| Por María del Pilar Álvarez |

Recuerdo que durante mi primer verano en Seúl, y mis primeras vacaciones en la universidad, en el año 2005, decidí disponer de unas semanas para recorrer aquellos sitios históricos que las demandas educativas no me habían permitido conocer en los meses que llevaba viviendo allí. Un caluroso día de junio, en pleno centro, vislumbré un grupo de manifestantes quemando la bandera de Japón. Enfurecidos, con un brazo levantado y su puño cerrado, protestaban por la visita oficial a la capital surcoreana del por entonces primer ministro de Japón, Junichiro Koizumi. No me sorprendí. Dos meses antes se había iniciado una ola de protestas masivas en contra del país vecino en distintos lugares de China, incluyendo Hong Kong, Shanghai, Nanjing y Beijing. Las marchas callejeras, algunas más violentas que otras, le exigían a Japón una correcta interpretación de su pasado invasivo en Asia. El fenómeno alcanzó su punto más álgido el 9 de abril cuando unos 20.000 manifestantes atacaron con piedras y gritos de indignación la embajada de Japón en Beijing. Los ciudadanos surcoreanos se hicieron eco y en abril se congregaron frente a la embajada de Japón en Seúl. En los meses siguientes, en China, las demostraciones continuaron, ya no en las calles, sino en las redes. Aparecieron varios blogs y sitios de internet “antijaponeses” que no fueron censurados y colaboraron en la campaña iniciada por Global Alliance for Preserving the History of WWII in Asia (Alianza global para la preservación de la historia de la Segunda Guerra Mundial en Asia), una organización de profesores con sede en San Francisco (Estados Unidos), que consiguió 42 millones de firmas para evitar que Japón obtuviera un asiento permanente en el Consejo de Seguridad.

Ese año, no solo los países de la región sino también algunos grupos sociales japoneses se alzaron en contra de la política nacionalista de su gobierno. El 15 de agosto, fecha en la que se conmemora el fin de la guerra en Japón (o la “liberación” para sus vecinos), Junichiro Koizumi visitó nuevamente el controvertido Santuario Yasukuni. Esta vez, activistas en contra del Santuario y a favor de una relectura del pasado agresor de su país demandaron frente a Yasukuni el fin de las visitas oficiales. Este sitio de memoria privado es un santuario de religión sintoísta en el cual se encuentran conmemorados quienes entregaron su vida por la nación, especialmente durante la Guerra del Pacífico. El sintoísmo es la religión más antigua de Japón, que fue tomada como culto de Estado desde la restauración Meiji (1868) hasta el fin del conflicto bélico (1945). Durante la época de movilización para la guerra (1931-1945), Yasukuni se convirtió en el lugar preferido por el emperador Hirohito para realizar sus actos de aliento a las tropas y por los kamikaze (término japonés con el que se popularizó en Occidente a los pilotos de ataques suicidas de la armada imperial) para ser recordados. En la actualidad, se encuentran allí placas con los nombres de unos dos millones y medio de caídos en combate no solo de origen japonés sino también de sus ex colonias (Taiwán y Corea). En el caso de los soldados de origen taiwanés y coreano, no se les informó a sus familiares ni del fallecimiento ni de que están rememorados allí (con sus supuestos nombres en idioma japonés). Junto al Santuario, funciona el Museo Yusyukan impregnado de una narrativa imperialista que niega las atrocidades cometidas. Por las características mencionadas y por haberse incluido posteriormente, en 1978, una placa conmemorando a 14 condenados por el Tribunal Militar para el Lejano Oriente (1946-1948) como criminales de guerra (Clase A), es que muchos japoneses y ciudadanos de los países de la región lo consideran un símbolo del militarismo nipón.

En 2005 hubo otras actitudes del gobierno japonés consideradas por los países vecinos como provocaciones. Al pedido de ingreso como miembro permanente del Consejo de Seguridad y las visitas a Yasukuni, se sumaron los dilemas por los libros de texto y las tensiones en torno a las disputas territoriales. Desde el fin de la ocupación, la manera de propagar su historia reciente genera polémicas tanto al interior de Japón como entre los países de la región. En 1982 se produjo la primera controversia diplomática al respecto cuando autoridades chinas y surcoreanas se enteraron de que el Ministerio de Educación de Japón solicitó la modificación del vocabulario utilizado para relatar las agresiones militares en Asia en algunos libros de texto y así “alivianar” el contenido. En el 2001 fueron aprobados unos libros de la Sociedad Japonesa para la Reforma de los Libros de Texto basados en el supuesto de la superioridad nipona y omisiones a las violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado. A pesar de causar gran cantidad de protestas en las redes, en 2005 el gobierno japonés ratificó dichos libros de texto incrementando el descontento entre los manifestantes chinos y coreanos antes mencionados.

