| Por Silvina Ramírez |

En el escenario constitucional latinoamericano, sin lugar a dudas, las Constituciones de Ecuador y de Bolivia representan hoy un punto de inflexión, un antes y un después, para el reconocimiento y la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Si bien ya desde fines de los ’80 las Constituciones latinoamericanas incorporan cláusulas de reconocimiento de distinta envergadura (es el caso de la Argentina, que en la reforma constitucional de 1994 en su artículo 75 inc. 17 reconoce, entre otros derechos, la preexistencia de las comunidades indígenas), las mismas siempre se presentan como insuficientes para garantizar las reivindicaciones, plasmadas en derechos, de los pueblos indígenas.

Son las últimas Constituciones latinoamericanas en aprobarse (primero la Constitución de Ecuador de 2008, en segundo lugar la Constitución de Bolivia en 2009, ambas a través de un referéndum popular) las que se presentan como más potentes para los pueblos indígenas. A una multitud de derechos que contemplan, incorporan algunas cuestiones novedosas, tales como el Tribunal Constitucional Plurinacional en Bolivia, o los derechos de la naturaleza en el caso de Ecuador. Estas Constituciones pueden ser adjetivadas como “progresistas” si por este concepto entendemos el pluralismo en su concepción y su pretensión de construir genuinos Estados igualitarios e inclusivos.

Es así como a partir de la vigencia de estas Constituciones tan robustas en relación a los derechos de los pueblos indígenas, estos países (y otros con Constituciones más austeras en cuanto al reconocimiento, dentro de las cuales se encuentra la Constitución argentina) han optado por llevar adelante una política económica que se basa en la explotación de recursos naturales, y en la exportación de materia prima, siguiendo una continuidad histórica en donde su calidad de países agroexportadores ha marcado el perfil de los Estados latinoamericanos.

La paradoja es más que evidente. Por una parte, los derechos de los pueblos indígenas son relevantes para los Estados desde el momento que los reconocen y los incorporan como sujetos políticos del Estado. Por otra parte, la economía del país en gran medida –y es lo que expresan claramente sus referentes políticos– está basada en la explotación de los recursos naturales. Soja, petróleo, minerales, son todas materias primas muy deseables para los Estados, que utilizan la renta que producen –cuando la producen– para costear planes sociales, que a su vez forman parte de su agenda de gobierno, una agenda en donde las políticas sociales ocupan un lugar central.

La situación de desprotección de los derechos de los pueblos indígenas, entonces, se profundiza por la necesidad de llevar adelante otros planes sociales para construir viviendas, mejorar los servicios de salud, asegurar la educación, todos ellos centrales para amplios sectores de la población. El caso boliviano tal vez sea el más evidente y paradigmático. Un país con un presidente indígena, con una Constitución extremadamente protectora de las comunidades y pueblos indígenas, ha encontrado en la explotación de los recursos naturales su talón de Aquiles.

A su vez, las divergencias internas entre los diferentes pueblos indígenas están generando un desafío al Estado difícil de afrontar. Las diferentes lógicas económicas tanto de indígenas como de no indígenas, así como también las diferentes formas de producción de los pueblos de tierras altas y los de tierras bajas están generando tensiones en un Estado autodenominado plurinacional. Esto mismo sucede en el resto de la región, lo que vuelve incierto el futuro de los modelos de desarrollo hoy prohijados por países como Ecuador y la Argentina, que han definido que las actividades extractivistas son su principal fuente de manutención.

En la Argentina, la realidad no es tan diferente a lo que sucede en Bolivia. Con las enormes diferencias que los separan (que tienen que ver, nada más ni nada menos, que con organizaciones indígenas muy fortalecidas en Bolivia, con su presidente indio, con una Constitución que hoy es notable para la defensa de los pueblos indígenas), las políticas de gobierno tienden a privilegiar la explotación de los recursos naturales por sobre los derechos territoriales de los pueblos indígenas.

Este avasallamiento de sus derechos, a pesar del reconocimiento normativo en los instrumentos jurídicos internacionales y en la Constitución, genera en la actualidad una multitud de conflictos que tienden a agravarse. A pesar de que existe una ley que prohíbe los desalojos hasta tanto se lleve adelante un reordenamiento territorial, lo cierto es que estos (verdaderos despojos que recuerdan otros episodios de nuestra historia) siguen produciéndose; las empresas transnacionales se han convertido en un actor central que amenaza las garantías que se habían conseguido en la dimensión normativa.

