Como toda la sociedad, quienes integramos el GRUPO FENIX estamos profundamente preocupados por la grave emergencia económico–social que vivimos. Las cifras proporcionadas por el INDEC confirman de manera contundente que la pobreza y la indigencia han alcanzado niveles sin precedentes en la Argentina. No cabe duda de que este tremendo problema social es la cuestión central y prioritaria que hoy debería enfrentar una política económica orientada a relanzar el crecimiento con equidad. Sin embargo, notamos con pesar que tal no parece ser la prioridad de muchos de los dirigentes sectoriales y funcionarios que parecen atrapados en una puja distributiva de proporciones inéditas. La concentración de las energías de la dirigencia en temas tales como la pesificación, el corralito y la liberación del mercado cambiario, ha logrado desviar la atención de la búsqueda de soluciones para nuestros compatriotas más sufridos y olvidados.

Más allá de las intenciones y aun comprendiendo las dificultades que muchas veces obligan a avances y retrocesos, observamos que la actual estrategia oficial, a dos meses de gobierno, no ha logrado avanzar decididamente hacia la reversión del ciclo depresivo, la crisis social y la tremenda injusticia en el reparto de la riqueza y el ingreso. Las acciones adoptadas en el marco de la política oficial se basan sobre la búsqueda del equilibrio y el mantenimiento del tipo de cambio, en un esquema de achicamiento dependiente y de recesión; por otra parte, no se encuentran encuadradas en una propuesta integral y articulada, que evalúe las repercusiones de cada decisión sobre el conjunto de la economía y la sociedad, ni conducen a la salida rápida de la situación que agobia a la inmensa mayoría de nuestra población.

Así, la reactivación productiva no puede alcanzarse sólo con una modificación sustancial del tipo de cambio –absolutamente arbitrario-, con los recursos financieros apresados y con gran insatisfacción y desconfianza de la gente que motiva su vuelco al dólar; esto genera un tipo de cambio no representativo y repercute en los precios relativos, generando gran incertidumbre. Creemos que la recuperación del empleo será extremadamente lenta y débil si se apoya exclusivamente sobre el impulso proveniente del mercado externo. Por otra parte, la disparada del precio del dólar desde el comienzo de la flotación cambiaria, amenaza con deprimir aún más el ya sumergido mercado interno por sus efectos sobre los precios internos y agrava la inequidad existente por las fuertes transferencias de ingresos de los que menos tienen hacia quienes más poseen.

En este contexto, tememos que, fruto de las presiones sectoriales y tal como se ha dicho, hayamos sustituido una política neoliberal con tipo de cambio fijo por una política neliberal con tipo de cambio flotante.

Tal como lo planteamos en ocasiones anteriores, creemos que la superación del ciclo de decadencia y empobrecimiento requiere la adopción de un conjunto simultáneo e integrado de decisiones que ponga en marcha un plan coherente de desarrollo con equidad. El gran desafío de la política económica actual consiste en implementar una respuesta a la emergencia que se articule con semejante plan.

Hemos ratificado así nuestras propuestas de absoluta vigencia, pero también queremos sugerir medidas inmediatas, que se corresponden con la urgencia que la coyuntura nos impone.

Hoy 4 de marzo proponemos las siguientes medidas:

1. Conformación de un Fondo de Reparación Social que brinde un Seguro de Empleo y Formación Laboral, complementado con ayuda alimentaria y sanitaria, a los jefes y jefas de hogar que hoy carecen de ocupación. Este fondo permitirá eliminar la indigencia como problema social éticamente intolerable, ampliar el consumo interno y facilitar la reactivación productiva. Una de las fuentes de financiamiento de este fondo será la afectación de parte de los elevados beneficios generados por la devaluación en los sectores concentrados de la actividad exportadora, a través de una aplicación de retenciones en forma transitoria, que tome en cuenta la incidencia de costos internos y externos, y permita morigerar el impacto de la devaluación sobre los precios de los bienes y servicios de consumo nacional masivo. Otra fuente de financiación estará dada por un aporte de los sectores empresariales más beneficiados por la pesificación de sus deudas en moneda extranjera. Finalmente, se aplicará una sobretasa del impuesto a las Ganancias a los contribuyentes que en cualquiera de los tres últimos ejercicios hayan obtenido una renta imponible mayor a cierto umbral.

2. Flexibilización del ‘corralito’ bancario con el fin de dar mayor liquidez a los consumidores y a las empresas. De esta manera se podrá reactivar la demanda de los consumidores y financiar capital de trabajo a las empresas. Concretamente, se propone permitir la extensión del uso de certificados fraccionados de los depósitos pesificados para cualquier transacción, salvo la compra de moneda extranjera. Esta flexibilización está en el marco de la reglamentación del decreto 214.