Por otro lado, las disputas territoriales entre Corea del Sur y Japón por las islas Dokdo/Takeshima (bajo dominio surcoreano) y entre Taiwán, China y Japón por las islas Diaoyu/Senkaku (bajo dominio japonés) han generado marchas y movimientos de repudio hacia Japón y, en menor medida, a favor de este. La ola de protestas de 2005 en China, comenzó cuando el gobierno de Koizumi autorizó a empresas de su país a extraer petróleo y gas natural en el área marítima en disputa. A su vez, en marzo, la prefectura de Shimane aprobó un proyecto de ley para celebrar el “Día de Takeshima” los 22 de febrero. Desde entonces, manifestantes surcoreanos al grito de “¡Dokdo es territorio coreano!” protestan frente a la embajada de Japón en Seúl cada 22 de febrero.

Si bien el 2005 fue un año convulsionado, no era la primera vez que ocurrían protestas contra Japón en el este de Asia. Las manifestaciones organizadas por grupos de la sociedad civil en defensa de Diaoyu/Senkaku datan de los años ’70, cuando en Taiwán surge la “Campaña Baodiao” (proteger las islas Diaoyu). Este movimiento llegó al continente a mediados de los ’90. Entre varias iniciativas de ciudadanos chinos para manifestar su descontento, se destacan los intentos de arribar a la isla realizados entre junio de 2003 y agosto de 2004. También hubo marchas repudiando a Japón por la masacre de Nanjing de 1937, la invasión a Manchuria en 1931, visitas a Yasukuni, la opresión en las colonias, entre otros traumas históricos. Uno de los movimientos de protesta más conocidos internacionalmente es el que defiende a las ex esclavas sexuales de la armada imperial de Japón –eufemísticamente denominadas mujeres de confort–.

Recién el 4 de agosto de 1991, más de cuarenta años después de concluida la guerra, Hak Soon Kim, apoyada por asociaciones de víctimas y familiares de la Guerra del Pacífico, se convirtió en la primera superviviente de la esclavitud sexual en dar testimonio público. Desde entonces, el movimiento transnacional en defensa de estas mujeres ha tenido un rol protagónico en las demandas por la rectificación del pasado agresor de Japón. La red de esclavitud sexual que funcionó bajo las órdenes de la armada imperial abarcó todos los territorios dominados por Japón durante la guerra (China, Taiwán, Corea del Sur, Corea del Norte, Filipinas, Malasia, Birmania e Indonesia). Se estima que 200.000 mujeres, de las cuales el 80% eran de origen coreano, fueron reclutadas mediante engañosas promesas de mejoras laborales o simplemente raptadas frente a la impotente mirada de sus familiares y vecinos.

Desde 1992, varias ONG y fundaciones religiosas (cristianas y budistas) junto a unas pocas víctimas realizan todos los miércoles al mediodía una demostración frente a la embajada de Japón en Seúl. Esta manifestación es uno de los principales emblemas de la lucha de estas mujeres en Corea del Sur, el país más activo en el reclamo. En 2011, cuando se cumplió la marcha número mil, una artista surcoreana obsequió una estatua, denominada “Monumento de la Paz”, de una mujer sentada con una silla vacía a su lado representando las décadas que llevan esperando justicia. Esta se encuentra frente a la embajada de Japón y réplicas de la misma se han utilizado en manifestaciones realizadas en distintas partes del mundo. El movimiento cuenta con la participación de más de veinte actores sociales de la región, entre los que se destacan la Asociación de Mujeres Asiáticas, grupos de mujeres de la Iglesia, varias organizaciones feministas y en defensa de los derechos humanos de la mujer en Japón, centros de investigaciones en China, Corea del Sur y Japón, la Fundación de Mujeres de Confort en Filipinas y la Fundación para el Rescate de Mujeres de Taipei. Estos actores están nucleados regionalmente en una asociación llamada Asian Solidarity Conference (Conferencia de solidaridad asiática) que se reúnen cada dos o tres años para definir los planes de acción conjunto. Sus principales reclamos son: que Japón se adjudique su involucramiento en el diseño, establecimiento, manejo y control de las denominadas “estaciones de confort” (lugar donde eran esclavizadas); que asuma su responsabilidad en haber forzado a esas mujeres a la esclavitud sexual; que juzgue a los responsables; que otorgue una disculpa oficial sincera y clara a las víctimas a título individual en la que se asuma la violación a los derechos humanos junto a la pertinente compensación económica y la implementación de políticas de memoria destinadas a la no repetición del horror.

