La educación, la ciencia y la tecnología forman parte del corazón del sistema de producción global. Es hora de lograr un pensamiento científico creativo, original y socialmente útil que rompa con la dependencia de los centros mundiales del conocimiento.

| Por Ariel Langer* |

Este artículo se encuentra principalmente basado en uno de los capítulos de las publicaciones finales del Proyecto PICT Redes “Las Universidades frente a las demandas sociales y productivas. El rol promotor y la capacidad de intervención. Las respuestas de reorientación y cambio curricular”, desarrollado en el marco del Programa Educación, Economía y Trabajo del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras – UBA.

Hacia mediados del siglo XX se identifica un orden económico donde la organización de la educación, la ciencia y la tecnología se ubica en el corazón de la planificación de la reproducción de capital. En ese momento, comienzan a afianzarse los estudios sobre las potencialidades que tienen estas dimensiones para, por un lado, lograr mayor competitividad de las economías nacionales y regionales y, por otro, alcanzar un bienestar social inédito en la historia de la humanidad. Progresivamente, van apareciendo teorías que explican la articulación que debe existir entre conocimiento, economía y desarrollo social, las que se engloban bajo la sigla CTS (ciencia, tecnología y sociedad). El tenor de estas investigaciones pasa fundamentalmente por la unión de elementos a priori dispersos y que, en el mundo actual, necesariamente deben ser coherentes el uno con el otro.

El surgimiento de este nuevo campo disciplinar es una expresión de la centralidad que comienza a tener la ciencia en la competencia mercantil. En el presente artículo avanzamos sobre la fragmentación que se crea entre los grupos de científicos y tecnólogos a partir de sus diversas orientaciones político-académicas en relación con la respuesta a demandas en muchos casos derivadas del mercado. Haciendo referencia al caso argentino, esta situación genera la reproducción de lógicas enfrentadas y la determinación de su continuidad por vía de la competencia entre recursos. Sumándose a esta lógica muchas veces caótica del sistema científico y especialmente de la universidad, se encuentran las distintas concepciones y enfoques teóricos que discuten lo que las instituciones productoras de conocimiento son o deberían ser. En miras de avanzar en este escenario complejo, es relevante dar cierto orden a la multiplicidad de prácticas y discursos que se enfrentan. Sin embargo, resulta esto un objetivo muy ambicioso para este artículo, donde simplemente nos centramos en las contradicciones surgidas a partir de algunos discursos e ideas que relacionan ciencia y economía, para luego reflexionar sobre su potencial en la definición o planificación de las políticas científicas.

Un breve acercamiento histórico al economicismo en las ideas sobre ciencia

Suele citarse como inicios de los análisis sociales sobre la ciencia al desarrollo del modelo lineal de la innovación, el cual, a la vez, es uno de los primeros intentos de planificación pública explícita del sistema científico de un país. Este modelo surge hacia el fin de la Segunda Guerra Mundial a raíz de una solicitud del entonces presidente de Estados Unidos a su Oficina de Investigación y Desarrollo Científico y privilegia la inversión en investigación básica a fin de que esta luego se derrame en la economía en forma de aplicaciones tecnológicas. Estas ideas ya presentan un marcado sesgo economicista, en tanto se financia fuertemente a la actividad científica esperando resultados materiales de orden económico.

Las transformaciones que se producían a nivel mundial tienen su repercusión en América latina. Una de las cuestiones principales que se discuten al diagramar las primeras políticas científicas en la región es la medida en que estos conceptos creados por y para los países desarrollados pueden ser replicados. Así es como, hacia fines de la década del cincuenta (y, también, durante los sesenta y setenta), surge un movimiento que marcó época en nuestros países: la escuela del pensamiento latinoamericano en ciencia y tecnología. Desde distintos puntos de vista teóricos y políticos, autores como Oscar Varsavsky, Amílcar Herrera y Jorge Sabato desarrollan un pensamiento crítico que pone a la ciencia y tecnología como actor central en un modelo de desarrollo endógeno de la región. Hacia la misma época, también la universidad busca transformarse en actor preponderante de la planificación del desarrollo nacional a partir del pensamiento (y la acción) de los hombres que la dirigen en la Argentina, entre otros, Risieri Frondizi, José Luis Romero y Rolando García.

