| Por Américo Castilla |

Cada vez que salgo al balcón, decía mi amigo Florencio Méndez Casariego, veo el dedo del San Martín ecuestre que me apunta desde la plaza. Me apunta al pecho, así decía, y aún sin asomarse a la calle Arenales sentía el peso de esa acusación que interpretaba como de falta de patriotismo. Chito, así llamábamos a Florencio, descreía del término, y citaba al Chesterton de “La patria es el último recurso de los canallas”. Tanto le molestaba el imperativo que optó por mudarse. Claro que el monumento de la Plaza San Martín no fue pensado para mudar a Chito sino para valorar las urgencias: la brillante toma de decisión sobre la marcha que le permitió a San Martín ganar la batalla clave de la independencia, la de Chacabuco. Toda la épica del cruce de los Andes para derrotar a los ejércitos realistas en Chile hizo crisis ante la falta de sincronía entre las divisiones del ejército que lideraba. Su dedo señala la dificultad, asume la necesidad de su propia intervención e indica la marcha a sus granaderos para finalmente conseguir la victoria.

Vivo en la calle Chacabuco –palabra de extraordinaria sonoridad y escaso significado aparente– y en cambio los jefes de los regimientos de esa batalla ganada, como Soler u O’Higgins, están en otros barrios. Ninguno de los nombres parece aludir a las razones de su elección o disparar operativos de memoria. ¿Cuál es entonces el vínculo entre la sociedad y los recursos patrimoniales de la cultura?

Empecemos por decir que designar una calle con el nombre de una personalidad destacada, erigir un monumento, proteger un edificio o propiciar el festejo a una tradición, no son acciones que tengan incorporado su sentido. Es necesario construir ese conocimiento y renovarlo con el tiempo. Ante la presencia de un bien cultural sobre cuya necesidad existe algún consenso, será necesario conocerlo mejor, es decir investigarlo, y preservarlo. A su vez, ese operativo no tendría mayor sentido social si simultáneamente no se administra la información, no se comunica o no se diseñan estrategias educativas y programas culturales. Sólo de ese modo el bien patrimonial prestará un servicio a la sociedad. Como comprobamos, no es suficiente promover una acción aislada –encargar un busto, o poner una placa recordatoria en un edificio– sino que se requiere una estrategia más compleja.

Antes mencionamos la palabra consenso. No cabe duda de que todos los ciudadanos coinciden en que es necesario preservar la Casa Rosada, el edificio del Congreso o el Café Tortoni. Las dudas comienzan con la erección de nuevos monumentos y con los procedimientos para su autorización y en el otro extremo la protección de zonas patrimoniales urbanas en conflicto con los intereses comerciales inmobiliarios. En cuanto a los primeros, lamentamos comprobar la existencia de OB u objetos de bulto, que proliferan por todo el país y que son autorizados alegremente por las legislaturas o los Concejos Deliberantes sin mayor debate. Son miles e inciden en el espacio urbano tanto o más que los edificios, sin respetar las reglas del arte –por lo general realizados con materiales perecederos y con pobreza conceptual y artesanal– pero allí están. Se presume que tratan de transmitir valores de una a otra generación, pero en realidad expresan esa carencia conceptual contemporánea que se compara muy mal con aquellos otros monumentos o edificios que merecen resguardarse. Sin embargo, nos guste o no, y obviamente no nos gustan, la cultura de una sociedad se manifiesta muchas veces por esos adefesios. Cito de memoria sólo un puñado: el “Homenaje a Cabezas” en una rotonda de la ciudad de Tucumán; el “Monumento a la Lamparita” en un boulevard de la ciudad de Cipolletti, Río Negro; el “Homenaje a Malvinas” monumento en Quequén, provincia de Buenos Aires (en realidad una de las consecuencias nefastas e inadvertidas de esa guerra han sido esos malos monumentos que proliferan por todo el país); el que rememora el bombardeo a la Plaza de Mayo, pegado a la Casa Rosada; los numerosos monumentos al libro hechos en cemento –en Jachal, San Juan o en San José, Entre Ríos– que obviamente contradicen la ductilidad propia de aquello que homenajean; el OB del bandoneonista Cocomarola en Corrientes, que lo presenta sin brazos; los atroces Quijotes y Sancho Panzas del Chaco o Puerto Madryn, y muchos otros. ¿Estos ejemplos pueden ser considerados como bienes patrimoniales?

