| Por Catalina Toro Pérez |

Ley 134 de 1994. “Artículo 8o.- Consulta popular. La consulta popular es la institución mediante la cual, una pregunta de carácter general sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local, es sometido por el Presidente de la República, el gobernador o el alcalde, según el caso, a consideración del pueblo para que este se pronuncie formalmente al respecto. En todos los casos, la decisión del pueblo es obligatoria”.

Hace dos días tuvimos el privilegio de acompañar a las comunidades campesinas en el Tolima en su voto masivo en contra del proyecto de exploración minera que se viene adelantando en la zona de la Reserva Forestal Central, enlazada con cuatro parques nacionales naturales (Los Nevados, Nevado del Huila, Las Hermosas y Purace), en el municipio de Cajamarca. El proyecto de explotación de gran minería a cielo abierto La Colosa, de la empresa Anglo Gold Ashanti, se presenta como una de las potenciales minas de extracción de oro más importantes de América latina, según lo anunciara el expresidente Uribe Vélez, quien otorgó los títulos mineros desde 2010.

No es la primera vez que se logra que un municipio –en este caso, productor de más del 52% de alimentos (primer productor de arracacha, café, frijol, arveja, maíz, frutales y hortalizas), considerado la “despensa agrícola” de Colombia y, a su vez, depositario de una “estrella hídrica” que surte al distrito de riego Usocoello, del cual se benefician muchísimas personas– se pronuncie negativamente frente a un proyecto extractivo de esta envergadura. Ya en 2013 el municipio de Piedras, también en el Tolima, había dicho “No” a las actividades de minería aurífera. El 16 de diciembre de ese mismo año, comunidades de siete veredas en Tauramena, Casanare, también se pronunciaron negativamente frente a las actividades de sísmica que se pensaba adelantar en el marco del proyecto Odisea Tres D, que la agencia nacional de hidrocarburos le había entregado a la agencia colombiana de petróleo Ecopetrol. En 2011, los habitantes del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina les dijeron “No” a las actividades de exploración y explotación petrolera marina que estaban ya concesionadas a Repsol, YPF y Ecopetrol. Recientemente, el municipio de Cabrera, Cundinamarca, en la zona del Sumapaz, también dijo “No” a los proyectos mineros y/o hidroeléctricos que puedan transformar o afectar el uso de suelo, el agua y la vocación agropecuaria del municipio, después de realizado un Cabildo Abierto.

El gobierno nacional, con Santos a la cabeza, se desespera ante la posibilidad de que su locomotora minero-energética, uno de los fundamentos de su política económica, hoy en crisis, se descarrile frente al voto popular. En el marco de las estrategias de políticas de crecimiento económico mediante la inversión extranjera, una de las actividades agenciadas en el país durante los últimos quince años está constituida por la gran y mediana minería a cielo abierto, los proyectos de fracturación hidráulica y la explotación marina de petróleo y de gas, en detrimento de los territorios megabiodiversos, productores de bosques, agua, oxígeno, así como de las economías campesinas productoras de alimentos, convirtiendo al país en un escenario de fuertes conflictos socioambientales.

Estas políticas se adelantan en un contexto de crisis ambiental y crisis climática, a una escala sin antecedentes que, para el caso de los ecosistemas de los países andinos, y particularmente para el caso colombiano, generan desastres ambientales y sociales de inusitada magnitud, como pueden dar cuenta la explotación minera de Cajamarca en Perú y el Cerrejón en Colombia, que avanzan destruyendo territorios campesinos, afros e indígenas, territorios de vida, y provocan grandes impactos en las estructuras socioeconómicas, generando, a su vez, nuevos éxodos de poblaciones ancestrales que históricamente han construido los territorios y conservado el medio ambiente como base de sustento de la vida y la biodiversidad.

