La producción agropecuaria cambió drásticamente en los últimos años. La escala productiva, el acceso al financiamiento y las barreras a la innovación tecnológica son los principales problemas que enfrentan las pequeñas y medianas empresas del sector. Mejorar estos aspectos es un desafío estratégico.

| Por Sandra Fernández* |

La visión tradicional del sector agropecuario ha sufrido sustanciales cambios en los últimos tiempos. Aquella concepción ligada a la producción agroindustrial desde una lógica de relaciones mercantiles regidas por precios de intercambio entre producción primaria, transformación y distribución, está siendo reemplazada por complejas y multidireccionales tramas contractuales. Desde un mercado que no circunscribe fronterizamente y cuyos destinatarios pugnan cada vez más por productos de mayor calidad y especificidad, la lógica de producción ha virado su atención hacia la satisfacción de esa demanda, independizándose paulatinamente de quién o dónde se elabore el producto. Así, las transacciones entre actores se vuelven cada vez más específicas y personalizadas, dotadas de acuerdos precisos acerca de calidad, normalización, presentación y diferenciándose de los tradicionales mercados de commodities donde los agentes operaban como meros tomadores de precios sobre productos homogéneos y procedimientos predeterminados.

El ciclo de elaboración, logística y transporte de alimentos hasta llegar al consumidor se ha “descommoditizado” y complejizado enormemente, en función de la masiva difusión de nuevas tecnologías de producto y proceso. Producir y comercializar alimentos dejó de ser una actividad sencilla, automática, dependiente de las condiciones edáficas y climáticas, para convertirse en una serie de complejos pasos coordinados (de diversas formas) por parte de múltiples agentes económicos que, en muchos casos, trasciende las esferas locales para adquirir, de forma ineludible, características globales.

Así, desde hace unas décadas, se verifica la existencia de crecientes rentas asociadas a la tendencia incremental del mercado global para los productos de origen biológico, que se sustenta en una sostenida demanda de alimentos, tanto en su forma de insumos (granos, leche) como en la de productos finales (carnes frescas envasadas, panificados, lácteos, congelados, jugos, bebidas).

Desde esta lógica, es apropiado modificar la unidad de análisis tradicional, por la de Cadenas Globales de Valor. El concepto de Cadenas Globales de Valor tiene como epicentro distintivo un espacio de intercambio dado por el mercado mundial. Identifica un conjunto de actividades interrelacionadas a través de una estructura de gobernación, crecientemente globalizada, que se desarrolla en distintos espacios nacionales y/o regionales.

Este enfoque se ajusta al funcionamiento actual del sector agroindustrial, luego del cambio estructural operado en nuestro país durante la década de los ’90. El mismo ha configurado un abrupto desenlace entre una etapa de dinámica sectorial cuya sustentación estaba fuertemente regulada, regida por un Estado presente, y la siguiente, donde la desregulación y apertura comercial pusieron en jaque las tradicionales formas de producción e intercambio.

El citado contexto de apertura consolidó un patrón de especialización productiva con destino al mercado externo concentrado en unos pocos productos (principalmente soja), dependiente de un paquete tecnológico basado en semillas transgénicas, uso de agroquímicos y siembra directa y con una fuerte dependencia de empresas transnacionales que concentraron las principales etapas de la actividad. Esta concentración de activos estratégicos ha evidenciado una gran asimetría en la distribución de la riqueza generada por el sector debido a la coordinación y sistemas de gobernancia ejercidos por estas empresas. De aquí se desprende que el alto potencial competitivo y productivo evidenciado por el sector se ve limitado en su traducción al desarrollo territorial y regional por estas restricciones a la apropiación de beneficios por parte de los actores locales.

A fin de ilustrar este patrón de especialización, según un trabajo de la CEPAL de noviembre de 2010 llamado “Cambios estructurales de las actividades agropecuarias”, se han identificado en la Argentina 31 cadenas de valor cuantificadas que representan el 15% del PIB, mientras que en términos de ventas al exterior implican el 48% de las exportaciones totales del país. Todo ello con el 11% de los puestos de trabajos nacionales. De acuerdo con su valor agregado se observa que las tres principales cadenas (soja, carne bovina y leche) aportan la mitad de lo generado por todas las cadenas cuantificadas. Las dos segundas, consideradas en conjunto, apenas alcanzan el aporte de la primera. Luego, hay un segundo grupo con pesos de entre 4% y 5% del total: trigo, maíz, uva, cebada, pollo y forestal. Este subconjunto de cadenas acumula el 80% del valor agregado agroalimentario.

Esta configuración remite a una gran heterogeneidad regional y a una concentración de la actividad que requiere un marco analítico actualizado, capaz de interpretar las nuevas formas de organización de la producción y el consumo agroindustrial. En este sentido es menester renovar el paradigma tradicional en torno al análisis sectorial por el de las CGV, sustentado básicamente en cinco ejes: alta y creciente dependencia tecnológica, nuevos agentes involucrados en el sector, la necesidad de escala, impulso desde la demanda y viraje estratégico del rol sectorial.