Como decimos, ninguno de estos OB fue ubicado en el espacio público por accidente, sino más bien por pereza de los gobernantes. Muchas veces el autor dona su trabajo y hasta los materiales, o sólo pide unas bolsas de cemento y unas varillas de hierro. Esa parece ser razón suficiente para su aprobación. En algún caso, como en Ituzaingo (nombre de otra batalla ganada), provincia de Buenos Aires, la hija del intendente fue incluida entre las obras en homenaje a personajes populares, lo que habría facilitado la gestión. En cambio, el accidente que recuerdo como más asombroso sucedió hace tiempo y se trata de la Estatua de la Libertad, extraordinaria réplica en bronce de la de Nueva York, enviada según dicen a San Juan de Puerto Rico como a muchos otros Estados formales o asociados de USA y que vino a parar por error a la provincia argentina de San Juan. La leyenda dice que las autoridades, supongo que sin saber qué hacer, la mandaron al pueblo de Pocito, donde se yergue solemne en el centro de la plaza. A esta altura su imagen es parte del escudo municipal de esa ciudad.

Buenos Aires tiene algunos de los más notables monumentos públicos del país, entre los que se destaca el Cristóbal Colón de Arnaldo Zocchi, autor también del monumento a Manuel Belgrano que existe en Génova. La parodia de la pretendida restauración del descubridor que se encuentra en los jardines adyacentes a la Casa Rosada para reemplazarlo en realidad por otra que se considera más acorde con el relato político del gobierno actual, nos habla de la insensatez de un acto público, pero también del sentido simbólico que se le reclama a una estatua en los tiempos que corren. Si los monumentos fueran capaces de simbolizar las medidas de un gobierno que tiene un tiempo acotado de duración, se daría la razón a la existencia de los OB que no requieren materiales perdurables ni mayor destreza artística, pues simplemente tendrían que cumplir una temporaria función política. Si son meros artículos intercambiables conforme a las necesidades de coyuntura, esperamos que el municipio de Génova no determine quitar al Manuel Belgrano en represalia.

Observar a la camioneta del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires estacionada en la vereda próxima al monumento a Colón para impedir que sea sacado del predio –a esta altura ya un Colón desarmado y reposando al costado del pedestal que lo sostuvo desde el 15 de junio de 1921 cuando fue donado al país por la comunidad italiana– se asemeja a esas comedias de Giovanni Guareschi de Don Camilo y Don Peppone en la que se cruzaban inocentes intereses personales y mezquinos prejuicios políticos en los pequeños pueblos rurales de Italia a mediados del siglo pasado. La famosa frase de T.W. Adorno: “La función social del arte es la de no tener ninguna” ubica al tema en una zona de tensión, agudizada cuando se pretende que el patrimonio cultural exprese una voz determinada y excluyente.

Los museos han sido tradicionalmente las instituciones donde los objetos patrimoniales encuentran su escenario y es función de los mismos favorecer esos relatos, pero sobre todo facilitar que los visitantes dispongan de alternativas interpretativas. Los teatros y el cine también lo son, al punto que Walter Benjamin define a la cultura como un “eufemismo” dramático de los conflictos sociales. En oposición a la hipótesis de Adorno, si el arte se ocupase de “no tener ninguna función social” revelaría que se está en presencia de un proceso social que por su afirmación o negación se vuelve evidente en la obra artística. Por otra parte, la declaración de un bien como patrimonial lo retira materialmente del mundo de las transacciones comerciales para hacer predominar su carácter simbólico por encima de sus cualidades corrientes de uso e intercambio. Estamos frente a un bien o un hecho social escogido en su calidad de patrimonio público que es necesario investigar, preservar y comunicar mediante procedimientos curatoriales de interpretación que deseamos que sean variados e interactivos.