Esta semana, los diarios colombianos anuncian –respondiendo a las redes sociales, que celebran el “No” de Cajamarca– que las consultas populares pueden frenar el desarrollo del país. La Asociación Colombiana de Minería asegura que esto causa molestias al sector, debido a que se profundiza la inseguridad jurídica ya existente. Según el ministerio de Minas, está en riesgo la “confianza inversionista” y se acusa a las comunidades de estar en contra del interés nacional. Para ellos, los derechos adquiridos de las multinacionales no están en peligro con estas consultas, por lo que –dicen–, a pesar de los resultados de las consultas populares, estos proyectos deben continuar. La academia colabora: una “experta” profesora en derecho minero, de las universidades Externado y Andes, defiende una supuesta “inconstitucionalidad” de las consultas populares y las mismas autoridades ambientales, entre ellas el ministro del Medio Ambiente y la directora del Instituto Von Humboldt, advierten sobre la ilegalidad de la consulta popular. Declaraciones que harían revolver en su tumba al mismo Alexander Von Humboldt, en cuyo nombre se justifica la megaminería a cielo abierto.

El Estado, las empresas transnacionales y las comunidades locales: ¿en defensa del interés nacional?

El debate está candente. Frente a aquellos que dicen defender la Constitución nacional y los derechos adquiridos de las multinacionales, la organización Dejusticia se pronuncia, citando la misma ley 134 de participación política:
“La decisión que toma la ciudadanía en una consulta popular es vinculante y obligatoria. La ley establece de forma clara que si la votación en la consulta supera el umbral (un tercio del censo) la decisión que obtenga la mitad más uno de los votos válidos debe respetarse y materializarse. Si se cumple con esos requisitos, el Concejo Municipal está obligado a tomar las medidas que se requieren para hacer efectiva la decisión del pueblo. Entonces, si el pueblo se manifiesta en contra de las actividades mineras, el Concejo Municipal (y en última instancia el alcalde) está obligado a tomar las medidas necesarias para prohibir la minería” (Dejusticia: 2017, Núm. 1).

Aludiendo a la interpretación de “inconstitucionalidad” de la consulta popular decretada por el sector minero, Dejusticia aclara que la sentencia del Consejo de Estado no ha declarado la inconstitucionalidad de la consulta minera que se va a adelantar próximamente en Ibague, la capital del Tolima, consulta que se espera –por las enormes movilizaciones en esta capital– tendrá los mismos resultados de las consultas referenciadas más arriba. Por otra parte, aclara, con las debidas sentencias, que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han reconocido que “ni los contratos de concesión minera ni las licencias ambientales constituyen derechos adquiridos” (Dejusticia: 2017, Núm. 9), es decir, estos contratos son situaciones jurídicas “susceptibles de modificaciones en el futuro, y aun de ser extinguidas por obra de la voluntad legislativa en aras del interés supremo de la colectividad”. Esto quiere decir que la sola existencia de un contrato de concesión no impide al Estado “limitar, condicionar o prohibir la actividad objeto de la concesión” y, respecto de las licencias ambientales, sostiene que la Corte se ha pronunciado: “El hecho de que el Estado haya otorgado una licencia ambiental para llevar a cabo una actividad extractiva no es óbice para que el mismo Estado prohíba la realización de tal actividad, con posterioridad a su expedición” (Dejusticia: 2017, Núm. 10 y 11).

Por lo tanto, los proyectos atañidos por una consulta popular sí pueden ser afectados cuando la finalidad es la protección del ambiente, máxime cuando la Corte ha definido, también recientemente, el concepto de Justicia Ambiental. En este sentido, la participación de los residentes afectados sobre las decisiones que afectan su ambiente y su salud, así como sus preocupaciones en general, deben ser tenidas en cuenta y ser susceptibles de influir en las decisiones que los involucran (Sentencia T-704,12/13/16).

La estrategia: Carnaval y movilización en el Tolima

En la Colombia de hoy, en medio del proceso de implementación del proceso de paz que ha tenido sus altibajos precisamente porque se condicionó la negociación gobierno-FARC a evadir la discusión sobre el modelo de desarrollo, la política minero-energética y las relaciones internacionales, son justo estos tres aspectos los que se ven fuertemente cuestionados en las calles, los campos y los centros urbanos, en la defensa de los bienes comunes: el agua, la alimentación, el aire, en fin, la subsistencia de nuestra nación. ¿No debiera ser ese, justamente, el interés nacional?