Otra vez, los derechos declamados son violados bajo el argumento de la necesidad. Necesidad de generar más recursos (en el caso de emprendimientos megamineros, recursos que no existen porque lo que dejan al país en materia de impuestos es mínimo), de contar con más combustible frente a la crisis energética (así, hoy, la técnica del fracking para la explotación de petróleo no convencional se suma a otros métodos de explotación, aunque agravado por los efectos que produce. Se debe inyectar agua, arena y químicos a grandes profundidades para provocar la fractura y así liberar el gas. Los estudios ambientales dan cuenta de lo contaminante que es para los territorios), de ampliar la frontera agropecuaria para la siembra de soja, para generar más ingresos al país.

Este estado de situación genera la imperiosa necesidad de reflexionar sobre las alternativas al desarrollo, para encontrar un modelo que pueda combinar protección de derechos (de los pueblos indígenas pero también de derechos sociales) sin tener que pagar el costo de arrasar con los así llamados “bienes comunes naturales” que son imprescindibles no sólo para los pueblos indígenas, sino también para todos los habitantes y ciudadanos de un Estado, y para las generaciones futuras.

Sin embargo, algo que a primera vista parece razonable no lo es, dado que en toda América latina los conflictos por las actividades extractivistas se encuentran a la orden del día. Lo cual hace surgir un conjunto de interrogantes: ¿es imposible pensar otra forma de consumo? ¿Sólo generando un cambio radical en el sistema económico actual, superando por ejemplo el capitalismo, será posible gestar otro modelo de desarrollo? ¿Por qué las nuevas Constituciones se autoproclaman pluralistas, cuando en la práctica están lejos de comprometerse con lo que exige un modelo intercultural?

Las respuestas a estos interrogantes no son sencillas. No sólo porque requeriría un trabajo mucho más extenso, sino porque posiblemente no existan de modo contundente y coherente. Las contradicciones son inevitables, pero es imprescindible avanzar en el análisis para no caer en un paradigma de la resignación (en el caso de admitir que el costo de la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas es inevitable para afrontar políticas sociales) o en luchas estériles por su imposibilidad práctica.

Es cierto que muchas veces las lógicas económicas de los pueblos indígenas y de los no indígenas pueden no coincidir. Sin embargo, y en función del principio de libre determinación, los pueblos indígenas tienen el derecho de definir su forma de desarrollo. Si estos modelos son impuestos, la libre determinación se vería vaciada. Por lo cual, o el Estado argentino –reflejado en su Constitución, en la normativa internacional vigente y los compromisos asumidos– respeta el contenido del derecho vigente, o simplemente decide ignorarlo delineando políticas públicas que son contrarias a lo que dispone la Constitución.

Esta descripción del estado de situación sumada a una reflexión que surge a partir de los procesos desatados en América latina, pero fundamentalmente en las contradicciones que se presentan a partir de la vigencia de las nuevas Constituciones ecuatoriana y boliviana, genera la necesidad de encontrar algunos caminos que eviten la profundización de los conflictos, los que inevitablemente construyen situaciones de violencia y, en la Argentina, ya produjo numerosos muertos.

El modelo de Estado pluralista, intercultural, no se gesta sólo con un cambio constitucional. Estamos frente a procesos de largo aliento, que deben sortear grandes dificultades. Al racismo y al neocolonialismo profundamente instalados, a la globalización que determina agendas políticas y crea actores con fuerte incidencia en los escenarios locales, deben interponerse nuevos paradigmas que propongan repensar otras matrices energéticas, un aprovechamiento de los bienes comunes naturales que deje de lado la irracionalidad y que se comprometa para el futuro.

En realidad, si bien destacamos los riesgos que representan las actividades extractivistas para el respeto de los derechos de los pueblos indígenas, también debe llamarse la atención que estos riesgos se extienden a la población no indígena, porque en definitiva la contaminación de nuestros espacios nos afecta a todos. Los pueblos indígenas pueden llegar a sufrirlo más directamente, lo que no significa que sea un problema que sólo a ellos les atañe.