Retornando al plano global, en la década del sesenta se consolida la idea de que la educación y el conocimiento científico constituyen una cuestión central para las economías nacionales (y, por lo tanto, para las agendas públicas). Los mayores o menores niveles de educación de la población, así como la mayor o menor capacidad de generar nuevo conocimiento y que este se transforme en innovación tecnológica, se convierten para las teorías dominantes en los factores explicativos por excelencia del crecimiento y desarrollo económico y social. En la teoría económica de orientación neoclásica se crea la noción de capital humano como nuevo factor de producción e incluye la formación del individuo como un elemento que directamente debería tener efectos sobre su bienestar económico individual. También la sociología comienza a preocuparse por los problemas del conocimiento, en tanto se entiende que la ciencia y la técnica transforman profundamente la estructura de la sociedad.

La ciencia y la tecnología se van transformando en cuestión de Estado y su desarrollo se promueve en la mayor parte de las naciones. El financiamiento tanto estatal como privado para las instituciones científicas y las universidades crece a escalas nunca vistas hasta configurar lo que actualmente se conoce como big science. A nivel teórico, este período de reformas provoca la caída en desgracia del modelo lineal de innovación, principalmente a partir de la crítica al aislamiento de las instituciones de ciencia respecto del resto de la sociedad. En la práctica, se llama al mundo científico a transformar su viejo perfil y asumir nuevos roles sociales, lo cual, como veremos, pondrá en necesaria tensión sus estructuras a partir del nuevo requisito de utilidad directa del conocimiento.

De forma sumamente esquemática hemos descripto el movimiento hacia una situación de tensión entre el rol tradicional de las instituciones científicas y universitarias y las nuevas exigencias sociales, derivadas tanto del crecimiento exponencial de sus costos como de la potencialidad económica de sus aplicaciones. Resumimos esta problemática como una encrucijada en la cual queda encerrado el científico, quien debe preservar los valores de la ciencia en su concepción moderna (ilustrada), pero sujeto a los nuevos roles exigidos por el medio social.

La disputa de modelos y lógicas dentro del sistema científico y su relación con el cambio económico

Una de las formas más generales en que aparecen las contradicciones internas dentro del mundo de la ciencia es en el debate entre el modelo alemán o humboldtiano y otro que propende a dar respuestas directas a las demandas provenientes de ámbitos socio-productivos. Por un lado, existe el consenso sobre la necesidad de un científico libre y desligado de las restricciones a las que es sometido cualquier otro trabajador; sin embargo, por otro, también existe aceptación sobre las mejoras al bienestar social realizadas por el mismo científico a partir de sus aportes directos a la resolución de problemas sociales y, especialmente, a la reproducción ampliada del producto de un país.

Si bien la incorporación de la ciencia al proceso productivo reviste larga data (de hecho es una preocupación que ya encontramos en Marx), hemos visto que de la mano del modelo lineal de innovación las programaciones científicas comenzaron a tener una profunda dependencia del cálculo económico. A partir de la década del setenta, se le anexa a esta característica la necesidad de interacción entre los actores directamente interesados en la creación de conocimiento. De allí que entre los diversos enfoques o teorías sobre ciencia, tecnología y sociedad, la mayor parte aparenta acordar en que el conocimiento ya no puede ser creado para y por los científicos en forma autónoma, lo cual resulta en una crítica a la lógica tradicional de la ciencia moderna. Dentro de esta última, el científico debe ser completamente libre y autodeterminado y, en consecuencia, el desarrollo de su saber no debe seguir otra lógica que la propia. El conocimiento así obtenido sólo será útil para sí y no para otros. No obstante, el avance en la comprensión del mundo que desarrolla este hombre de ciencia contribuye al progreso social.

En la nueva lógica, el pensamiento científico continúa relacionado con el progreso de la sociedad, pero ya no debe tener un beneficio en apariencia abstracto para el todo social, sino que debe resultar un producto inmediatamente útil para un individuo concreto. El valor de la ciencia ya no es su potencia transformadora de lo existente sino más bien su contrario, la utilidad directa para reproducir (ampliar) las estructuras vigentes. La ciencia deja de ser un valor de uso para su propio productor para transformarse en un valor de uso para otro. La utilidad que tiene el conocimiento creado para su productor pasa a ser el valor de uso que representa para otro. En otras palabras, el conocimiento se transforma en un producto con valor, igual que cualquier otra mercancía.

