| Por José Luis García |

En 1983, fase final del “Proceso de Reorganización Nacional”, un grupo militar, ajeno a esa dictadura, mantuvo enlaces reservados con dirigentes de partidos políticos prohibidos: peronistas, radicales e intransigentes. Apreciaron que la democracia se restablecería en algún momento y que, cuando ello sucediera, no sería prudente improvisar soluciones a la problemática militar, como había ocurrido al regreso de Perón.

De lo analizado por los militares, fundadores el 15 de noviembre de 1984 del CEMIDA, con los doctores Luder, Alfonsín y Alende, surgieron diversos cursos de acción que podrían ser tenidos en cuenta por el próximo gobierno constitucional. Algunos de ellos fueron: a) Pasar a retiro a todos los oficiales superiores en funciones, procesando a los acusados de cometer delitos y convocar a la actividad a oficiales superiores retirados, con antecedentes democráticos, para ocupar los puestos principales en cada una de las fuerzas. De la misma manera convocar a los jefes, oficiales y suboficiales separados a partir de 1955 a causa de sus convicciones legalistas. b) Procesar a los ejecutores de las órdenes que, al hacerlas efectivas, hubiesen cometido delitos. c) Procesar a las jerarquías superiores que llevaron al país a la Guerra de Malvinas en las condiciones en que ella se desarrolló así como también por su desempeño. d) Procesar a militares, en actividad o retiro, enriquecidos ilícitamente. e) Promover ante el Congreso nacional el juicio político por traición a la Patria a gobernantes de facto, civiles y militares, responsables de la destrucción socioeconómica del país. f) Si se removieran jueces, embajadores, etc., por falta de acuerdo previo en el Senado para su nombramiento, aplicar el mismo criterio con los militares así promovidos.

Como consecuencia de la derrota en la guerra del Atlántico Sur, sumada a la incontenible presión popular, en diciembre de 1983 finalizó la dictadura y asumió el presidente Raúl Alfonsín, iniciándose el proceso democrático. En el ámbito de la defensa nacional y de las Fuerzas Armadas, el gobierno decidió investigar las responsabilidades en la comisión de delitos durante la dictadura y para ello emitió el decreto 187 del 15/12/1983, creando la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep). Sobre la base de los delitos investigados por ella, se decidió iniciar el proceso legal de esclarecimiento con el juzgamiento de los altos mandos que integraron las Juntas Militares y luego continuarlos con el resto de las jerarquías. Ese juicio, en el cual participé como perito militar a requerimiento del propio tribunal, logró gran repercusión. Parecía que la democracia exigiría la total rendición de cuentas tal como se había considerado en la fase previa a la restauración democrática. Sin embargo, al haber dejado indemne al resto del aparato militar del “Proceso”, sus integrantes presionaron sobre el poder constitucional. Los oficiales superiores hicieron cesar las investigaciones judiciales de sus conductas, logrando que el gobierno diera instrucciones a los fiscales para ese cierre. Luego presionaron para que el gobierno propusiera al Congreso la sanción de la Ley de Punto Final, cuyos efectos dejaban al margen de posibles sanciones a la mayoría de esos oficiales de alta graduación sospechados.

Así, los únicos que corrían el riesgo de ser investigados y procesados eran los mandos subalternos, probables ejecutores de los delitos cometidos y que podían ser reconocidos por testigos de su accionar. Estos oficiales, a su vez, presionaron sobre los altos mandos, acusándolos de haberse salvado pero que a los subalternos los dejaban a disposición de la Justicia. Así nacieron los carapintadas, mandos medios insubordinados a sus superiores que comenzaron a amenazar al poder civil. Desataron un alzamiento generalizado y lograron la sanción de la Ley de Obediencia Debida que también les garantizó total impunidad. Otra vez el poder militar imponía su voluntad al poder civil.

Además, el gobierno había aceptado que el entonces Consejo Supremo de las FF.AA. juzgara las conductas de los responsables de la derrota de la Guerra de las Malvinas, imponiéndoles penas leves. Como manifestación de su poder constitucional, el gobierno nacional redujo el presupuesto militar, con lo que no hubo fondos para reponer el material perdido en la contienda y no se intentó ninguna reestructuración. También se produjo la caída de los salarios del personal en actividad y se dejaron de cumplir las previsiones de la ley para el personal militar con los retirados. Se consagró otra inequidad en los haberes al abonar con “suplementos no remunerativos” los salarios correspondientes al personal en actividad sin incluir a los retirados en esos pagos. Estas disposiciones salariales originaron una catarata de juicios por el incumplimiento de la ley y cuyas sentencias han originado problemas financieros que, hasta hoy, constituyen una rémora en la administración estatal. Otros problemas existentes en algunos ámbitos de la administración pública precipitaron la renuncia del doctor Alfonsín antes de que finalizara su período legal. Poco había cambiado en el sector militar. Se destaca la sanción de una nueva Ley de Defensa que anuló la de la dictadura y autorizó el empleo militar sólo contra la agresión de un enemigo exterior.