Entonces, la determinación de los modelos de desarrollo que son aceptados y se presentan como deseables, sumada a un modelo de Estado definido por la propia Constitución, también interpela el tipo de democracia que va tomando formas diversas, dependiendo fundamentalmente de las prácticas que se van instalando. Un concepto surge con fuerza en este contexto, el de la democracia intercultural, ya anticipada en la Constitución boliviana, que perfila modos de ir superando contradicciones y tensiones.

Esta democracia intercultural debe, inevitablemente, generar espacios de diálogo para alcanzar consensos y construir una suerte de negociación que encuentre salidas a estos planteos que se presentan como callejones sin salida. Pero si se sigue sosteniendo un paradigma estatal basado en el respeto del hecho de la diversidad, es imperioso que se revisen las políticas basadas –en el caso de la Argentina– en un modelo agroexportador, y por ende, que se recuesta en los agronegocios y que conspira directamente con la sobrevivencia de muchas de las comunidades y pueblos indígenas que habitan en el espacio geopolítico de nuestro país.

No se trata de adscribir a modelos de desarrollo que según algunas voces nos remitirían a un estadio anacrónico si pensamos que existen pueblos indígenas que basan su economía en la caza y la recolección. Simplemente se trata de respetar culturas muy disímiles que están asentadas en otros parámetros, y que no pueden ser ignoradas o dejadas de lado. Por otra parte, se debe remarcar que mucho de lo que puede “no entenderse” del modo de vida de las comunidades indígenas, también es parte de una relación muy diferente con la naturaleza, que debe necesariamente provocar la reflexión sobre los modos que deben encontrarse para detener la contaminación y la explotación desmedida.

Finalmente, se encuentran múltiples puntos en común entre las luchas llevadas adelante hoy por los sectores ambientalistas (basta pensar en la Unión de Asambleas Ciudadanas –UAC– que se encuentra movilizada contra los emprendimientos de la megaminería y de la explotación hidrocarburífera) y las reivindicaciones y demandas de los pueblos indígenas, que ameritan pergeñar alianzas estratégicas, que poco a poco se van concretando y perfeccionando.

No obstante sostengo que dichos acuerdos son relevantes e imprescindibles para fortalecer las luchas, también es necesario reconocer que no son alianzas pacíficas. Así como cada pueblo indígena presenta una estrategia de sobrevivencia diferente, que puede también comprender la agricultura, cría de animales (siempre pensando en la zona rural, otras cosa son las dificultades que se presentan en el espacio urbano), etc., los ambientalistas también tienen posturas divergentes. Desde aquellas incluidas en la postura llamada “ecología profunda”, conservacionistas, hasta aquellas que no excluyen radicalmente la apropiación de los bienes comunes naturales; el panorama del ambientalismo hoy es muy complejo.

De más está decir que existen divergencias entre ambientalistas y pueblos indígenas. En general, la relación de los pueblos indígenas con su entorno incluye “vivir” del monte, aprovechar de los bienes comunes naturales para su subsistencia, para su salud, etc. En ocasiones, los pueblos indígenas están dispuestos a conceder la “explotación” en sus territorios (ya sea por parte de empresas hidrocarburíferas, de empresas forestales, etc.) si esto les reporta recursos económicos que pueden afectar a construir viviendas, centros de salud, escuelas, y a paliar sus necesidades básicas.

Esto abre una brecha insalvable entre diferentes miradas indígenas muchas veces dentro de las mismas comunidades. Cuando no existe un consenso interno acerca de la mejor forma de aprovechar esos bienes comunes naturales, las disputas internas agregan un elemento de conflicto no menor que es preciso también considerar.

En definitiva, el panorama hoy es muy complejo y con multitud de aristas. Las Constituciones son insuficientes para alcanzar cambios de paradigma, aunque son una variable de peso. Los Estados tienen un compromiso que les cuesta enormemente asumir. Las comunidades y pueblos indígenas se encuentran debilitados y divididos, muchas veces por el accionar del propio Estado que apuesta a generar situaciones de confusión para alcanzar su cometido de asegurar la explotación para obtener la renta que les permita enfrentar –cuando lo hacen– otras de sus obligaciones. Este es el escenario y el gran desafío de nuestro siglo.