| Por Carlos E. Díaz y Heber Ostroviesky |

La Argentina tuvo y aún tiene una industria editorial profesional e influyente. Su época de oro, con momentos mejores y peores, va de la década de los ’30, cuando ya hay un público disponible gracias a los masivos procesos de alfabetización de comienzos de siglo, al golpe militar de 1976. Llegó a ser la más poderosa del mundo de habla hispana cuando la española entró en crisis durante el franquismo, y durante mucho tiempo produjo las obras que formaron a distintas generaciones en toda América latina y España, lo que le permitió afirmarse como un polo de traducción y edición cada vez más especializado y prestigioso.

En la actualidad, la industria editorial argentina es, junto con la mexicana, la más importante de América latina, aunque está lejos de la española, que sin duda es hoy la más dinámica y pujante en lengua castellana (en 2012 se publicaron en la Argentina más de 26.000 novedades y en España, a pesar de la crisis económica que afecta al sector, 70.000).

A diferencia de lo que sucede en otros países del continente, la Argentina presenta ventajas determinantes a la hora de entender esta centralidad: una excelente red de librerías distribuidas a lo largo y a lo ancho del país, con grados “tolerables” de concentración y por ende con margen para que proliferen las librerías independientes, muchas de ellas especializadas en los temas más diversos; los niveles de lectura son razonables y hay una importante masa crítica de lectores (o sea, un mercado al cual dirigirse), de modo que proyectos editoriales más complejos y experimentales pueden desarrollarse y crecer. Luego, tanto la producción científica/ensayística como la de ficción son de alto nivel.

Todo esto, que puede parecer poca cosa, es muchísimo, sobre todo si se lo compara con otros países de la región, donde el panorama es en general menos alentador. En síntesis, tenemos una tradición editorial muy importante, que ha sido difícil de construir, que sigue siendo muy vital, y precisamente porque tenemos algo valioso que perder es necesario cuidarla.

Las sucesivas crisis económicas y la asfixia cultural decretada por las diversas dictaduras militares limitaron severamente el desarrollo del sector y empobrecieron la oferta editorial. El regreso a la vida democrática en 1983 posibilitó el inicio de la reconstrucción. Pero la crisis económica de 1989 y el modelo implantado en la década de 1990, cuyos efectos más nocivos sobre el mercado editorial se vieron con nitidez hacia fines de esa década, debilitaron aquella dinámica. Además de signos como la sensible disminución en el número de nuevos títulos publicados en el país, el auge de los libros de rotación rápida importados de España y la consecuente aparición de un mercado del libro de saldo, uno de los indicadores estructurales más contundentes fue el proceso de venta de sellos con larga tradición, y con fondos editoriales construidos durante décadas, a los principales grupos editoriales españoles.

El presente (y la necesidad de políticas públicas)

Pocos años después de la crisis de 2001, el mercado editorial mostró una rápida recuperación que se reflejó en la ampliación del número de títulos y ejemplares, así como en la multiplicación de nuevos sellos, sobre todo de pequeñas y medianas empresas que, en cierto sentido, contrapesaron la tendencia más marcadamente mercantil que se imponía en los grandes grupos editoriales.

En la década de los noventa se publicaban en promedio 11.000 novedades por año. La crisis de 2002 marcó el punto más bajo, con menos de 10.000, y a partir de 2003 (13.000 novedades) se advierte un sostenido repunte que llega hasta el presente, cuando rondamos los 26.000 nuevos títulos por año.

En lo que respecta a las características de las políticas del libro en la Argentina, y a diferencia de México o España, la edición se desarrolló con cierta independencia del Estado. Si bien es posible identificar distintos momentos y políticas de promoción y regulación del mercado del libro, podemos decir que en el largo plazo la edición argentina sobrevivió pese al escaso respaldo estatal y a una notable ausencia de políticas y legislaciones de sostén.

Vivimos tiempos de grandes cambios para el sector editorial: de las empresas familiares a los grupos de edición-comunicación; de tasas de rentabilidad en general bajas a empresas con accionistas que buscan la mayor rentabilidad, y sobre todo el pasaje de una economía de la oferta, orientada por diversos proyectos político-culturales, a una economía de la demanda en la que el descubrimiento del gusto medio del lector es entendido como la clave del éxito.