3. Lanzamiento de un Programa Social de Trabajo que priorice las actividades intensivas en mano de obra. Esta iniciativa se encuadra en el Fondo de Reparación Social, y apunta a recuperar obras de infraestructura hoy deterioradas, mediante tareas de mantenimiento y protección, que serán la contraprestación del seguro de empleo. Ello permitirá la reincorporación de la población a actividades productivas, e incidirá en la reactivación del mercado interno. Su instrumentación deberá ser flexible, a partir de iniciativas provenientes de los distintos niveles gubernamentales (nacional, provincial y municipal) y de entidades privadas sin fines de lucro.

4. Contención efectiva de la inflación. El gobierno debe emplear toda la autoridad del Estado y la ley para impedir que las maniobras anticompetitivas y especulativas impulsadas por ciertos sectores concentrados provoquen un brote inflacionario que deprimiría aún más el salario real y el nivel de actividad y provocaría una situación de caos macroeconómico. En particular, no deben tolerarse más dilaciones en la liquidación de divisas retenidas por un puñado de exportadores, ni se deben aceptar incrementos de los precios de los combustibles o las tarifas de los servicios públicos privatizados.

Asimismo, para fortalecer la situación fiscal del Estado más allá de la emergencia será preciso trabajar en:

5. Diseño e implementación de un nuevo sistema tributario progresivo que eleve los impuestos a las ganancias y a las ganancias de capital, disminuya gradualmente la tasa general del IVA y fije tasas diferenciales menores en los artículos de primera necesidad. Se deben derogar las exenciones impositivas a las rentas financieras e incorporar los dividendos a los ingresos gravados de las personas físicas. Debe dictarse una nueva ley de Coparticipación Federal que contemple una acción conjunta y coordinada de la Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires en su administración y en la lucha contra la evasión. La batalla frontal y decidida contra la elusión y la evasión tributarias, requiere invertir fuertemente en el fortalecimiento institucional de la AFIP con el fin de revertir el proceso de desmantelamiento al que ha sido sometida. En materia previsional es necesario revisar integralmente el régimen existente, combatir la evasión de aportes y eliminar exenciones sectoriales.

6. Refundación del Estado argentino para tornarlo eficaz y transparente, desterrando la corrupción dominante, fruto de la apropiación del aparato estatal primero por ciertos grupos económicos y luego por el clientelismo político. La reforma del Estado debe recuperar su capacidad de proveer bienes públicos esenciales como educación, infraestructura, justicia, regulación de la economía, promoción del desarrollo económico, salud, seguridad, etc. En tal sentido, es fundamental profesionalizar la función pública, alinear la estructura organizativa del Estado con su nuevo papel, desburocratizar su gestión, aumentar su transparencia, introducir tecnologías que eleven su eficiencia y crear mecanismos institucionales de participación ciudadana y rendición de cuentas.

Finalmente, el crecimiento sostenido no será posible sin un sistema financiero que canalice los ahorros necesarios para la acumulación de capital reproductivo. Por ello, proponemos:

7. Transformación del sistema bancario en el instrumento de financiamiento de la actividad productiva genuina, en especial de las PYMES, para lo que será preciso transitar, en primer lugar, hacia una rápida eliminación de las restricciones para su funcionamiento normal y, en segundo término, hacia una consolidación de la banca estatal y cooperativa, creando instituciones financieras de fomento.

Afirmamos que de esta crisis saldremos antes que nada con el esfuerzo nacional. El apoyo externo puede ayudar pero no es cierto que sea imprescindible. En tal sentido, el mejor momento para discutir con los organismos internacionales de financiamiento y los acreedores externos los problemas del endeudamiento público será cuando este programa de acción esté en marcha produciendo pleno impacto. El Estado, más fortalecido, tendrá entonces una capacidad muy superior de negociar en defensa de los intereses genuinos de la sociedad argentina.

Cualquier otra opción no logrará más que acentuar la miseria, el atraso y la exclusión social. Nos referimos especialmente al espejismo de la dolarización, postulado como única política alternativa precisamente por aquellos que nos llevaron al desastre actual en su obcecada defensa de la Convertibilidad aun al costo de la depresión económica y la crisis financiera. Vale la pena recordar que las naciones soberanas tienen moneda propia. Y por una muy buena razón: la política monetaria es la herramienta fundamental para defender una estabilidad genuina basada sobre el crecimiento económico y no sobre el mantenimiento de paridades artificiales.

Grupo Fénix
Buenos Aires, 4 de marzo de 2002