Con respecto a la primera condición, alta y creciente dependencia tecnológica, es evidente que ha operado con gran intensidad tanto en las cadenas de granos como en otras producciones regionales, como aves, vinos y frutas, por ejemplo. Además, no solamente se trata de técnicas aplicadas a las etapas productivas, también se han introducido mejoras en cuanto al manejo de riesgos, como los seguros, y en la comercialización, como el mercado de futuros.

Entre las destacadas, una creciente importancia de las tecnologías de la información y la biotecnología presentes fundamentalmente en la etapa primaria (semillas y genética animal para lácteos y carnes), en el procesamiento industrial posterior y en la comercialización. Una característica a destacar es que la generación y difusión de la tecnología se concentra crecientemente en paquetes tecnológicos exigentes en capacitación y profesionalización. El sostenido gradiente de codificación del paquete implica que los espacios para la adaptación de la tecnología queden acotados a productores preparados desde el punto de vista formativo. Esta exigencia margina cierto perfil de actores y condiciona el rol de las organizaciones que adaptan y difunden tecnología, e induce indirectamente a modificar la relación público/privada y a revisar la acción del sector público.

Con respecto a los nuevos agentes involucrados en el sector, la presencia de empresas transnacionales ha ejercido una influencia indudable. Estas empresas se encuentran involucradas en las principales etapas de la trama productiva, coordinando los aspectos comerciales y logísticos desde y hacia donde los productos se destinan. También están presentes en la generación y adopción de nuevas tecnologías, generando una “modernización dependiente” donde la adopción del paquete tecnológico ejerce una barrera infranqueable de acceso a la etapa comercial. Las formas de organización varían según la trama, desarrollando productos propios, marcas específicas, rentando espacios de venta y articulando operaciones de comercio internacional.

La necesidad de escala

Estas nuevas formas de organizar la producción requieren niveles mínimos de explotaciones que van en aumento. Así también la disponibilidad de capital fijo y circulante en las distintas etapas actúa a modo de barrera de entrada o de facilitación de vía de salida. A modo ilustrativo y según Roberto Bisang y Graciela Gutman, la adopción de un paquete tecnológico basado en siembra directa, biocidas y semillas transgénicas implica un capital adicional mínimo de unos 100.000 dólares, lo que hace inviable la integración vertical para productores agropecuarios con menos de 100 hectáreas, sobre todo si se consideran los endebles mercados de capital de los países analizados. Una tendencia similar se observa en la actividad láctea, donde la mecanización y las mejoras genéticas (y las tecnologías de proceso asociadas) elevan el umbral mínimo de las explotaciones, por lo cual se requiere no sólo mayor capital fijo sino también circulante. Y lo mismo se da en sectores industriales clave (como la molienda de oleaginosas o las plantas frigoríficas para exportación) o en la producción de insumos agropecuarios (desarrollo comercial de la genética vegetal o animal; producción de agroquímicos). A título de ejemplo, en la Argentina el tamaño medio de una explotación lechera (tambo) pasó de 65,9 vacas a 145,1 vacas entre 1988 y 2000. En el caso de la industria oleaginosa, el tamaño medio de una planta de molienda pasó de 1.100 toneladas diarias procesadas en 1990 a 2.300 toneladas diarias en 2003; en este último año, la mayor planta instalada en la Argentina tenía una capacidad de procesamiento diario de 12.000 toneladas.

Impulso desde la demanda

La producción agrícola se desarrollaba hasta hace algunos años mediante una lógica gobernada por la oferta, con un alto grado de independencia en cuanto a qué y cómo producir, con fuertes especificidades determinadas por climas, suelos y agua. Los avances tecnológicos recientes posibilitaron modificar varias de estas restricciones, y llevaron a que la unidad de explotación agropecuaria previa perdiera grados de libertad, para ser un eslabón más de una cadena productiva que decide grupalmente sobre qué y cómo se va a producir, con una mayor incidencia de la industria receptora.

Por el lado de los consumidores, el perfil de la demanda de alimentos imprime rasgos que repercuten sobre las conductas de los diversos agentes. Los gustos y preferencias, la determinación de la calidad, los hábitos de consumo y de vida en general, la percepción de la relación alimentación con el cuidado de la salud, son condicionantes casi exclusivos de estas producciones que exigen progresivamente mayores niveles de coordinación a lo largo de las cadenas productivas. Además, la incorporación al mercado consumidor de países asiáticos densamente poblados con creciente demanda proteica ofrece un panorama promisorio para la colocación de agroalimentos.

Viraje estratégico del rol sectorial

El agro pasó de ser exclusivamente un “proveedor” de alimentos, fibras y forestales (o insumos para sus respectivas cadenas), a ser un proveedor de recursos renovables de origen biológico, no sólo para la industria alimenticia, sino también para la producción de biocombustibles y otras actividades industriales como originador de biomasa. Además se refuerza su alcance respecto de su función de preservador de la biodiversidad, aire y agua limpios y otros recursos de marcado impacto ambiental. Esta resignificación del rol del agro implica poner en juego aspectos de índole ética, además de los consabidos e ineludibles tecno económicos.