El mundo del libro (autores, editores y libreros) ha sido siempre relativamente frágil y al mismo tiempo muy valioso en términos simbólicos y económicos, por el trabajo y los recursos que genera, pero también porque es el principal vehículo de transmisión de conocimiento y de cultura en las sociedades modernas. Hoy los grandes grupos, que cada vez se vuelven más grandes, dominan la escena. Son empresas muy profesionales que quieren rentabilizar sus inversiones y, por lo tanto, sus decisiones editoriales están más orientadas por estos criterios económicos que por el valor literario o la solidez académica y ensayística que pueda tener la obra. Tienden a publicar entonces “lo que la gente quiere leer”. Justamente, la gran función que cumplen las editoriales “independientes” –independientes de esta lógica, se entiende– es ofrecer al mercado los libros que el mercado no quiere leer (o no sabe que quiere), corriendo el riesgo de apostar por autores y obras cuya recepción no está garantizada de antemano por las preferencias masivas. Esta es la mejor forma de generar nuevos y más lectores, y así se construyeron las mejores editoriales.

En 2001 se votó una ley importantísima que garantiza un precio único para el libro. Un mismo libro tiene idéntico precio final en Yenny o en Hernández, en una librería de Formosa o de Rosario. Esto es central para garantizar la diversidad de librerías, evitar las prácticas de competencia desleal en base al precio y favorecer el acceso igualitario a la oferta editorial. Pero desde 2002 hasta hoy prácticamente no hubo grandes políticas públicas orientadas al sector, si bien las grandes líneas de la política “macro” fueron centrales para este reverdecer que mencionamos antes (fortalecimiento del mercado interno y protección frente a los excedentes que los países centrales no pueden absorber, que vale también para los libros, sobre todo los españoles; aumento en el presupuesto educativo; creación del Ministerio de Ciencia y Técnica; paritarias, etc.). Sí hubo, entre las medidas más destacables e importantes, considerables compras de libros por parte del Estado, fortalecimiento de las bibliotecas populares, el Programa Sur de apoyo a la traducción de autores argentinos en el exterior. Pero estas iniciativas estatales no pueden considerarse proyectos estratégicos tendientes a asegurar las condiciones necesarias para que el mundo del libro mantenga su vitalidad y, sobre todo, su diversidad. El sector necesita que se trabaje sobre los problemas estructurales y sobre los desafíos que entraña el futuro. Apenas enumeraremos algunos, ya que han sido ampliamente tratados.

Los problemas históricos son varios. Entre ellos, los vinculados al IVA: el sector está exento de este impuesto, lo cual es muy positivo, pero no puede “descargar” el IVA que paga cuando compra insumos, sobre todo el papel, y por lo tanto pasa a ser un costo. Tengamos en cuenta que las editoriales podían descargarlo hasta 1999, cuando esto se modificó, lo que marcó un grave retroceso que en la actualidad también daña la situación de las librerías por el pago de IVA en los alquileres. Otra de las dificultades es la práctica extendida de la fotocopia y la piratería, que proliferan alegremente aunque sin haber alcanzado aún los alarmantes niveles de otros países de la región, donde hoy es impensable erradicarlas. En este sentido, es preocupante la confusión que existe, incluso en el ámbito de la Justicia o de la academia, entre gratuidad y democratización del conocimiento, ya que no termina de entenderse que el derecho de acceso al conocimiento es distinto de la gratuidad y de la vulneración de los derechos de los autores y editores. Estas prácticas, en el contexto actual, favorecen la declinación de la producción intelectual y editorial, contribuyen a la apropiación utilitaria de los conocimientos y no se basan en modelos alternativos para remunerar el trabajo de autores y profesionales del libro. Otro desafío es el diseño de planes efectivos, de largo aliento y que incluyan a los diferentes actores del mundo del libro para la promoción de la lectura. Por último, la reflexión desde el sector deberá apelar también a la imaginación para apuntalar las políticas que se reclaman. En este sentido, la política del precio final único no ha sido un estímulo para que los actores de la cadena del libro acuerden políticas de descuentos internos acordes con las ambiciones democratizadoras que mencionamos. Si, al momento de definir los descuentos para las librerías, resultan beneficiadas las que tienen mayor capacidad de compra y se ignoran aspectos cualitativos de la oferta cultural, las librerías más activas (con personal formado, capaces de ser verdaderas animadoras de la vida cultural de sus ciudades) se verán claramente perjudicadas.