Así llegó el doctor Menem a la presidencia de la Nación. Al apoyo popular sumó el del sector militar de los carapintadas, quienes apreciaron que el nuevo gobierno se dejaría influir por ellos en el nombramiento de las nuevas autoridades castrenses. El mandatario se convirtió en el socio más confiable de los Estados Unidos en la región, implantando en lo económico el sistema neoliberal globalizado y en lo militar convirtiéndose en el más decidido seguidor de las previsiones que el SIAD (Sistema Interamericano de Defensa) imponía para Latinoamérica. Este sistema propugnó apoyar gobiernos civiles, “democracias de baja intensidad”, que controlarían al poder militar aceptando la jurisdicción y previsiones que el llamado Comando Sur de EE.UU. planificaba para nuestros países. Más aún, la Argentina sería elegida en 1997 por el Congreso de EE.UU. y a pedido del presidente Clinton como el único Gran Aliado Extra-OTAN de la región.

Este alineamiento con EE.UU. impidió la preponderancia de militares de extrema derecha en el sistema militar, situación que enemistó a Menem con sus aliados carapintadas. No tardaron en alzarse en armas contra el presidente, quien recurrió al general Balza, jefe del Estado Mayor del Ejército, para neutralizar la sublevación. Este, al frente de un contingente de personal subalterno, sofocó a los revoltosos y los encarceló, poniendo fin a todo otro intento militar de presionar contra el poder constitucional. Para afianzar su prestigio ante el sector militar remanente, Menem dictó una amnistía generalizada para todas las condenas contra los represores militares del “Proceso”, incluyendo en ella a las emitidas en la causa Malvinas; pero no a los carapintadas.

La nueva operatoria militar se basó preferentemente en cumplir las exigencias que impuso nuestra nueva condición de Gran Aliado Extra-OTAN, lejos de cualquier alianza regional que no fuera la implantada por el TIAR. Ello aseguró al gobierno que sus aliados le resolvieran los problemas de equipamiento y armamentos requeridos para actuar en otras zonas de operaciones. Así se explica nuestra presencia en Kosovo, en Chipre, y el compromiso de tener alistada permanentemente una compañía de paracaidistas en la ciudad de Córdoba en aptitud de ser trasladada, con un preaviso de 24 horas, a cualquier lugar del orbe como integrante de la Fuerza de Reacción Rápida de la OTAN. Lo que no se reestructuró fue el resto del propio sistema de la defensa y se mantuvo constante el problema presupuestario y salarial. Lo destacable fue la necesaria suspensión del Servicio Militar Obligatorio en los términos en que estaba organizado, aunque no se articuló ninguna previsión para disponer de reservas instruidas, las que, como consecuencia de esa medida, quedaron disminuidas. Concordantemente con su política económica de privatizar todo lo estatal, eliminó el Sistema Industrial Militar de Producción para la Defensa organizado a través de los años por Fabricaciones Militares, merced al esfuerzo de los presidentes Yrigoyen, Alvear y Perón con el apoyo de los generales Mosconi, Savio, Baldrich, el brigadier San Martín y muchos otros. Pero peor fue lo que perdió el país al liquidarse su aparato productivo industrial, lo que sumado a una deficiente gestión, desencadenó una crisis que, continuada por los gobiernos subsiguientes de los doctores De la Rúa y Duhalde, casi nos hacen desaparecer como nación.

