| Por Javier Gortari |

Las ideas centrales de este trabajo se presentaron en el V Congreso Sudamericano de la Yerba Mate. IN YM, INTA , UNaM. Posadas, mayo 2011.

La provincia de Misiones tiene un millón de habitantes: el 30% es población rural. De las 28 mil explotaciones agropecuarias registradas por el Censo 2002, el 60% son yerbateras, diseminadas por todo el territorio provincial. Cerca del 80% de estas son explotaciones no mayores de 10 hectáreas con características de minifundio y agricultura familiar. Suman entre 15 a 20 mil también los trabajadores que se movilizan año a año para la cosecha de yerba, que sigue siendo manual por las dificultades técnicas para su mecanización. De las 700 mil hectáreas implantadas en la provincia con forestación y producción agrícola, cerca de 200.000 están plantadas con yerba. La producción industrial yerbatera es la tercera en importancia económica en Misiones, después de la construcción y la foresto industria. Y aunque existen algo más de 200 establecimientos que realizan el proceso industrial de secanza y alrededor de 100 molinos que terminan y empacan el producto, la comercialización final de la yerba mate está oligopolizada en 12 empresas que se distribuyen alrededor del 90% del mercado, y de estas, las 5 más grandes concentran más del 50% de las ventas.

Por los requerimientos de suelo y clima, el cultivo está limitado en el país a la provincia de Misiones (90%) y al norte de Corrientes (10%). La producción mundial es del orden de las 500 mil toneladas anuales y está circunscripta a esa región argentina, al sur de Brasil y a Paraguay. La Argentina es el principal productor del mundo. Es además el mayor consumidor: unas 250 mil toneladas/año (el 85% de la producción nacional va a ese mercado interno). El resto se exporta a países vecinos, al interesante mercado de ultramar de Medio Oriente (Siria y Líbano) y ventas menores dispersas al resto del mundo.

Tanto por el nivel de productividad alcanzado en nuestro país como por la fidelización del consumidor al “tipo” de yerba argentino (estacionada y con palos), la producción brasileña o paraguaya no compite con la interna. Tampoco resultan buenos sustitutos del mate, por hábitos de consumo y niveles de precio, otras infusiones estimulantes como el té o el café.

Se trata entonces de una producción agroecológicamente circunscripta a la región noreste del territorio, cuyo principal destino comercial es el mercado interno, sin sustitutos de relevancia ni competencia externa. En términos técnicos –y con la relatividad que el concepto conlleva– podemos hablar de un mercado cautivo, que se expande al ritmo del crecimiento vegetativo de la población argentina.

Existe una profunda diferenciación social entre los actores que integran la cadena productiva. De un lado alrededor de 15 mil pequeños productores y otros tantos peones rurales que realizan la producción primaria, con niveles altos de vulnerabilidad social en términos de ingreso, condiciones de vivienda, educación, salud, seguridad social y precariedad laboral. Del otro, una docena de empresas industriales y comerciales que concentran la distribución final del producto hacia los canales mayoristas y minoristas.

Después de 55 años de regulación (1936-1991) que llevó a la Argentina a convertirse en el primer productor y exportador mundial, sobrevino la decisión de desregular (1991-2001). Esto generó una crisis de sobreproducción con la consiguiente caída en los precios de la materia prima y profundización del proceso de concentración en la esfera industrial y comercial. La protesta social propició que en pleno 2001 legisladores misioneros promovieran en el Congreso nacional un proyecto para volver a intervenir en la economía yerbatera: casi un despropósito de época. En el marco del colapso del modelo neoliberal, se promulgó en 2002 la ley de creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).

Su función primordial desde entonces fue elevar el precio de la materia prima. Llegando a los 10 años de funcionamiento, la propia naturaleza del INYM en términos de representación política mostró sus límites en cuanto a las posibilidades de intervención pública exitosa sin profundizar el esquema regulatorio.

Durante la segunda mitad del año 2007 se produjeron nuevas movilizaciones reclamando por el sistemático incumplimiento de los precios establecidos por el INYM y se presentó al Congreso nacional la propuesta de creación de un Mercado Consignatario a efectos de garantizar que esos precios sean realmente un valor de referencia. Después de muchas idas y venidas legislativas, se aprobó a fines de 2009 y está en proceso de reglamentación. Lo que está en disputa es la distribución de la “renta” regional yerbatera: un negocio que mueve en el país unos 1.000 millones de dólares anuales.

