grave deterioro en la condición de los trabajadores.

El reciente proceso eleccionario permitió restablecer la normalidad institucional y virtualmente plebiscitar el público reconocimiento de que el modelo neoliberal, que imperó en la Argentina en el último cuarto de siglo, ha sido el responsable de esta crisis.

Si bien es poco el tiempo transcurrido desde la asunción de los actuales gobernantes como para evaluar resultados de la nueva política económica y social anunciada, observamos algunas señales alentadoras, sobre todo en el plano de la estabilización macroeconómica y el ataque a la perversa evasión y elusión tributarias. Advertimos sin embargo la falta de otras definiciones concretas sobre políticas económicas y sociales, que juzgamos esenciales para sentar las bases del nuevo proyecto nacional de desarrollo con equidad, tal como fue anunciado por el Presidente en diversas oportunidades, desde su alentador mensaje inaugural hasta sus últimos discursos.

Sobre la base de las actividades desarrolladas desde hace más de dos años en el seno de la Universidad de Buenos Aires y que condujeron a las propuestas estratégicas del Plan Fénix para un crecimiento sostenido con equidad, deseamos ofrecer ahora un aporte sobre la actual coyuntura y sus perspectivas. Es nuestra convicción que es necesario contar con una visión de largo plazo que enmarque las acciones que aparecen como de carácter coyuntural, pero pueden ser determinantes y condicionantes decisivas para el futuro curso económico y social. Entre ellas se destacan las que surjan de las negociaciones en curso con el Fondo Monetario Internacional. Alientan las declaraciones del gobierno de condicionar los pagos de las deudas al crecimiento económico nacional y solicitar un período de gracia para esos pagos. Más razón entonces para avanzar hacia un plan integrado de crecimiento con equidad, sustentable en el tiempo, que le otorgue sentido a las acciones de corto plazo. Tal es la propuesta del Plan Fénix.

Es prematuro sostener que después de la reciente reactivación la economía se esté deteniendo. No obstante, deben seguirse con atención algunas importantes señales por el lado de la demanda que muestran una notoria falta de dinamismo en el gasto privado: la fuerte caída del poder adquisitivo de los salarios, el mantenimiento de altos niveles de desempleo y la notoria insuficiencia de la inversión privada. En cuanto a la demanda externa, el estancamiento en los mercados de las economías industrializadas y el enfriamiento de la economía del Brasil limitan el dinamismo de las exportaciones argentinas, cuyo volumen permanece virtualmente estancado.

Ante estas deficiencias de la demanda privada y las dudas acerca de su recuperación autónoma en el corto plazo, una política activa vigorosa basada sobre el gasto público, tanto con fines económicos como sociales, constituye el instrumento indicado para eludir el riesgo de una recaída en la recesión e iniciar un genuino proceso de desarrollo. En este proceso, se deben fortalecer las economías regionales, así como las nuevas formas de asociación productiva generadas por la sociedad argentina. Destacamos la importancia que tienen los esfuerzos para hacer más eficiente el gasto público y mejorar sustancialmente la estructura impositiva y su administración. Todos ellos son condiciones ineludibles en las tareas de combatir la corrupción y hacer más eficiente el papel dinámico de las erogaciones del Estado, sin poner en riesgo los equilibrios macroeconómicos. De todos modos, es prioritario y urgente adoptar y aplicar reformas tributarias progresivas, en especial la reducción del IVA a los bienes de consumo de primera necesidad.

Pero aun logrando la continuidad en los avances de recaudación de los últimos meses y combinándolo con una mejora substancial en la eficiencia del gasto público, el nivel que debería alcanzar este último para consolidar la reactivación y poner en marcha un plan de desarrollo sostenible resultaría incompatible con las metas de superávit primario que se vienen contemplando en la actualidad. La discusión sobre el superavit primario consistente con el crecimiento con equidad es indivisible de la estrategia inmediata de recuperación de la producción y el empleo, y de la tasa de crecimiento del producto de mediano y largo plazo.