El 25 de mayo de 2003 asumió la presidencia el doctor Néstor Kirchner. Durante los primeros años de su gobierno intentó reconstruir el sistema productivo del país, formulando un modelo económico-social distinto del que habían seguido los gobiernos precedentes. Este nuevo modelo requirió, para concretarlo, la unidad con gran parte de América latina. Para ello se logró vitalizar primero la vigencia del Mercosur; luego la constitución de la Unasur e iniciar, con sus aliados, gestiones para la ampliación hacia la CELAC. Así hubo avances en lo económico y social, por la fortaleza que brindó la acción conjunta. Esta reconstrucción reclamó máxima atención y los problemas de la defensa quedaron postergados. El 24 de marzo de 2004 el presidente de la República asistió a una ceremonia en el Colegio Militar de la Nación observando que en los lugares de honor del salón de recepción estaban presentes los cuadros de los ex generales Videla y Bignone, claros responsables del terrorismo de Estado. De inmediato ordenó al jefe del Ejército que los eliminara. Seguramente apreció que, con semejantes modelos, el sector militar lejos estaba de integrarse al nuevo sistema democrático que se proponía. Ya al asumir su mandato había enviado al Congreso nacional sendos proyectos de ley para dejar sin efecto las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, así como los indultos de Menem. Las leyes fueron anuladas por el Congreso el 21 de agosto de 2003, y los indultos lo serían, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 13 de julio de 2007, al no haber logrado el quórum necesario en el Congreso nacional. De esa manera se continuaron los juicios contra los responsables de instalar el terrorismo de Estado y las nuevas generaciones militares, con nuevos mandos, quedaban en condiciones de colaborar en la reconstrucción del país, su defensa nacional y sus FF.AA.

Se inició entonces una serie de tareas de reestructuración que han sido poco difundidas, y que hemos investigado en el CEMIDA. Se comenzará con un análisis de la Resolución 1633/2010 del Ministerio de Defensa por la cual se aprobó una matriz común para la estructura orgánica funcional de la conducción superior de las FF.AA. Ella resume los contenidos de las leyes 22.520, 23.554 y 24.498 y los decretos 438/92, del 12 de junio de 2006, y el 1.691, del 22 de noviembre de 2006. El artículo 21 de la ley 23.554 determinó que la organización y el funcionamiento de las FF.AA. debían inspirarse en criterios de organización y eficiencia conjunta, unificándose las funciones, actividades y servicios cuya naturaleza no sea específica de una sola fuerza.

Además el artículo 5 de la ley 24.948 estableció que tanto en las previsiones estratégicas como en la organización, equipamiento, doctrina y adiestramiento de las FF.AA. se debía dar prioridad al accionar conjunto y a la integración operativa. El artículo 8 de esta ley prescribe que en la nueva organización a definir se deberán suprimir comandos intermedios carentes de finalidad práctica, y que se deberán reducir al mínimo y normalizar las estructuras administrativas y burocráticas de las fuerzas, además de procurar la máxima integración y estandarización del conjunto de reglas, procesos, procedimientos, funciones, servicios y actividades relativos al uso o empleo eficiente de los medios militares, y que las FF.AA. estarán dedicadas a alistar, adiestrar y sostener sus medios.

El decreto 1691/2006, Directiva de Organización y Funcionamiento de las FF. AA, determinó que el carácter conjunto del instrumento militar involucra a la doctrina, el planeamiento, el diseño de fuerzas, el adiestramiento y la operación militar propiamente dicha, razón por la cual insta al avance en la elaboración del Planeamiento Estratégico Militar y de las readecuaciones necesarias de las estructuras orgánico-funcionales de las fuerzas. Por ello se acordó una matriz común para la estructura orgánico-funcional de la conducción superior de las FF.AA., la que, aplicada a la realidad de cada fuerza, deberá imponer que sólo las especificidades ciertas justifiquen un apartamiento de un modelo homogéneo y que resulta oportuno adaptar y adoptar principios y criterios generales de organización aplicados a la administración pública nacional que no atenten contra la eficacia y los imperativos particulares de la función militar. Para ello se consideró la propuesta del Estado Mayor Conjunto, que no implicó drásticas modificaciones en la creación o supresión de organismos, sino más bien ordenamientos para definir con mayor claridad, en los tres estados mayores generales, los responsables primarios del sostenimiento, alistamiento y adiestramiento (un solo comandante por fuerza), agrupando las funciones de sostenimiento (personal, material, educación, salud, etc.) en una dirección general para cada área.