Entre el modelo concentrador y la (in)decisión distributiva

Transcurridos 10 años de funcionamiento y ante las dificultades para delinear estrategias consensuadas para el sector, surgen algunos interrogantes en torno al futuro del INYM, cuando no definitivos “descreimientos”.

Decíamos en junio de 2007: “El INYM fue un gran avance: llevó el precio de $ 0,04 a $ 0,48 en cinco años. El exceso de producción hace que ese precio no se pueda sostener, aun cuando el INTA y el propio INYM han calculado costos reales de producción del orden de los $ 0,70 (…)”.

“Si se pretende que la producción y la tarefa de yerba mate sean actividades laboralmente dignas, es necesario hacer que la oferta se adecue a la demanda real. La propia ley del INYM prevé entre sus facultades la posibilidad de limitar la producción y cupificar las plantaciones. Sólo tomando medidas en ese sentido es que podrá funcionar el Mercado Consignatario como un mecanismo de precio de referencia garantizado desde el Estado”.

Desde mediados de 2007 y hasta hoy, la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM) viene planteando que los industriales burlan la ley y no respetan los precios fijados por el INYM. Hasta la fecha todo sigue igual. Los trabajadores rurales junto a los pequeños productores yerbateros, tealeros y tabacaleros, son el “campo” misionero: un 30% del millón de habitantes que puebla la provincia de Misiones. Un territorio donde el 25% de la superficie agropecuaria censada (2.200.000 hectáreas) está concentrada en 19 explotaciones con superficies promedios del orden de las 30 mil hectáreas. En tanto que de las 28.000 explotaciones registradas por el CNA 2002, el 96% son chacras de menos de 40 hectáreas promedio que no alcanzan a sumar entre todas ni siquiera la mitad (46%) del total de la superficie censada.

En un artículo de Realidad Económica Nº 232 de diciembre 2007 –cuya versión preliminar presentamos como ponencia al 4º Congreso Sudamericano de la Yerba Mate (Posadas, nov. 2006)– apuntamos a rescatar el impacto positivo del funcionamiento del INYM en lo que fue la recuperación de precios de la materia prima durante los primeros años de su funcionamiento. Sobre la base de lo expresado en ese artículo, en julio de 2008 se generó –a través del Suplemento “Cash” del diario Página 12– una polémica sobre las dificultades actuales del INYM, que ya avizorábamos en aquel trabajo del año 2006. Advertíamos entonces:

“Si bien el precio que fija cada seis meses para la materia prima pretende considerar la cobertura de los costos de producción promedios, está claro que estos dependen de las condiciones de productividad de las diferentes plantaciones. De acuerdo al Relevamiento Satelital de 2001 del Ministerio del Agro y la Producción, de las 196 mil hectáreas plantadas con yerba mate (90% en Misiones y 10% en Corrientes), las plantaciones de alta densidad (más de 1.800 plantas/ha) sumaban 71 mil hectáreas, las de media (entre 1.800 y 1.000 plantas/ha) poco más de 48 mil hectáreas y los yerbales de baja densidad (menos de 1.000 plantas/ha) ocupaban 77 mil hectáreas. En la medida en que las plantaciones de mayor densidad generen una renta diferencial, habrá una tendencia a incrementar esta forma de cultivo y una tendencia –mientras existan tierras disponibles– a que la oferta crezca más aceleradamente que la demanda. (…) Esto pone al INYM en la decisión de planificar algún tipo de limitación a las plantaciones para poner su ritmo de crecimiento en sintonía con el crecimiento de la demanda. También pone en debate el precio a fijar para la materia prima, en virtud de cuáles costos –productividades– se toman como referencia”.

Un trabajo del 2008 del director del INYM por el sector industrial, establece la siguiente diferenciación social de productores:

Producción de yerba mate. Total país. Año 2007
Fuente: Elaboración propia en base a datos de R. Montechiesi, INYM, 2008.