Una característica del presente es que la “patrimonialización” es insaciable y su expansión al dominio de lo inmaterial, ratificado por convenios entre la mayoría de los países miembros de la Unesco, hace que los usos y costumbres –el baile, la comida, los festejos, los saberes originarios– convivan en esa categoría con los edificios y las obras de arte más establecidas. En la actualidad, el Comité de Patrimonio Mundial de ese organismo mundial declara incluso a ciertas personas como Tesoros de la Humanidad a partir de determinados saberes y circunstancias estrictamente protocolizadas por esa institución. Como consecuencia, los conceptos ampliados de cultura pueden comprender a determinados usos y expresiones aun cuando estos mismos se nieguen a integrar las formas culturales aceptadas. Tal el caso del arte callejero, que normalmente se expresa por medio de graffitis y esténciles en “no lugares” o sitios no alcanzados por la edificación juzgada como patrimonial ni por la especulación comercial, y supuestamente por fuera de los circuitos legitimados de la cultura. Tal es así que muy recientemente el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha dispuesto el inventario y catalogación de esas obras efímeras como parte distintiva del patrimonio de la ciudad. Algunos autores como Henri-Pierre Jeudy, algo hastiados de estas clasificaciones, consideran a esos no-lugares suburbanos, que no registran evidencias de posesión patrimonial, como paradójicos “reservorios patrimoniales posmodernos”. Si casi nada de lo material ni de lo inmaterial está fuera del concepto dominante y se cataloga como potencial paisaje cultural, su análisis se vuelve metodológicamente complejo pero no es ajeno a los procesos sociales que lo habitan.

Un párrafo aparte merecen los cascos históricos y las zonas urbanas patrimoniales que son constantemente amenazadas por los lobbies inmobiliarios. Algunas ciudades, como las de Jujuy o Tucumán, han sido irreversiblemente dañadas por la debilidad de sus gobernantes con consecuencias similares a las de un terremoto. En ese sentido es indispensable concientizar a la población y crear una masa crítica que defienda el carácter y particular fisonomía de nuestras ciudades.

Si estos fenómenos de patrimonialización suceden en el ámbito del espacio público donde las instituciones de la cultura –museos, teatros, archivos o bibliotecas– favorecen su transmisión, cabe analizar también qué sucede en el espacio virtual. En tanto nos refiramos a la cultura para denotar la producción y la transmisión social de valores y significado, no cabe duda de que las formas actuales de resolver estos términos por medio de las redes sociales y de algunas otras escogidas formas de comunicación pueden resultar más eficaces que por medio de las instituciones de la cultura más tradicionales. Claro está que su eficacia no implica que sus connotaciones no sean distintas ni que su alcance sea generalizado. La simulación de identidades y la suspensión de la discordia que caracteriza a las afinidades de las redes sociales, lo hace objeto de una muy particular vía de transmisión de valores. A su vez, la sola posesión de un teléfono celular no es suficiente para vehiculizar significados, y el grueso de la población no integra esas redes sociales electrónicas.

También es necesario comprender que se ha transformado mucho el quehacer cultural. Hoy en día se define a la cultura como instancia en que cada grupo social –y son muchos y diferenciados– organiza su identidad, nutrido de repertorios interculturales; y la función del Estado sería la de proporcionar contextos dentro de los cuales estos puedan ejercer sus oportunidades. Este concepto modifica radicalmente la función de sus instituciones tradicionales e incluye además a nuevas y decisivas herramientas masivas de acción como lo son las industrias culturales (Internet, televisión, derechos intelectuales, periodismo, entre otras) que influyen en el comportamiento social de un modo más inmediato que ninguna forma artística tradicional.