Los determinantes de las instituciones productoras de conocimiento en su rol de actores económicos

Las transformaciones mencionadas derivan en un proceso que en muchos casos es llamado de mercantilización de la ciencia y la educación, lo cual quedaría expresado en el creciente movimiento de privatización de las instituciones científicas y educativas. Más allá del cambio de manos de las instituciones o de la venta explícita de servicios, la preocupación comienza con las crecientes necesidades de financiamiento y de exigencias externas para las universidades. En un famoso libro de inicios de la década del setenta, Jean Jacques Salomon expone que quien comienza a interesarse (y a financiar) la actividad científica puede no crear barreras explícitas a la libertad de investigación, pero el objeto último es que sea útil a sus fines (o al de los intereses que representa). El científico debe ahora justificar la pertinencia de su trabajo y esto –consciente o inconscientemente– transforma la esencia de su actividad.

A nivel de políticas públicas, este modelo utilitario de creación de conocimiento llega a su máxima expresión conocida a partir de la búsqueda de respuesta a las necesidades internas de las nuevas formas de producción. Estas teorías, en gran parte, son desarrolladas por los llamados economistas de la innovación y neoschumpeterianos, los que proponen evaluar las capacidades de las instituciones de la ciencia a partir de su participación en lo que denominan el sistema nacional de innovación.

Estos teóricos estudian la relación entre innovación y acumulación a partir de un enfoque endógeno del cambio tecnológico. Desde esta óptica, resulta ineludible explicar que la posibilidad de acceder a innovaciones técnicas es la llave del crecimiento económico y del bienestar social. El desarrollo de estas visiones implica de por sí una crítica al modelo lineal donde el actor principal es la empresa, la cual toma una nueva idea (invención) del sistema de ciencia y técnica, concibe un nuevo producto, lo desarrolla, lo produce y lo comercializa. A su vez, a lo largo de todo este proceso, resulta imprescindible una continua interacción con las áreas de investigación (de empresas o entidades públicas). En América latina, este enfoque también es utilizado, pero se le han agregado nuevos rasgos que pueden encontrarse en el llamado Manual de Bogotá, el cual normaliza los indicadores de innovación tecnológica de la región.

En la perspectiva de este enfoque, la promoción de capacidades tecnológicas podría generar un número creciente de empresas que busquen aumentar sus niveles de competitividad a partir de una mejor gestión del conocimiento, lo cual a nivel nacional tendería a traducirse en incrementos de productividad y diversos derrames positivos al resto de la economía. Tomando en cuenta estas consideraciones, la propuesta más clara de estos investigadores para las instituciones científicas es integrarlas al sistema nacional de innovación del país a través de políticas explícitas que impliquen: a) incrementar la vinculación del complejo de CyT con el sector productivo; elevar los recursos que se destinan a investigación aplicada y transferencia de tecnología; b) aumentar el margen de autofinanciamiento de las instituciones oficiales de CyT.

Desde este punto de vista, la transformación de las lógicas de funcionamiento de los grupos universitarios y científicos pasa, por un lado, por la planificación de políticas estatales y, por otro, por la voluntad (o la cultura) de cambio que tengan los actores que participan del proceso de creación de conocimiento e innovación. Esto supone una serie de políticas de fomento de la vinculación entre universidad-empresa, del espíritu entrepreneur del científico y de la adaptabilidad directa al mercado de trabajo de los profesionales egresados de la universidad. También se propone la ampliación de los derechos de propiedad y patentes, el incremento de las fuentes de financiamiento de la investigación, y el desarrollo de polos tecnológicos e incubadoras de empresas dentro de las universidades.

De forma compatible con este enfoque encontramos las ideas relacionadas con lo que se llama la triple hélice, en cuyo modelo se entrecruzan la investigación pública, las empresas y el Estado. Aquí también vemos cómo la propuesta es que las lógicas de creación y circulación de conocimiento ya no se forman exclusivamente en ámbitos académicos, sino que se comparten con otras instituciones sociales como son gobierno y empresas. Observando especialmente el rol de las universidades como instituciones científicas, se propone que estas ya no pueden quedarse en su tradicional función académica y de generación de conocimiento científico, sino que también deben motorizar el desarrollo económico. Para ello debe incentivarse la vinculación universidad-empresa por medio de un marco normativo impuesto por el Estado.