El futuro de la librería, y de los editores que precisan de ella para recomendar y difundir sus libros, dependerá de su capacidad para trascender el rol exclusivamente comercial que la economía digital rediseña permanentemente.

El futuro inmediato (y la necesidad de políticas públicas)

Llegamos aquí al quid de la cuestión: el desafío digital. Hay una tendencia a ensalzar su potencial y a decir en cambio muy poco sobre las posibles consecuencias negativas que puede acarrear. Se trata de un proceso que se está iniciando y mucho de lo que se puede afirmar es provisorio, pero vale la pena poner el foco sobre algunos aspectos que deben ser atendidos cuanto antes.

Hasta ahora la cadena de valor del libro tiene tres instancias claras: la producción intelectual, la producción material y la distribución y comercialización. Pero en esta “nueva era” que se inicia, el tercer proceso, el de distribución y comercialización, se autonomizaría y pasaría a ser manejado por poquísimos actores, todos jugadores globales, que venderán tanto libros como música, películas y muchas otras cosas, y que no tendrán ninguna relación particular con el mundo editorial. De hecho, en los modelos que se están imponiendo, básicamente el llamado “googamap” (Google, Amazon, Apple), las librerías quedarán excluidas del negocio del ebook y libradas a su suerte.

El ebook es una realidad, aunque por el momento ha logrado niveles muy dispares de penetración: en Estados Unidos ha tenido éxito, a tal punto que algunas editoriales afirman que el 30% de sus ventas se realizan en ese formato; en Francia las ventas no llegan al 5% del total, y en América latina se encuentra en un estado apenas incipiente. En esta nueva etapa, los actores de los dos primeros procesos de la cadena de valor que mencionamos, los autores y los editores, mantienen su actividad incorporando los cambios tecnológicos. Pero lo que cambia radicalmente es la comercialización y promoción, que requieren enormes recursos económicos, conocimientos tecnológicos que se actualizan sin pausa y una capacidad de desarrollo que ninguna editorial, por grande que sea, puede afrontar. Por lo tanto, el mercado del libro, al menos el del ebook, estará manejado por un puñado de poderosas corporaciones con consecuencias que analizaremos en el próximo apartado.

Esta “revolución” llegó y tomó a todo el mundo desprevenido. Sin embargo, se trata de un proceso en curso, abierto y mutante, ya que todavía no se ha instalado un modelo de negocio claro y definitivo para el ebook. El campo que se abre es el gran desafío que tenemos por delante, y estamos obligados a hacer una reflexión profunda para tratar de que el camino que siga sea el más inclusivo posible. Para lograr ese objetivo, la colaboración entre el sector público y las empresas editoriales es la única estrategia con alguna posibilidad de éxito ante actores transnacionales que se disputan un negocio, pero también una capacidad inusitada para influir en la agenda pública mundial.

Un nuevo rol del Estado en el marco de la economía digital del libro

Algunos de los aspectos que venimos de señalar son claros indicios de una nueva situación, en la que la llamada revolución digital es sinónimo de nuevos criterios de jerarquización, promoción, distribución y acceso a la creación y el conocimiento. No se trata de rechazar las innovaciones tecnológicas ni las nuevas formas de edición, de escritura y de lectura. Pero insistimos sobre la necesidad de investigar, clarificar y regular la arquitectura económica y político-cultural sobre la que se apoyan los nuevos gigantes de la economía digital del libro y las nuevas industrias de “contenidos” culturales.

El desembarco del modelo “googamap” para la comercialización de contenidos digitales, o incluso la venta online de libros en papel, podría abrir el camino a una transformación “sin anestesia” de la comercialización. Con sólo leer las informaciones de los últimos años podemos hacernos una idea de los riesgos que entraña la irrupción sin regulaciones de estos actores.

