Desde el Plan Fénix hemos sostenido que nuestro país debe definir una estrategia de mediano y largo plazo centrada sobre el crecimiento y la equidad en la distribución del ingreso, previo a cualquier tipo de compromiso con el FMI.

Al respecto, hemos manifestado en documentos anteriores que un eventual acuerdo no debía hacerse a cualquier precio. Sostuvimos que la opción de adoptar decisiones autónomas dentro del orden económico global no sólo era deseable, por corresponder a la función irrenunciable del Estado de defensa de los intereses nacionales, sino también porque el gobierno contaba con suficiente margen de maniobra para actuar en tal sentido.

El acuerdo alcanzado recientemente nos aleja de la situación de default y nos permite reiniciar la renegociación con los acreedores privados. Si bien esto constituye una ventaja real, no compensa, a nuestro criterio, las condicionalidades aceptadas, especialmente por sus serias consecuencias sobre el futuro.

En efecto, el acuerdo suscripto insiste en la aplicación de políticas recesivas, contrariamente a lo que postula el Plan Fénix, y, por lo tanto, no se orienta al desarrollo con equidad que es el objetivo central de nuestras propuestas.

Alrededor de la firma de este acuerdo aparecen algunas cuestiones que nos interesa señalar: si bien hay un cambio en la actitud negociadora de los funcionarios argentinos, los criterios del FMI –reflejo de los intereses de gobiernos centrales y de la banca globalizada- son los mismos de siempre ; esto lleva a preguntarse, de acuerdo con la información disponible, si se han logrado mejores condiciones que las originariamente requeridas por el organismo internacional. En cualquier caso, es indudable que hay aspectos claramente negativos en esta negociación, tales como la resignación de instrumentos de política económica propia y la adopción de medidas que van más allá de un programa de transición, y condicionan la gestión del futuro gobierno constitucional.

Entre tales condicionalidades podemos señalar la eliminación paulatina de los controles cambiarios, el énfasis en la disminución del gasto público –que ha caído en 2002 en un 25% en términos reales, a la vez que aumenta la incidencia porcentual de los servicios de la deuda -, los avances hacia la privatización de la banca estatal, una reforma tributaria de carácter parcial y no progresivo, el reconocimiento de nueva deuda pública, los límites tanto a la reconstrucción y disponibilidad de las reservas en divisas como a la emisión monetaria, y la intervención de organismos multilaterales en cuestiones internas como renegociación con las empresas privatizadas, política social, legislación referida a reformas fiscales estructurales y entidades financieras estatales.

Este conjunto de medidas implica duras exigencias para un país cuyo PIB ha caído el 20% en los últimos cuatro años y donde la mitad de la población se encuentra por debajo de la línea de pobreza y, dentro de ella, un gran porcentaje en niveles de indigencia. De hecho, el horizonte de crecimiento previsto es sumamente pobre y se encuentra muy por debajo de las reales posibilidades de expansión. No es congruente exigir el repago de una voluminosa deuda sin un incremento significativo y sostenido de la actividad productiva.

Las medidas recientemente acordadas suponen modificar instrumentos de política económica que, pese a su carácter precario, permitieron estabilizar el tipo de cambio, contener las presiones inflacionarias y lograr una leve recuperación de la economía durante el segundo semestre de 2002. Ahora se avanza en la implementación de un ajuste tradicional que sólo podrá traer como consecuencia más recesión y pobreza para el conjunto de los argentinos.

Mantener en equilibrio ciertas variables macroeconómicas no debe ser sinónimo de implementar políticas recesivas. El compromiso de un superávit primario basado fundamentalmente sobre el ajuste en el gasto entra en colisión con una estrategia de fortalecimiento del mercado interno, apoyado sobre una demanda creciente de los sectores medios bajos y bajos. Lo mismo ocurre con la imposición de políticas monetarias restrictivas que suponen límites de emisión impropios para una economía con elevada capacidad ociosa, impidiendo el necesario financiamiento a la producción.

El Plan Fénix considera factibles tasas más altas para el crecimiento del producto en lo inmediato, mediante la planificada y eficiente expansión del gasto público y otras políticas activas, de modo de salir de la depresión y erradicar la indigencia. Sólo así se podrá apuntar a un desarrollo sostenido capaz de reducir rápidamente el desempleo y conducir a la reindustrialización del país. Es posible financiar genuinamente estas políticas con una profunda reforma tributaria que grave proporcionalmente más a los sectores de altos ingresos y rentas y las manifestaciones de riqueza improductiva, además de captar con fines nacionales el saldo positivo de la balanza comercial.

Es necesario destacar que muchas de las medidas contenidas en la carta de intención suponen la aceptación de la intervención de los organismos financieros internacionales en la política económica nacional y, en tal sentido, atentan contra la posibilidad de adoptar decisiones autónomas acordes con los intereses de nuestro país, tal como venimos señalando desde el Plan Fénix. La calurosa aprobación de tales organismos dispensaron al modelo empobrecedor instaurado en la década pasada es el antecedente más claro en este sentido.

Finalmente cabe señalar que el acuerdo contempla la asistencia de consultoría internacional, la que ha sido copartícipe de la instrumentación del modelo mencionado; ello implica ignorar que existe reconocida capacidad en las universidades públicas que están perfectamente en condiciones de asistir al Estado, ya que, por su mismo carácter, no representan interés sectorial alguno y tienen un amplio dominio en las áreas temáticas señaladas.

De cara a un proceso profundamente incidido por los avatares políticos y eleccionarios, el Plan Fénix reafirma su postura en cuanto a la necesidad de transitar un camino de desarrollo y equidad en la distribución del ingreso y de adoptar las decisiones autónomas conducentes; sólo así tendrán futuro todos los argentinos en tanto ciudadanos poseedores de iguales obligaciones y derechos.

Plan Fénix
Proyecto Estratégico de la Universidad de Buenos Aires
Buenos Aires, febrero de 2003