Por ello el Ministerio de Defensa resolvió: 1) Aprobar una estructura orgánico-funcional de la conducción superior del Estado Mayor General del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea y que las organizaciones inferiores sean completadas por cada Estado Mayor General. 2) Disponer la entrada en vigencia de las estructuras orgánico-funcionales aprobadas para el día 1º de enero de 2011. Para ello, se instruyó a los jefes de Estado Mayor General de las FF.AA. a adecuar la doctrina y reglamentos de sus organizaciones correspondientes. 3) Instruir al jefe del Estado Mayor Conjunto de las FF.AA. para adecuar la doctrina básica conjunta en función de los criterios de estandarización acordados en la matriz común de la estructura orgánico-funcional de la conducción superior de ellas. 4) Establecer que las modificaciones a las estructuras orgánico-funcionales deberán ser dispuestas por resolución ministerial. Se determinó que los jefes de los Estados Mayores conservarán la atribución de adecuar las unidades organizativas inferiores, informando previamente al Estado Mayor Conjunto y al Ministerio de Defensa del ejercicio de esta facultad.

Actualmente las FF.AA. ya han adecuado sus organizaciones de acuerdo con estas previsiones y el futuro dirá de su conveniencia. Las estructuras fracasadas durante el conflicto en el Atlántico Sur quedarán en el olvido. Siempre se señaló la necesidad de efectuar cambios estructurales profundos, no sólo en la mentalidad y contenidos de la educación de los cuadros de las FF.AA., sino también en todo lo que hace a la modernización, organización, procedimientos de instrucción, equipamiento y nuevas técnicas de conducción para ellas, a fin de no sólo capacitarlas para operar sujetándose a las normas nacionales e internacionales que rigen la conducta de los contingentes militares para asegurar el absoluto respeto de los derechos humanos, sino también de la toma de conciencia y adaptación a los requerimientos surgidos de las nuevas amenazas existentes en el ámbito nacional y en el regional y que se tendrán que enfrentar ya sea aisladamente o en conjunción con nuestros aliados de la región. Para el logro de estos fines fue fundamental efectuar la reglamentación de la Ley de Defensa Nacional, lograda en el año 2006, así como la puesta en marcha de las Directivas emanadas del Ministerio de Defensa, en especial la resolución ministerial 574, que originó a la comisión ad hoc de Asuntos para Modernizar el Sistema Doctrinario de Defensa, y la resolución 1633/2010, que aprobó la matriz común para la estructura orgánica funcional de la conducción superior de las FF.AA.

De esta manera cada una de las fuerzas no sólo reestructuró su organización, sino que adecuó su doctrina de empleo para facilitar el accionar de las nuevas estructuras de combate que pueden requerir la formación de fuerzas de tareas conjuntas, que se organizarán de acuerdo con la misión por cumplir, y que agrupan efectivos de las tres fuerzas, las que, una vez cumplida su misión, se reintegran a sus unidades de origen. En lo que se refiere a lo regional, es una tarea que está encarando el Consejo Suramericano de Defensa y que parece estar convenientemente encaminada para superar a la arcaica OEA, al TIAR y al SIAD (Sistema Interamericano de Defensa) con sus organizaciones de tan malos recuerdos, entre ellas la Junta Interamericana de Defensa, el Comando Sur y la “Escuela de las Américas”, las aún vigentes reuniones de los comandantes de las FF.AA. regionales, y el despliegue de bases militares norteamericanas y de la OTAN, siempre próximas a nuestros recursos naturales estratégicos, así como la tolerancia, y muchas veces apoyo a la existencia de enclaves coloniales militares tales como Malvinas, Georgias, Guantánamo, Aruba, Curaçao, Vieques (Puerto Rico) y otros, en nuestros territorios.

Un resultado de estas actividades, que verifican el cambio operado en el orden nacional, se evidenció con la realización del ejercicio militar conjunto organizado por el Ministerio de Defensa bautizado UNIDEF 2011 (Unidos Para la Defensa) en el área de Bahía Blanca en septiembre de 2011, y que involucró a los nuevos efectivos militares de nuestro país. En resumen la agencia de noticias DyN informó: “Cerca de 3.800 efectivos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de la Argentina participaron de esta maniobra. Se trató de un ejercicio donde en forma coordinada se pudo observar el gran poderío de fuego disparado desde corbetas y destructores de la Armada y de distintas piezas de artillería y bombas lanzadas desde aeronaves. En el ejercicio participaron efectivos que realizaron operaciones defensivas, anfibias, de conexión y contraataque. Fue el primer entrenamiento de guerra con un gran despliegue organizado por el nuevo Comando Operacional de las FF.AA., creado en 2006 por la reglamentación de la Ley de Defensa Nacional 23.554”.