En América latina, podríamos citar como antecedente de estas ideas el conocido triángulo de Jorge Sabato que, en la década del sesenta planteaba desde la realidad de los países periféricos la importancia de integrar el sector científico, el de gobierno y el productivo. Sin embargo, frente a las visiones más simplistas existentes en la actualidad en nuestros países, esta presenta la ventaja de comprender cómo la diversidad de estructuras económicas entre países desarrollados y subdesarrollados exige distintas respuestas (políticas) de integración sectorial.

Esta visión económica que hoy aparece como dominante en el ámbito teórico y político en América latina, tiene su contrapartida sociológica a partir de la descripción sobre las nuevas formas de producción del conocimiento realizada por Michael Gibbons. Tanto por cuestiones de espacio como por la difusión que ya tienen las ideas de este autor, simplemente mencionamos aquí su conclusión más general en cuanto a la transformación de los atributos de las instituciones de investigación a partir de los cambios en la producción y circulación de conocimiento. En lo que Gibbons denomina como modo 1, las universidades actuaban especialmente como productoras de nuevo conocimiento; en contraste, el modo 2 implica dar mayor relevancia a la reconfiguración o utilización del conocimiento existente. En este sentido, su mayor cometido sería formar trabajadores capaces de identificar y solucionar problemas técnicos particulares que se presentan en el mundo real. Estos cambios se suman a otros, también enunciados por Gibbons, y que hoy están en boca no sólo de gran cantidad de teóricos, sino también políticos e incluso ya parecen formar parte del “sentido común” de los propios actores universitarios. Tal vez la más extendida es la idea de la participación en la transferencia de tecnología a fin de incrementar la competitividad de regiones y países.

Las consecuencias sobre la universidad: algunos modelos en pugna

Varios autores y actores del sistema proponen un enfrentamiento de modelos e incluso de racionalidades en la universidad actual. No es este el lugar para citar o hacer una referencia amplia a los conflictos existentes y a los distintos modelos que ellos conllevan. Realizamos sólo una corta mención a las múltiples críticas existentes en relación con la visión economicista de la educación superior, donde la misma es vista como una mercancía y sólo es dable el financiamiento público debido a cuestiones de eficiencia en su distribución.

El creciente énfasis por la comercialización de los ahora denominados servicios educativos propuso la mirada de los estudiantes como clientes, lo cual a su vez impulsó la imposición de nuevos indicadores tales como las tasas de graduación (alumnos/graduados) o de inserción laboral de estudiantes. Estas medidas contribuyen a la distorsión de programas a partir de su presión por seguir los requisitos del mercado laboral (de corto plazo), así como desalentar los contenidos basados en investigación o docencia pura o desinteresada. Otros autores también focalizan el eje de esta tendencia en la proletarización y pérdida de valores y prácticas tradicionales y autónomas dentro de la academia en la presión por incluir dentro de las administraciones de las universidades los principios de lo que se denomina new public management y new managerialism.

A fin de hacer una breve referencia a la experiencia argentina, nos quedamos simplemente con una mención a los modelos de universidad en pugna que hizo Rolando García en su última visita a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Por un lado, presenta una educación virtual, fragmentada en módulos y donde se otorgan títulos con fecha de caducidad. La dirección de esta modalidad parecería ser reorganizar la educación superior de manera tal que los alumnos puedan elegir cursos a la carta y obtengan certificados que los acrediten como especialistas en campos profesionales restringidos y durante determinado tiempo, generalmente no superior a dos o tres años, dada la velocidad del desarrollo tecnológico. Por otra parte, están los que se centran en la reformulación total de la formación de investigadores en ciencias básicas. Estos investigadores serían formados en centros de elite, ubicados en las capitales de los principales países desarrollados, y estarían financiados por la industria privada. Sitios totalmente equipados, sin restricciones de financiamiento y con muy pocos alumnos formados de manera muy rigurosa.

Esto es perfectamente compatible con la situación de la investigación a nivel mundial donde una pequeña parte de los proyectos son los que se llevan la mayor proporción de fondos y recursos humanos en las agendas de I+D de los países más industrializados del planeta. En ellos se puede observar una serie de características repetidas: consorcios compuestos por empresas y organismos de diferentes naciones, cuyos lineamientos son definidos por los países centrales y donde reina la aplicabilidad en el desarrollo de productos de alto valor agregado.