De acuerdo a fuentes de la APAM, durante la cosecha 2009 se pagaba, en plazos de hasta 120 días, 33 centavos el kilo de hoja verde (30 centavos menos que el valor de $ 0,63 establecido por el INYM a principios del año). Esto supuso una transferencia anual del orden de los $ 250 millones (60 millones de dólares) desde el sector productivo al industrial/comercial. Si a los $ 0,33 efectivamente recibidos se les restan $ 0,16 en concepto de costos de cosecha y flete a secadero, le quedaron netos al productor $ 0,17 por kilo de hoja verde.

Para el productor del estrato de hasta 10 hectáreas, esto significó un ingreso anual promedio (5,7 has y 4.400 kilos por ha) del orden de los $ 4.200, equivalentes a $ 350 mensuales. Este estrato suma casi el 80% de los productores de yerba mate, cerca del 40% de la superficie plantada y algo más del 30% de la producción.

En el otro extremo, un productor promedio del estrato de más de 50 hectáreas (142 has y 6.500 kilos por ha) obtenía un ingreso anual de $ 157.000, equivalentes a $ 13.000 mensuales. El 2% de los productores ocupa este estrato, que representa también el 24% de la superficie de yerbales y el 31% de la producción.

Esta diferente realidad dentro del sector productivo dificulta una acción coordinada y se traslada a la toma de decisiones en el INYM Por un lado una multitud dispersa de pequeños productores sin representación orgánica o gremial. Por el otro, unos pocos grandes productores organizados y asociados o integrados a las grandes industrias, que se benefician de la “renta” diferencial que les genera tener rendimientos promedio de un 50% por encima del primer estrato. Y que en la fase comercial del producto terminado “realizan” la plusvalía derivada de la conjunción bajos precios de la materia prima/bajas remuneraciones al trabajo que la produce.

Esta situación, más algunas contingencias climáticas, fue deteriorando la oferta de los últimos años. La puja por costos y precios llevó nuevamente a que el precio de referencia para la cosecha 2012 quedara en manos del Ministerio de Agricultura de la Nación, el que laudó un valor de $ 1,70 el kilo de hoja verde (un 90% por encima del precio del año anterior), generando la inmediata especulación con el precio en góndola, que finalmente se consolidó en el orden de los $ 20 por kilo al público.

Con estos valores el sector productivo recuperó su participación, aunque en un escenario de sostenida concentración en todas las etapas de la cadena de valor, de acuerdo a los informes preliminares producidos en el marco del Plan Estratégico de la Yerba Mate.

Gráfico 1. Distribución del ingreso en la economía regional yerbatera (Argentina)

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INYM, del Ministerio del Agro y Producción de la provincia de Misiones y de organizaciones de productores (se ha estimado una producción anual de 275 millones de kilos de yerba molida, 825 millones de kilos de hoja verde, una relación técnica de producción de 3 kilos de hoja verde por 1 kg de yerba molida).

“Cosechando yerba mate”: la explotación laboral en los yerbales

La trágica saga de los cosecheros de yerba mate se remonta a los primeros tiempos de la conquista española de los pueblos guaraníes, siempre vinculada a la expansión comercial del producto. Trescientos años más tarde, las crónicas sobre las condiciones de trabajo de los “mensúes” nos hablan de que lo único que cambió desde entonces fue el látigo de la esclavitud por el acicate de la extrema miseria de los trabajadores en los albores capitalistas.

Los estudios y reportes existentes del período de regulación yerbatera y consolidación del cultivo no hacen más que confirmar las condiciones de explotación en que se sustentó la epopeya del “oro verde”. La “fiebre” desreguladora de fin de milenio deterioró aún más esas condiciones, dando lugar a un proceso de “urbanización” precaria de los tareferos –por la expulsión rural más que por nuevas oportunidades de trabajo–. Este hecho posibilitó instancias inéditas de organización y reclamo en su calidad de trabajadores desocupados. Y también provocó su “visibilización” desde el poder público como grupo social identificable y con necesidades/especificidades propias.

En septiembre de 2008, la Legislatura misionera aprobó la ley 4.450, creando el Registro Único de Tareferos de la Provincia de Misiones, con la finalidad de “elaborar, desarrollar y destinar programas sociales” que permitan generar mejores condiciones de vida para estos trabajadores y su grupo familiar. Para un volumen de 825 millones de kilos de hoja verde anual, en 6 meses de cosecha, trabajando 20 días al mes y a un promedio de 400 kilos diarios por cosechero, se requiere un contingente de algo más de 17.000 trabajadores.