Luego de sucesivas ejercitaciones, que se han ido realizando, se consolidarán las nuevas estructuras orgánicas y surgirán las necesidades de reequipamiento imprescindible en el sector. Ellas serán la resultante de las conclusiones que surjan de las exigencias de reequipamiento para prevenir la agresión de un adversario, con capacidades diferentes a las propias, que amenace a la población y a los recursos naturales estratégicos del país, con el requisito de que su fabricación y mantenimiento se haga en el país con la única colaboración regional. Una medida en esa dirección fue restituir Fabricaciones Militares a la órbita del Ministerio de Defensa. Quizás el indicador más importante de las transformaciones ocurridas sea la inédita propuesta que el Ejército elevó al Ministerio de Defensa en septiembre de 2005, previamente a la reestructuración. Encabezada por la frase “Nuestra misión es controlar y defender grandes espacios terrestres dotados de abundantes recursos”, esta propuesta, poco divulgada, se basó en la necesidad de adecuar toda la estructura existente a las exigencias del siglo XXI.

Además de un diagnóstico sobre el estado del Ejército se elaboraron escenarios prospectivos de los marcos mundial, regional y nacional, con un horizonte a veinte años a fin de detectar las probables amenazas por enfrentar, así como las contribuciones que la fuerza podría ofrecer al Sistema de Defensa Nacional. En extrema síntesis expresó: “El desafío será el de defender y controlar grandes espacios terrestres dotados de ABUNDANTES RECURSOS y para ello el Ejército deberá estar en capacidad de ejecutar operaciones militares que pueden llegar a ser DISTINTAS A LAS DE LA GUERRA COMÚN, adaptando para ello su equipamiento, organización y doctrina”. Los detalles de la propuesta se omiten por razones de espacio y se pueden consultar en forma completa en la página web del CEMIDA (www.cemida.com.ar). Otra propuesta similar fue la que elevó al gobierno nacional la recientemente organizada, por jóvenes mujeres y hombres argentinos, Federación Popular del Transporte Argentino Eva Perón. Ella ya está produciendo resultados concretos con la rehabilitación de los Astilleros Navales de Río Santiago. Se ha planificado todo un sistema integrado de transportes, vital para la defensa nacional. Los detalles pueden obtenerse en nuestra mencionada página web. Resta la solución de los problemas presupuestarios y salariales heredados, aunque en el próximo presupuesto se ha destinado las primeras partidas para el reequipamiento y el problema salarial se está intentando recomponer, aunque no con la profundidad y rapidez que la situación existente requiere.

Lo importante es que, luego de tantos años, se ha planificado y se está ejecutando un Plan de Reestructuración y Equipamiento de las FF.AA. de la Nación. Ahora con la colaboración inédita del Ejército y con el propósito de efectuarlo en conjunción con nuestros compatriotas de Latinoamérica y el Caribe, con nuevas hipótesis de conflicto, que permiten la defensa contra un agresor externo que amenace a nuestros ciudadanos, nuestros territorios y sus recursos naturales estratégicos. A ello se ha sumado el invalorable aporte que el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea ha hecho al ministro de Defensa, al entregarle 1.500 biblioratos encontrados en el sótano de su comando con información contenida en las actas de las reuniones de las “Juntas del Proceso”. Ello permitirá dilucidar aspectos de las actividades de la dictadura, de gran valor para las investigaciones militares, políticas, económicas y jurídicas, que podrán acelerarse.

Para contrarrestar los esfuerzos de los Estados Unidos que intentan dar nueva vigencia a los componentes del SIAD, tales como la Junta Interamericana de Defensa, los cursos de la renacida Escuela de las Américas, las reuniones de los jefes militares latinoamericanos en la sede del Comando Sur, la instalación de nuevas bases militares de EE.UU. en nuestros territorios, las ilegales incursiones de su IV Flota en nuestros mares y ríos y los continuados esfuerzos de esa arcaica Junta para restituir las misiones de nuestras FF.AA. en la seguridad interior de nuestros países. Resultará también imprescindible independizarse del SIAD y para ello cesar nuestro reconocimiento de la vigencia del TIAR y dejar de participar en ejercicios combinados de nuestros militares con efectivos del Comando Sur de EE.UU., tales como los “UNITAS” en el ámbito naval, y evitar nuestra presencia, como se resolvió ante el “CRUZEX -2013”, en el ámbito aéreo.

¿Algún día quedará claro por qué, ante cada contienda electoral, estas cuestiones de la defensa nacional y de las FF.AA. no se tratan, se discuten y se difunden en las propuestas de los partidos políticos, tanto oficialistas como opositores?