Su rol estratégico está determinado por la presión sobre los recursos naturales que estructura la demanda (actual y futura) de alimentos y materias primas, al contrastarla con las posibilidades de ampliación de oferta de áreas agrícolas (que hoy ocupan alrededor del 35% de la tierra), la disponibilidad de agua (70% del agua fresca mundial se aplica a la agricultura) y las problemáticas ambientales derivadas de la intensificación de la producción (deforestación, pérdida de biodiversidad, contaminación con nitrógeno y fósforo que deteriora el agua, etc.).

Estos aspectos ejercen gran influencia en el análisis actual de los agronegocios, evidenciados a través de regulaciones tendientes a incorporar las externalidades ambientales a los costos de producción (bonos de carbono, agricultura certificada, etc.). Por otra parte, las exigencias de los consumidores que se interesan cada vez más por cuestiones ambientales aplican una influencia adicional sobre los diversos aspectos que configuran el rumbo de la actividad.

Conclusiones

Analizar el sector agroindustrial en la actualidad no es tarea fácil. La heterogeneidad y dinamismo de las empresas y otros agentes participantes (como entes públicos o consumidores), así como sus estrategias y las normas de regulación externas, contribuyen a explicar la sistemática expresión de inequidades a lo largo de cada cadena de valor. La escala productiva, el acceso al financiamiento, las barreras a la innovación tecnológica y el control de los activos o de los conocimientos críticos, dan lugar a posicionamientos jerárquicos que establecen, inducen o ejercen asimetrías de poder al interior de la trama.

Tales asimetrías permiten que las organizaciones empresariales más poderosas se apropien en mayor proporción de las situaciones de mejoras de productividad y competitividad, generando y reproduciendo capacidades diferenciadas de acumulación en detrimento del sector pyme.

Esta diversidad se pone de manifiesto en cada uno de los segmentos productivos que constituyen la trama, un continuum de empresas que operan con heterogeneidades determinantes de su posicionamiento en el mercado y su apropiación diferencial de beneficios. Entre las más importantes, las diferentes capacidades tecnológicas y financieras; las particulares articulaciones con proveedores y con la demanda final e intermedia; las disparidades en los niveles y calidad de acceso a la información, y las variadas escalas productivas.

Estas diferencias conducen a su vez a respuestas disímiles frente a idénticas modificaciones en el entorno, generando desaprovechamiento de oportunidades comerciales y agudización de las consecuencias negativas durante períodos de crisis.

Por otro lado, la multiplicidad de actores que intervienen en la producción y la provisión de tecnologías e innovaciones se entrelazan a través de un copioso y dinámico mecanismo de contratos, predominantemente informales. La forma de organización reticular prevalece en la medida en que cada agente tiende a maximizar sus objetivos individuales percibiendo que su éxito económico está relacionado con el crecimiento del conjunto de la actividad. Esta forma de articulación en redes entre actores prestadores de servicios, dueños de tierras, transportistas, contratistas e incluso financistas, opera, indistintamente, en el plano productivo y en el tecnológico. El problema es que no todos los segmentos de productores se articulan con el mismo esquema de riesgos y beneficios.

En definitiva, el sector y sus derivaciones industriales se articulan en redes internacionales de comercio a partir de productos semielaborados y/o de granos/oleaginosas, como una respuesta acorde con las condiciones actuales de escenario local e internacional. Estas redes se gerencian desde lugares alejados y las empresas argentinas en general no tienen control sobre los productos y/o procesos donde se capta la mayor renta. Mejorar estos aspectos es un desafío estratégico relevante. Desde esta perspectiva, existe un amplio espacio para las políticas públicas a fin de redireccionarlas hacia una inserción internacional en base a productos de mayor valor agregado y/o de índole estratégica. El pasaje de un comercio commoditizado y concentrado en proteínas vegetales a otro más intensivo en servicios adicionales derivados del conocimiento, con valor agregado industrial es un desafío que, además de alguna coordinación público/privada, requiere un reacomodamiento de los precios relativos (libre o inducido).

De mantenerse la articulación con el comercio internacional en base a productos primarios o de primera transformación industrial, retornará la preocupación por los términos del intercambio. A pesar de la demanda con expectativa creciente, nada puede asegurar que esa tendencia se mantendrá indefinidamente. Para esas eventualidades es necesario estar preparados y en ese sentido cobra relevancia el afianzamiento del sistema de innovación que permita redistribuir los beneficios obtenidos por las ventajas estratégicas locales archiconocidas y ampliar los esquemas de transformación industrial en base al conocimiento. Es relevante para ello el estímulo de alianzas público privadas que logren redistribuir la renta hacia sectores de pequeña y mediana empresa cuyo salto cuali y cuantitativo seguramente redundará en un beneficio social a nivel regional y nacional, confiriendo la imprescindible dimensión ética a la demanda legítima de más y mejor producción industrial.

* Ingeniera Agrónoma. Master en Economía de Gobierno. Dra. En Agronegocios. Docente e investigadora de la UBA. Directora de la Especialización en Gestión de la Tecnología y la Innovación (GTEC) – UNTREF.