Sólo cuando se haya afirmado el sendero de la recuperación y el crecimiento la Argentina podrá imponerse metas de superávit primario que no deben estar desvinculadas ni ser contradictorias con sus prioridades tanto económicas como de infraestructura y prestación de servicios sociales, que incluyen el financiamiento de los planes de erradicación de la indigencia y reducción sustancial de la pobreza. Consideramos esencial para estos fines lograr un extendido período de gracia en los pagos de las deudas externas. Las metas de superávit primario, y por lo tanto los pagos por el servicio de una deuda pública –obviamente reestructurada–, deben supeditarse al crecimiento de la economía y al aumento y la mayor equidad de la recaudación tributaria. La premisa básica es que sólo un crecimiento sostenido con eficiencia de gestión y equidad tributaria pueden sentar las bases para que la Argentina llegue a recuperar su solvencia internacional y, en consecuencia, su capacidad de cumplir normalmente con sus compromisos externos.

Por su parte, la política de acumulación de reservas externas debería perseguir tres objetivos centrales: 1) formar un stock compatible con la necesidad de resguardar a la economía argentina de shocks comerciales o financieros externos; 2) dar respaldo a la oferta de medios de pago necesarios para niveles crecientes de actividad; 3) permitir ejercer una política cambiaria flexible, que apoye la competitividad de la economía y que no conspire contra el ingreso real de los asalariados. Para cumplir con estos objetivos conviene revalorizar el rol que tuvieron los instrumentos de control de los flujos externos a mediados de 2002, así como la política de intervenciones de la autoridad monetaria para evitar una apreciación exagerada del peso. La estrecha vinculación funcional entre la gestión del Banco Central y la política económica y social del Poder Ejecutivo constituye una decisión estratégica vital para garantizar el éxito del plan.

En igual sentido, como apoyo a la política fiscal antirrecesiva y para superar la restricción que en la actualidad impone la crisis todavía no resuelta del sistema financiero, la autoridad monetaria deberá recuperar efectivamente los instrumentos de regulación y supervisión indispensables para garantizar la transparencia del sistema financiero, evitar la repetición de los episodios especulativos del pasado, sentar las bases de un mercado de capitales y ponerlo al servicio del desarrollo económico. Como parte de tal opción estratégica, se debería instrumentar una política de redescuento selectivo a bajas tasas de interés orientada a apuntalar el proceso de crecimiento. En este contexto, los bancos públicos tendrán que desempeñar eficientemente el doble papel de instrumento de aplicación y de banca testigo para el conjunto de las entidades privadas. Estos lineamientos estratégicos para el manejo, tanto de la formación de reservas como de la política monetaria, pueden tal vez cuestionar ciertas posiciones tradicionales del FMI, pero no pueden ser materia negociable si se quieren garantizar los objetivos superiores del desarrollo con equidad y establecer sobre bases firmes la solvencia internacional del país.

A partir de tal orden de prioridades la Argentina debe estar dispuesta a una negociación, tan larga como sea preciso, de su actual endeudamiento externo. La magnitud de esta última variable es en el presente incompatible tanto con las principales magnitudes de la economía argentina comparables –PBI, exportaciones, gasto público– como con la de la deuda social acumulada. La Argentina debe lograr una reprogramación de sus vencimientos con los organismos multilaterales y un acuerdo con los acreedores privados externos que implique quita, baja en las tasas y un extendido período de gracia. El Grupo Fénix considera que las nuevas deudas incurridas desde la declaración de la cesación de pagos deben tener un tratamiento diferenciado.

En todo caso, las negociaciones con el FMI y los tenedores de deuda argentina actualmente en default deben estar subordinadas al crecimiento con equidad y a la restauración del tejido social, requisitos para que los compromisos en materia de pagos por la deuda sean realistas y, por lo tanto, cumplibles.