En conclusión, pareciera que desde distintas escuelas teóricas e ideológicas el análisis sobre los cambios producidos en las instituciones productoras de conocimiento es el mismo. Sin embargo, más que adoptar un discurso o ciertas políticas derivadas de este discurso de manera acrítica, debería existir el espacio de reflexión para comprender que estas transformaciones lo que cuestionan finalmente es la propia relación entre ciencia y sociedad, donde esta última deja de ser un objeto de las interpelaciones de la ciencia, para ser ella misma sujeto de interpelaciones a la ciencia. En este sentido, las nuevas formas de producción de conocimiento estarían obligando al científico a confrontarse con otros saberes (el de sus potenciales usuarios), exigiendo un nivel de responsabilidad social directa mucho más elevado que otrora.

Breves reflexiones finales: una pregunta abierta sobre el qué hacer

Las pocas y recortadas visiones sobre la ciencia y su relación con la economía que aquí hemos presentado, nos dejan sin embargo una serie grande de cuestionamientos en relación al qué hacer con el sistema científico y universitario argentino. Obviamente no pretendemos dar respuestas inmediatas, pero sí herramientas para la reflexión.

Una de estas herramientas podría ser la recuperación de la tradición del pensamiento latinoamericano en ciencia, tecnología y sociedad y la diversidad de análisis sobre el tema vigente en la región. El factor común que encontramos entre ellas es que, a diferencia de las teorías y enfoques expuestos, su desarrollo discute la participación de las instituciones científicas y educativas en la dinámica económica como una problemática a superar. Claro está que las respuestas otorgadas a este dilema suelen ser divergentes y en esas divergencias, tal vez, se encuentren algunas pistas en la mira del desarrollo de un nuevo sistema científico y universitario autónomo; pero que, a la vez, sea capaz de responder a la enormidad de demandas sociales y productivas críticas existentes en los países de la región.

Sólo a modo de ejemplo recuperamos una entre las muchas ideas de Amílcar Herrera, quien ya objetaba la pretensión de tener instituciones científicas del primer mundo dentro del tercer mundo, tal como parecen alentar las teorías economicistas sobre la innovación y la ciencia. Esto implica reducir un problema estructural de los contextos periféricos a cuestiones cuantitativas, las que desde la visión de este autor no son sino problemas menores de los sistemas de I+D al lado de la habitual desconexión con la sociedad a la que pertenecen. De allí que entendiera que en los países adelantados, la mayor parte de la I+D se realiza en relación con temas que directa o indirectamente están conectados con sus objetivos nacionales, ya sean estos de defensa, de progreso social, de prestigio, etc. El progreso científico se refleja en forma inmediata en su industria y, en general, en el continuo incremento de la producción. En América latina, por el contrario, la mayor parte de la investigación científica que se efectúa guarda muy poca relación con los problemas básicos de la región. Esta falta de correspondencia entre los objetivos de la investigación científica y las necesidades de la sociedad era y es un carácter distintivo del subdesarrollo aún más importante que la escasez de investigación.

A partir de esta concepción, se crea una línea de trabajo para los sociólogos de la ciencia donde se evalúan las prácticas científicas en nuestros países en relación con las existentes en los países del centro. La mayor parte de estos estudios ponen en juego la tensión que hay entre la producción científica en un país subdesarrollado y sus propias condiciones económicas, políticas y sociales. La cuestión a responder, entonces, será la posibilidad (o no) de lograr un pensamiento científico creativo, original y socialmente útil en un contexto periférico o dependiente de los centros mundiales de la ciencia.

En conclusión, la existencia de este tipo de discursos dentro de las teorías sociales sobre la ciencia y la tecnología en la actualidad indica que ciertas problemáticas tradicionalmente abordadas en las décadas del sesenta y setenta no han perdido su vigencia. Especialmente, en lo que se refiere a la pregunta por las consecuencias sociales de la subordinación de los sistemas científicos nacionales al de los países desarrollados. Volver a retomarlas no dará respuestas seguras al qué hacer, pero seguramente nos acercará a un camino reflexivo y necesario.

* Licenciado en Economía. Magíster en Ciencias Políticas y Sociales. Investigador del Programa Educación, Economía y Trabajo del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación – Facultad de Filosofía y Letras (UBA). Profesor Adjunto – FCE-UBA.