La Justicia norteamericana condenó hace pocos años a Google por haber realizado la digitalización masiva de libros sin contar con autorización de autores ni editores, y en el mes de julio intimó a Apple para que anulara los acuerdos de distribución de ebooks, ya firmados con cinco grupos editoriales, acusando a la empresa de conformar un cartel ilegal que habría provocado una suba de los precios de los ebooks en Estados Unidos mediante una estrategia de competencia desleal. En Francia, el gobierno acaba de tomar nuevas medidas para apoyar a las librerías. La irrupción de Amazon en el mercado de la venta online de libros en papel ha representado un golpe tremendo para una de las redes de librerías más importantes del mundo. En Francia, la venta online de libros en papel representa actualmente el 17%, frente al 23% en librerías y otro 23% en las grandes cadenas. El Estado francés ha decidido apoyar al sector librero para la creación de un portal colectivo de venta online y para capacitar a los empleados en estrategias de comercialización digital. Por otra parte, la ADELC (Asociación de Apoyo a la Librería de Creación) ha recibido fondos para incrementar los préstamos sin intereses que otorga a las librerías, a cambio de capacitaciones en gestión comercial y acciones de promoción cultural. En Alemania, un fuerte conflicto sindical se ha desatado en los últimos meses contra Amazon debido a sus estrategias de contratación de personal temporario precarizado en las plataformas de distribución.

Frente a esta situación, el apoyo a la librería, pero también el apoyo a los editores para la digitalización de fondos sin necesidad de llegar a acuerdos con los nuevos gigantes de la distribución, ha sido asumido por los Estados de varios países. Por otra parte, países como Canadá han decidido modificar sus estrategias de apoyo al sector editorial con medidas concretas para los editores. Allí, estos presentan al Estado cada año su programa editorial y reciben subvenciones en función de su calidad y de la producción ya publicada. Estas ayudas se otorgan con límites por propietario, es decir, un grupo con múltiples sellos no puede recibir subsidios superiores a los que recibe una pequeña o mediana empresa con un único propietario.

Por otra parte, la digitalización impone una serie de reflexiones sobre el objeto y el sector económico que está en juego. Es por ello que varios países han conformado comisiones mixtas de la profesión junto con el Estado para evaluar y poner en práctica medidas que permitan prever las futuras transformaciones de la función editorial, las reconfiguraciones del sector económico así como los cambios en la lectura y en el acceso al saber. En el caso de Francia, la acción conjunta de la Biblioteca Nacional, el Sindicato de Editores y el Centro Nacional del Libro ha contribuido a la digitalización de más de 100.000 libros considerados como patrimonio, y por otro lado ha entregado ayudas a los editores para digitalizar los títulos con derechos aún vigentes que podrán consultarse y comercializarse a través de diversas plataformas digitales aún en estado de prueba. Por otra parte, el Centro Nacional del Libro –que se financia mediante un impuesto a la venta de aparatos de reprografía y fotocopias– ha apadrinado una serie de estudios y la creación del Consejo del Libro, cuya función es asesorar al Ministerio de Cultura en lo que se refiere a las transformaciones en la economía del libro, en el terreno jurídico, y en las necesarias adaptaciones de la política del libro en el nuevo contexto de desmaterialización de la economía.

Con el objetivo de anticipar la evolución de la oferta digital, varios países realizan estudios sobre temas diversos: cómo es el público lector de libros digitales, cómo facilitar el aumento de la demanda en ciertos sectores de ese mercado, cuáles serán las mejores condiciones tecnológicas y económicas para favorecer la aparición de una economía digital del libro que respete el derecho del lector y que permita promover obras de calidad y remunerar a quienes las producen.

Somos actores de una etapa cambiante y poco previsible en la que el Estado y los profesionales del libro deberemos trabajar colectivamente. De lo contrario, corremos el riesgo de transformarnos en meros proveedores de insumos que serán procesados, interpretados, difundidos y comercializados con criterios estrictamente mercantiles ajenos a nuestros deseos de autonomía intelectual y cultural.