Tal orden de prioridades fija los objetivos de la posición negociadora argentina y, por esto mismo, los límites de los compromisos que el país puede asumir frente al FMI. Para tales fines es preciso reiterar criterios, en el sentido de que las negociaciones no contemplan nuevos créditos netos de los organismos multilaterales, que sólo pueden mantenerse al día los compromisos con los mismos si son refinanciados y que, en caso de no haber acuerdo, no podría evitarse extender el default a la deuda multilateral.

El Grupo Fénix reitera su convencimiento de que el país cuenta con los recursos necesarios para ponerse de pie con sus propios medios y sostener una posición negociadora externa responsable, que compatibilice el crecimiento con equidad con la normalización de las relaciones financieras internacionales.

Plan Fénix
Buenos Aires, agosto de 2003

Síntesis

• El reciente proceso eleccionario restableció la normalidad institucional y el alentador discurso inaugural del Presidente abrió caminos para un nuevo proyecto nacional de desarrollo con equidad, superador del modelo neoliberal que llevó al país a la catástrofe económica y social que venimos sufriendo.

• La marcha hacia ese nuevo proyecto requiere contar con una visión de largo plazo que enmarque acciones y decisiones determinantes de la solución de los problemas presentes y del futuro curso económico y social de la Nación. Entre ellas se destacan las que surjan de las negociaciones en curso con el FMI.

• Se observan señales promisorias en los importantes planos de la estabilización macroeconómica y la recuperación de ingresos tributarios. Obviamente, dado el escaso tiempo transcurrido, faltan otras definiciones y acciones críticas para resolver los graves problemas actuales y encauzar el nuevo programa.

• A pesar de la reactivación, persiste un bajo dinamismo de la demanda privada de consumo e inversión, por el alto desempleo, los bajísimos salarios y la lenta reacción de la inversión privada. La demanda externa enfrenta también dificultades, por el contexto regional e internacional.

• En esas condiciones, una vigorosa política activa basada sobre el gasto público, tanto con fines económicos como sociales, constituye el instrumento indicado para eludir el riesgo de una recaída en la recesión e iniciar un genuino proceso de desarrollo.

• A pesar de la mejora de los ingresos tributarios, no caben dudas acerca de la prioridad y urgencia de reformar la estructura y la administración tributarias, revertir su regresividad y adecuarlas para el financiamiento genuino del Estado y como instrumento de una impostergable política de redistribución de los ingresos.

• Aun superando los avances en la recaudación y mejorando la eficiencia del gasto público, el nivel que debería alcanzar este último para consolidar la reactivación y poner en marcha un plan de desarrollo sostenible son incompatibles con elevadas metas de superávit primario destinado al servicio de las deudas públicas externas.

• Las metas de superávit fiscal que han trascendido de las negociaciones con el FMI conspiran contra la recuperación del nivel de actividad, la atención de urgentes necesidades sociales, la puesta en marcha del nuevo proyecto nacional, y aun la solvencia externa sustentable de la Nación. Hacer compatible el desarrollo nacional con la solvencia requiere, entre otras cosas, un extendido período de gracia de las deudas.

• Resulta clara la necesidad de una política de acumulación de reservas para respaldar la oferta monetaria, resguardarse de shocks externos y especulaciones cambiarias, y evitar la volatilidad del tipo de cambio, variable muy influyente en los precios y la competitividad de la economía nacional. Para ello no pueden descartarse medidas de regulación y control que se han mostrado eficaces en tiempos recientes y en otros países.

• La recuperación efectiva de instrumentos de regulación y supervisión es fundamental para que el sistema financiero y eventualmente el mercado de capitales sean instrumentos eficientes al servicio del desarrollo. Es esencial para ello el desempeño eficiente de los bancos públicos, así como políticas que apuntalen el proceso de crecimiento, como redescuentos selectivos a bajas tasas de interés.

• Se ofrecen estas reflexiones como aportes del Grupo Fénix a la coyuntura actual y a las negociaciones en curso con el FMI y acreedores externos, y con la convicción de que el país cuenta con los recursos necesarios para sostener una posición negociadora externa que compatibilice el desarrollo nacional con la normalización de las relaciones financieras internacionales.