En un país en guerra, en el que mueren todavía jóvenes líderes sociales, las mujeres que lideran el retorno a sus territorios de origen y luchan por la recuperación de las semillas y el conocimiento ancestral –y, en general, aquellos que sueñan con un país más justo– se han planteado nuevas estrategias de resistencia y repertorios de acción, como los del ecologismo-popular con vocación –como diría Maristella Svampa– eco-territorial. Las mujeres en la Guajira y la Toma Cauca, el sur del Tolima, en el Archipiélago caribeño, en el Cinturón de Oro de Antioquia, han mostrado nuevas estrategias de lucha, al mismo tiempo construyendo alternativas concretas al modelo extractivista, capitalista, patriarcal dominante en el país. Jóvenes líderes, profesores y estudiantes de la Universidad del Tolima se ingeniaron una marcha Carnaval que incluyó elementos de convergencia colectiva en la fiesta, los disfraces, globos, pancartas, tambores, redes sociales, utilizando estrategias pictóricas, literarias, posibilitando un entramado de apuestas y propuestas de inclusión social y cultural que terminó convirtiéndose en un movimiento, este sí, de carácter nacional. A través de la construcción de una gran pedagogía cultural, convergieron múltiples sectores económicos, sociales y culturales. Frente a los lemas “No a la mina”, propusieron otras formas de enunciación: “La vida vale más que el oro”.

En la construcción de un diplomado ambiental gratuito, se desarrollaron talleres de agroecología, derechos ambientales, estudios integrales de impacto social, cultural y ambiental de grandes megaproyectos, en veredas, municipios, a pie. A ellos se vincularon profesores de diversas universidades colombianas, de América latina, incluso de Europa, que se comprometieron gratuitamente con una estrategia de sana pedagogía sobre justicia ambiental, social y territorial. Desde 2011, una activa y decidida campaña logró concretar las movilizaciones que presionaron a los alcaldes a consultar a la comunidad frente a este poderoso megaproyecto que definirá el futuro de ellos, de nosotros y de nuestras generaciones.

Pero ello también se debió a la propuestas concretas de alternativas que abrieron un mundo de lo posible: las escuelas agroecológicas mostraron que se puede vivir bien, o mejor, bien vivir, a través de la transformación de la tan antigua categoría “modo de producción capitalista” –base del sustento y, para muchos países, base de la seguridad nacional– en términos del control y la producción de una manera sostenible de alimentos de manera consciente y coherente con los ecosistemas ecológicos y culturales.

Este proceso de movilización, inspirado indudablemente por las consultas populares que iniciaron la resistencia a megaproyectos en el Cono Sur, como la experiencia de Esquel en la Argentina, alentó y amplió las redes de resistencia entre los movimientos de México, Centroamérica y el Caribe con los andinos y los experimentados movimientos sociales del Cono Sur. Este es el nuevo tipo de resistencia al capitalismo extractivista, que no tiene distingo tanto en los regímenes denominados progresistas “neoextractivistas” como en aquellos que, como en el caso colombiano, muestran su enorme dependencia al capital transnacional extractivo en el contexto del “post conflicto” (lo que constituye su gran contradicción como posibilidad real para superar las condiciones estructurales de nuestra continua guerra).

Los procesos de resistencia a la gran minería y, en general, al modelo extractivista, que crecen y se articulan en Colombia y en América latina, tienen en común un llamado a la defensa del territorio, la cultura y el ambiente en función de fortalecer la soberanía, la autonomía alimentaria y la salud de todas las poblaciones. También coinciden con las propuestas de articulación de comunidades indígenas, afros, raizales, urbanas, campesinas, de mujeres y de estudiantes en la defensa de los derechos humanos, económicos, ambientales y culturales, contra los procesos de expropiación y saqueo que, en Colombia, empiezan a expresarse de manera más dramática en términos de la criminalización de la protesta, en comparación con lo que ocurre en los demás países del continente. Ante la geopolítica del poder energético, surge la necesidad de una geopolítica de la autonomía de los pueblos, que permita defenderse de las prácticas de saqueo existentes desde la Colonia, preservar los ecosistemas y pensar en una mejor forma de vivir para todos los colombianos. Por ahora, la valiente expresión del campesino proveniente de la despensa agrícola de Colombia que decidió, con un 97,9% de los votos, que en su suelo no se adelanten más proyectos mineros, nos llena a todos de esperanza.