Las dificultades que sobrevienen de la ampliación del campo político de la cultura revelan también la importancia que esta noción ampliada tiene para la sociedad actual (o para sus múltiples “tribus”), que le demanda al Estado un meditado aporte de reconocimiento político y mediación de conflictos entre sus distintos grupos identitarios que de otro modo permanecerían irresueltos.

Señalo como disfunción a la fragilidad y desactualización de la misión de muchas de las instituciones que le dieron sentido a la noción de cultura desde su inicial enunciado a fines del siglo XIX: me refiero no sólo a las bibliotecas, los archivos, los teatros o los museos, sino también a las escuelas de arte y gestión, los centros históricos o los sitios patrimoniales a cargo del Estado. Todas ellas requieren atención política de otro orden, es decir, un presupuesto muy superior, previsible y consensuado por la legislatura correspondiente y una organización administrativa, y un gerenciamiento, muy diferentes a los actuales. Más de un siglo después, y si bien esas instituciones-íconos de una sociedad organizada tienen aún el potencial para modificarse y vivir, es necesario reconocer que fueron creadas con un propósito político específico distinto de los que los gobernantes actuales se fijan como prioridad. La debilidad política que provoca esa obsolescencia impide que sea percibida la centralidad de sus funciones interpretativas.

No todas las regiones del país tienen en claro cuáles son los objetivos culturales a alcanzar por medio de sus bienes patrimoniales, y parece indispensable que se discuta en profundidad la vigencia de sus instituciones culturales y se responda honestamente a las preguntas básicas del porqué, cómo y para quiénes hacer tamaño esfuerzo político y de recursos. Paradójicamente, se trata de un problema cultural, donde la gobernabilidad, la capacitación de recursos humanos o la formación de equipos técnicos permitirían una profesionalización del sector que ya no puede postergarse. Nadie duda acerca de la necesidad de contar con funciones de este tipo para llevar a cabo políticas sanitarias, financieras o de servicios públicos. Del mismo modo, es indispensable la previsibilidad presupuestaria, para evitar que los proyectos culturales queden sujetos a las dádivas de la autoridad política superior mientras se derrumban los edificios, se disgregan los conjuntos sociales, se deshilachan las banderas de los museos históricos o se frustran talentos de primer orden.

Señalo por consiguiente la centralidad de la cultura –y de los bienes patrimoniales con los que se ejercita– para enfrentar problemas tan actuales como la discriminación, la violencia, la construcción democrática, la apreciación simbólica o la creación de conocimiento. También señalo la necesidad de reformular sus instituciones así como de reforzar el intercambio y la planificación conjunta entre las distintas provincias e independientemente entre sus productores culturales. Sólo con organizaciones culturales consolidadas institucionalmente, profesionalizadas y con un financiamiento acorde, podrán revertirse los síntomas actuales de opacidad y de pérdida de significados.

Nuestro ejemplo del monumento ecuestre de San Martín puede ayudarnos a comprender la función de la preservación de los bienes culturales. Ese San Martín, realizado por Louis Joseph Daumas y emplazado en la actual plaza próxima a Retiro, no ha sido revisado desde su inauguración del 13 de julio de 1862 y ha estado sometido desde entonces a la intemperie. Como puede observarse a simple vista, todo el peso de la escultura, de tres metros de alto, reposa en la coyuntura de las dos patas traseras del caballo. Es decir, la pieza no está en equilibrio y se sostiene por dos bulones en tensión que han cumplido más de un siglo y medio de vida sin comprobarse su estado de oxidación. Réplicas de ese mismo monumento aparecen en prácticamente todas las provincias y en muchos de sus municipios. Es posible que presenciemos un derrumbe simultáneo del ícono de la patria en todos los puntos del país. Alguno podrá decir que a cada chancho le llega su San Martín –el peso inexorable del destino– pero en realidad el San Martín del dicho popular es el de Tours, que se celebra el 11 de noviembre en Europa y resulta ser normalmente un día frío, propicio para faenar los cerdos.