Gracias a la capacidad de acción en red de estos grupos, se han organizado distintas campañas internacionales dándole mayor visibilidad a su lucha. Por ejemplo, entre abril de 1998 y diciembre de 2001 se llevó a cabo en Tokio el Tribunal penal de crímenes de guerra internacional de las mujeres esclavas sexuales de los militares japoneses. Participaron prestigiosos juristas, ONG de países no involucrados en la controversia y más de 1.100 personas. Hubo actividades en paralelo para difundir la problemática. El veredicto simbólico condenó al fallecido emperador Hirohito. Estos grupos también promueven otro tipo de acciones como la presentación de demandas judiciales de víctimas de diferentes países frente a tribunales en Japón, la reunión de firmas para presentar una petición de resolución del conflicto a la Dieta japonesa y el envío de activistas a organismos internacionales como Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo con el objetivo de densificar la red y aumentar las presiones.

Los pedidos de compensación económica por parte de los trabajadores forzados durante la guerra, la búsqueda de verdad y justicia de los movimientos a favor de las ex esclavas sexuales, las quejas por las visitas oficiales a Yasukuni y por los libros de texto que propugnan una “incorrecta” interpretación de la historia, forman parte de un mismo pedido de rectificación a Japón. ¿Por qué a casi 71 años de finalizada la guerra se le exige a Japón rendir cuentas de manera exhaustiva por su pasado agresor? ¿Debilidades de la justicia transicional (Tribunales de Tokio, Tratados de San Francisco, etc.) y de los tratados de restablecimiento de relaciones diplomáticas de Japón con sus vecinos? ¿Por qué los herederos del pasado sienten la necesidad imperiosa de hacer justicia? ¿Qué justicia? A pesar de los diferentes regímenes políticos existentes en el este de Asia y de la consolidación de democracias enmarcadas en leyes de seguridad nacional, ¿cada vez más actores de la sociedad civil encuentran un espacio de lucha común basado en los supuestos morales y políticos de los derechos humanos?

A partir de los años ’80 se suscitaron una serie de cambios en el este de Asia que posibilitaron el protagonismo de actores relegados de la sociedad civil y controversias históricas “olvidadas”. El auge de los movimientos por la democracia y consecuente apertura política en Corea del Sur y Taiwán, el revisionismo histórico impulsado por distintos sectores académicos de la región, la creación en Corea del Sur de centros de investigación y comisiones de verdad para condenar la colaboración durante la ocupación japonesa, la educación patriótica de Deng Xiaoping, le reemergencia de China como actor político y económico central en detrimento de Japón, dieron lugar a un escenario regional caracterizado por el aumento de tensiones políticas históricas que convive con el afianzamiento de los lazos económicos, sociales y culturales. En este, grupos sociales transnacionales han tenido un papel clave en limitar las prácticas de los Estados y establecer nuevos marcos cognitivos desde los cuales pensar el pasado en cuestión.

Los Estados involucrados han sabido hacer un uso utilitario de los reclamos planteados. Tener un enemigo común, Japón, puede favorecer a su posicionamiento geopolítico. Cuando se producen las visitas a Yasukuni, los gobiernos de China, Corea del Sur y, en menor medida Taiwán, manifiestan oficialmente su descontento a las autoridades japonesas. Últimamente, suelen cancelar encuentros o reuniones de Estado programadas. Frente a la aprobación de los libros de texto mencionados, los gobiernos apelan a la misma estrategia: señalar su decepción. A mediados de los ’90 y comienzos del 2000, hubo algunas propuestas para resolver esta problemática. En 2001 los gobiernos de Corea del Sur y Japón acordaron formar un comité conjunto de investigación de la historia, formado por prestigiosos académicos recomendados por las respectivas administraciones. La misma iniciativa se acordó entre China y Japón en 2006. Luego de años de reuniones y discusiones, estos comités no lograron legitimar un relato histórico común.

En el caso de las disputas territoriales, tanto China como Corea del Sur han implementado políticas activas de reclamo, concientización de sus ciudadanos e internacionalización del conflicto. Corea del Sur entrega folletería gratuita explicando que Dokdo es coreana en sus centros culturales en el mundo, reparte merchandising, organiza viajes educativos a la isla, financia documentales y páginas de internet en inglés para difundir su postura. Quienes conocen Seúl habrán observado la vigencia de Japón como antiguo enemigo presente tanto en el Memorial de la Guerra, que cuenta con una réplica del barco tortuga (geobukseon-거복선) utilizado por el almirante Yu Sun Shin para combatir a los japoneses durante las invasiones de Hideyoshi en el siglo XVI y de su espada en exhibición, como en la estatua imponente de Yu Sun Shin en el centro histórico de la capital (Gwanghwamun-광화문).