De acuerdo con el Ministerio de Trabajo de la Nación que organizó el pago del subsidio interzafra, los tareferos registrados (ANSeS, RENATRE) no superan los 6.000. Los 11 mil restantes no tienen cobertura social, ni fondo de desempleo, ni convenio colectivo, ni seguro por riesgos de trabajo.

Estos trabajadores se reclutan en asentamientos periféricos de los poblados del interior misionero. Un patrón contratista organiza la cuadrilla, pone el camión para el traslado, les vende herramientas y provisiones, y transporta la yerba cosechada al secadero. En la zafra 2009 el tarefero recibía $ 0,10 por kilo de hoja verde: un promedio de $ 30 diarios ($ 600 mensuales).

El capital les extrae plusvalía pagándoles sueldos de hambre en condiciones de trabajo deplorables durante la cosecha, y desentendiéndose de su supervivencia el resto del año. En ese sentido, los registros del relevamiento realizado por el Ministerio del Agro y la Producción (2006) resultan harto elocuentes: 65% de trabajadores en negro, 70% sin cobertura de salud y 60% no terminó la escuela primaria. Sólo el 25% son propietarios de la vivienda en que residen con 4/5 convivientes. La mayoría de estas viviendas son de madera, más del 50% con techos de cartón y el 60% con pisos de tabla o de tierra. El 60% no tiene acceso a red pública de agua y el 40% tampoco tiene luz eléctrica.

El valor de esa sobreexplotación se puede medir sencillamente calculando cuánto costaría “convencer” a un trabajador empleado en la construcción o en el comercio para que deje su trabajo actual y se dedique por seis meses a cosechar yerba mate, sabiendo que con la plata que gane tienen que vivir él y su familia el resto del año. Al respecto, el informe del INDEC de fines de 2009 sobre salarios privados promedio en las diferentes jurisdicciones provinciales del país, señala que en Misiones, aun siendo de los más bajos, era del orden de los $ 2.000 mensuales.

Sin embargo, fue notable la reacción en contrario de la dirigencia yerbatera al momento de publicarse la Resolución Nº 011/2011 de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (B. Oficial 11/4/11) estableciendo condiciones básicas de vida, alojamiento y laborales para los trabajadores rurales temporarios de todo el país.

Haciendo una síntesis de la investigación de Rau sobre este mercado de trabajo, podemos señalar: el trabajo asalariado para la cosecha de yerba mate en Misiones exhibe las características de un empleo étnicamente tipificado, similar a lo ocurrido con otros desarrollos del capitalismo agrario en el NEA, NOA y Cuyo, que tuvieron como base el empleo de mano de obra de poblaciones originarias, y que se caracterizan por elevados niveles de informalidad y de explotación de la fuerza de trabajo en comparación con otros sectores de la economía nacional.

En los últimos veinte años, el mercado de trabajo yerbatero experimentó cambios significativos:

• Una mayor estacionalidad de la demanda de mano de obra por desaparición de los empleos en el período interzafra.

• Una sobreoferta de mano de obra aun durante la cosecha –esta situación ha sido atenuada en términos prácticos por el impacto del ingreso de la AUH, posterior a la investigación de Rau y que levantó el piso de negociación de la oferta laboral–.

• Consolidación y reproducción de un amplio sector de asalariados agrícolas –se estima en 15 a 17 mil el número de tareferos– en condiciones de semiocupación.

• El asentamiento habitacional en condiciones muy precarias de esa población en la periferia de ciudades intermedias de la provincia de Misiones.

• La expansión y consolidación de un sector de empresarios contratistas que intermedian entre la oferta y demanda de mano de obra para la cosecha de yerba mate.

• La movilidad regional de la mano de obra sujeta a sistemas de traslado y acampado de las cuadrillas en las plantaciones de yerba mate.

En este contexto, la capacidad de negociación o de protesta de estos trabajadores en el escenario laboral es muy limitada. Por el contrario, la concentración territorial de esta mano de obra en sus lugares de residencia en áreas urbanas y periurbanas favoreció el contacto con otros grupos y culturas de protesta. De ahí que las principales acciones colectivas de reclamo laboral o social protagonizadas por los tareferos asumieron formas extralaborales y bases territoriales, dotándolas de una mayor visibilidad y reduciendo su vulnerabilidad frente a medidas represivas.