En diciembre de 2014 el presidente de China, Xi Jinping, celebró el primer Día Nacional por la Masacre de Nanjing. Recordando las brutalidades cometidas por la armada imperial japonesa cuando invadieron la ciudad en 1937, inició su discurso diciendo “Olvidar la historia es traicionar y negar los crímenes es repetirlos”. El museo conmemorativo, inaugurado en agosto de 1985, posee memoriales, inscripciones con el número oficial chino de la masacre (trescientas mil víctimas), documentos, fotos, fragmentos testimoniales, fósiles humanos y leyendas afirmando que no hay que olvidar la humillación nacional (wuwang guochi-勿忘國耻). Las memorias de este horror están tan presentes, que han producido grandes éxitos comerciales, como el famoso libro best seller de Iris Cang, La violación de Nanjing, de 1997, o la reciente ficción de Lu Chuan, Ciudad de vida y muerte, de 2009.

Los Estados víctimas han tenido una política exterior menos definida y coordinada en el caso de las ex esclavas sexuales. Sin embargo, han cedido a los permanentes reclamos de los movimientos sociales otorgando asistencia económica, financiando centros de investigación, creando museos, entre otras políticas internas de memoria. Algunas autoridades de gobierno han incluso apoyado de manera explícita el actuar de las ONG. Kim Young Sam, presidente de Corea del Sur entre 1993 y 1998, colaboró con el bloqueo del Fondo de Mujeres Asiáticas al entregar un resarcimiento económico a las víctimas, dinero que provenía de las campañas realizadas por actores de la sociedad civil.

Por su parte, los gobiernos de Japón han enfrentado las crecientes y diversas demandas de rectificación pidiendo disculpas a sus vecinos por las atrocidades cometidas durante la época de la colonización y avance imperialista en múltiples oportunidades. El acto de pedir perdón no es nuevo. Desde los años ’50, distintas autoridades japonesas efectúan disculpas oficiales dirigidas a distintos países de Asia por las brutalidades del pasado. Podría mencionar una lista importante de primeros ministros y ministros de relaciones exteriores aparentemente arrepentidos. Asimismo, Japón ha pagado reparaciones de guerra, ha otorgado pensiones a ex combatientes y víctimas de las bombas atómicas de origen coreano y taiwanés que residen en su país, ha intentado resolver el conflicto de las esclavas sexuales asumiendo su responsabilidad en discursos públicos, en el Informe Kato (1992 y 1993) y en la creación del Fondo de Mujeres Asiáticas en 1995. Evidentemente, estas medidas no alcanzan para cicatrizar las heridas, porque, como destacan sus vecinos y gran parte de la sociedad japonesa, la incoherencia entre discurso y acción está a la vista.

Claro que no es sencillo para un país poder reconciliarse con su pasado agresor luego de haber sufrido uno de los mayores crímenes de destrucción masiva de la historia reciente, el lanzamiento de las bombas atómicas, y haber estado obligado a aceptar su impunidad. Tampoco facilitó el proceso de rectificación el contexto de la Guerra Fría (especialmente el estallido de la Guerra de Corea 1950-1953) que habilitó la liberación de condenados por los Tribunales de Tokio y su reincorporación en cargos públicos importantes, como ocurrió con Mamoru Shigemitsu. Parece difícil superar la tensión entre victimización y responsabilidad. Sobre todo considerando que los sectores más conservadores del Partido Liberal Democrático (PLD), miembros activos del grupo nacionalista Nippon Kaigi (日本会議), prácticamente dominan la agenda política local desde el fin de la ocupación.

Japón está cada vez más cercado y los movimientos de base menos dispuestos a negociar. Así quedó demostrado cuando el 28 de diciembre de 2015 el gobierno de la presidenta surcoreana, Park Geun Hye, y del primer ministro de Japón, Shinzo Abe, llegaron a un acuerdo que aparentemente resolvía el caso de las esclavas sexuales. Este fue fuertemente rechazado por las víctimas y los movimientos sociales indignados por no haber contemplado sus reclamos, exigir la remoción del Monumento de la Paz y obligarlos a aceptar que el acuerdo representa un punto “final e irreversible”. Las marchas en contra de esta medida no tardaron en comenzar. A día siguiente, se organizaban en las redes sociales diversas actividades en repudio a lo largo de la península. Rápidamente, las marchas se extendieron a varias ciudades del mundo. El 6 de enero, cientos de jóvenes reclamaban frente al consulado de Japón en San Francisco. Se había iniciado un nuevo ciclo de protestas que, por primera vez, trascendía las fronteras regionales.

Los herederos del horror le exigen a Japón una política de rectificación al estilo Konrad Adenauer. Como puede ocurrir en el Go –juego de estrategia militar de origen chino, muy popular en el este de Asia–, hoy la sociedad civil transnacional le vuelve a gritar ¡Atari! (equivalente al jaque en el ajedrez) al gobierno de Japón. ¿Sabrá este colocar su siguiente piedra? Si el rival recuerda que el caso alemán es más una excepción que una norma en las relaciones internacionales, el juego continuará.